ENERGÍA
La revolución renovable que hay en Colombia
El país avanza a pasos agigantados en diversificar su matriz energética y ampliar sus fuentes limpias de generación eléctrica. Los proyectos adjudicados en la reciente subasta confirman la nueva frontera estratégica de Colombia.
En medio de la agitación que vivió esta semana el país por el cierre de las campañas para elegir los nuevos mandatarios regionales, pasó casi desapercibida una noticia de la mayor trascendencia para el futuro energético del país. Se trata de la segunda subasta de energías renovables no convencionales, que superaron todas las expectativas y estarán operando en 2022.
En la subasta el Ministerio de Minas y Energía adjudicó 1.398 megavatios a cuatro compañías y nueve proyectos. De ellos, seis son eólicos, ubicados en La Guajira y los tres restantes, solares, en Córdoba, Tolima y Valle del Cauca. Ese mismo día adjudicaron otros cinco proyectos que sumados a los de la subasta le aportarán al sistema 2.250 megavatios en 2022.
El despegue de las energías renovables es sin duda un gran hito para el país. Colombia tiene una matriz energética muy limpia pues el 70 por ciento de la energía viene de fuentes hídricas.
Se trata de una cifra sin precedentes para ampliar la capacidad energética total del país. También de un hito, porque hoy las energías renovables solo representan el 0,5 por ciento del total de capacidad instalada, y la nueva oferta participará con el 10 por ciento del total. Incluso superó las expectativas del Gobierno, que se había trazado para los cuatro años la meta de poner en servicio unos 1.500 megavatios. Esto significa que con poco más de un año en el poder, el Gobierno de Iván Duque ya logró superar en 50 por ciento la meta del cuatrienio.
La subasta tiene además importancia estratégica en empleo e inversión para el país y para las regiones donde estarán ubicados los proyectos. Ponerlos en marcha requerirá inversiones por 2.200 millones de dólares, es decir casi 7,5 billones de pesos de ahora a 2022. Además, generará alrededor de 5.000 empleos durante el periodo de obra, más cientos indirectos.
Se trata de la segunda subasta de energías renovables no convencionales, que superaron todas las expectativas y estarán operando en 2022.
En febrero pasado la primera versión de esta subasta acaparó los titulares de la prensa nacional. En esa oportunidad, el Gobierno aspiraba a que las compañías de generación de energías limpias a partir del viento (eólicas), biomasa (compuestos orgánicos) o el sol, pudieran vender con éxito la energía a los comercializadores que a su vez la llevan a las industrias y hogares colombianos. Pero fracasó en el intento.
Fue un duro golpe, reconoce la ministra María Fernanda Suárez. Para reponerse, comenzó a trabajar en entender por qué no cumplieron los estándares fijados y estudiar algunos cambios para garantizar el éxito. Diseñaron entonces un nuevo modelo que incluyó un algoritmo desarrollado por un matemático colombiano, Óscar Carreño, que les dio certeza a compradores y generadores y logró muy buenas condiciones de precio en la subasta.
Para sorpresa de la ministra, la energía comprometida en esta subasta quedó adjudicada a un precio promedio de 95,65 pesos por megavatio. Esta cifra es casi 50 pesos menor de lo que habían estimado inicialmente y muy debajo del promedio que han logrado otras subastas del mundo.
Ganaron la adjudicación las empresas generadoras Trina Solar, que manejará los proyectos de Tolima, Valle del Cauca y Córdoba. Las eólicas son Vientos del Norte, Jemeiwaa Ka’I, Eolos y Empresa de Energía del Pacífico. Aparte de estas, muchas otras empresas que planteaban alternativas solares, eólicas y hasta de biomasa no ganaron pero siguen desarrollando sus proyectos. Y muy seguramente seguirán o empezarán a vender la energía mediante contratos con el mercado no regulado, es decir a la industria y comercio.
Ponerlos en marcha requerirá inversiones por 2.200 millones de dólares, es decir casi 7,5 billones de pesos de ahora a 2022. Además, generará alrededor de 5.000 empleos durante el periodo de obra, más cientos indirectos.
Las buenas condiciones que creó el Gobierno para impulsar estos proyectos de energías renovables jugaron un papel clave, afirma la ministra Suárez. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron varios artículos que permiten, por ejemplo, deducir el 150 por ciento del impuesto de renta durante 15 años para este tipo de inversiones; eximir del IVA a los paneles solares y equipos para la generación solar y eólica así como eliminar el arancel para la importación de bienes de capital utilizados en estos proyectos.
Pero también los comercializadores tuvieron un buen ambiente pues decidieron comprar en esta subasta. Se trata de 22 compañías, comenzando por las electrificadoras del Huila, Caquetá, Putumayo, Santander, Quindío, Pereira y Boyacá, hasta Codensa, Electricaribe, Celsia, Vatia y Ecopetrol.
La presencia de la petrolera colombiana lanza una señal muy positiva de su interés por apostarle a ampliar su canasta energética a partir de fuentes renovables. De hecho, la compañía inauguró hace unos días su primera planta de energía solar en Castilla La Nueva, punta de lanza de su incursión en este nuevo sector.
El nuevo polo
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Tres de los proyectos asignados en la segunda subasta son de energía solar y otros seis, todos ubicados en La Guajira, de energía eólica.
La subasta de energías renovables, además de significar un hito histórico para el país, también implica unos desafíos enormes para hacer realidad los proyectos. Y estos van más allá de los dineros invertidos o de la construcción.
Dos temas gruesos tendrá que resolver el Gobierno para garantizar que en 2022 los colombianos se beneficien de esta energía. Por un lado está el tema logístico para garantizar la importación, traslado y montaje de las torres aerogeneradoras a los sitios donde operarán, en el caso de los proyectos eólicos.
Los puertos sobre el Caribe están relativamente cerca de la zona donde se ubicarán, en la Alta Guajira. Pero esas vías no están diseñadas para transportar este tipo de torres, que llegan a medir hasta 120 metros. La ministra de Minas aseguró al respecto que el Gobierno está comprometido con facilitar los procesos que garanticen a los empresarios trámites y traslados más sencillos y ágiles.
Las empresas y el Gobierno también tendrán que lidiar con otro desafío no menos importante: el manejo cuidadoso de los temas sociales en las zonas donde estarán ubicados estos proyectos.
Incluso superó las expectativas del Gobierno, que se había trazado para los cuatro años la meta de poner en servicio unos 1.500 megavatios. Esto significa que en poco más de un año, el Gobierno ya logró superar en 50 por ciento la meta del cuatrienio.
Las seis iniciativas en energías eólicas estarán ubicadas en el departamento de La Guajira, una zona con un enorme potencial energético pero también caracterizado por mantener enormes brechas de desarrollo y de servicios básicos para sus habitantes. Esto ha desencadenado manifestaciones de gran inconformidad. Incluso hace un par de años paralizó la operación de la planta eólica de EPM, Jepirachi.
Por su posición estratégica, el departamento cuenta con un potencial en la velocidad de los vientos y radiación solar, que superan por mucho las mejores condiciones en otros países.
La Guajira es uno de los departamentos que más recursos ha recibido en las últimas décadas por la explotación de energéticos como el gas y el carbón. Pero también es uno de los departamentos con menor cobertura eléctrica en la zona rural: 60 por ciento de la población ubicada fuera de los centros urbanos carece de este servicio. Toda una paradoja.
Esto preocupa y enciende las alarmas: las empresas deben tener mucho cuidado al momento de desarrollar estos proyectos, pues deberán lograr que temas como las consultas previas no retrasen las iniciativas.
La ministra de Minas asegura que el Gobierno diseña una estrategia para abordar este tema en la que participan el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República. El Gobierno tiene conciencia de la importancia de proteger la inversión, generar las mejores condiciones para estas empresas y al mismo tiempo, atender las crecientes demandas sociales de los habitantes.
El Ejecutivo enfrenta un reto alto, pues tendrá que manejar este proyecto con mucho tacto y con un sentido estratégico, porque su impacto social y económico le cambiará la cara al país. También tendrá que manejar con cuidado los reclamos sociales para que no afecten la ejecución.
El despegue de las energías renovables es sin duda un gran hito para el país. Colombia tiene una matriz energética muy limpia pues el 70 por ciento de la energía viene de fuentes hídricas. Pero apostarle a las fuentes renovables ofrece una oportunidad de oro. No solo permitirá diversificarlas, reducir la dependencia del sistema hídrico y disminuir las emisiones de CO2. También abrir la nueva frontera para impulsar el desarrollo nacional.