¿Fuera del lugar? El árbitro con intereses encontrados en millonario pleito que involucra a la Nación

Cada cuatro años, en época de elecciones, políticos de todos los partidos visitan los pueblos de la provincia de García Rovira, en el departamento de Santander, y prometen una sola cosa: mejorar la carretera que los conecta con las principales vías del país. Sobra decirlo, jamás concretan dichos ofrecimientos. A pesar de que Bucaramanga está a solo 154 kilómetros de Málaga, el municipio más importante de la zona, el trayecto puede tardar hasta siete horas debido a los largos tramos sin pavimentar y a los precipicios que obligan a manejar con extrema precaución. Por eso, cuando el Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda anunció tres viaductos para agilizar esa ruta, los lugareños recibieron la noticia con la cautela acostumbrada. Pero una vez hecha la licitación y desembolsado el dinero, parecía que finalmente el momento había llegado.

No obstante, todo resultó una frustración más. El contrato fue adjudicado a la compañía española Sacyr por 80.000 millones de pesos, luego adicionados con otros 23.000 millones. Seis años después, nunca comenzaron dos de los puentes y el tercero es el famoso Hisgaura, conocido porque en noviembre de 2018 salieron a la luz imágenes de las extrañas ondulaciones en sus costados que lo hacían ver arrugado como un acordeón. Después de una larga polémica en la que alcanzaron incluso a proponer su demolición, los estudios determinaron que su extraña apariencia no comprometía la estabilidad de la estructura. Con más de 20 meses de retraso, lo entregaron en enero de este año.

No tardaron en aparecer nuevos problemas. Primero, a pocos días de la entrega, se restringió el paso por unos “arreglos pendientes”. Y, posteriormente, en junio, los usuarios denunciaron daños en la capa asfáltica y las barandas. El jalón de orejas a los responsables no se hizo esperar. El director del Instituto Nacional de Vías (Invías) le reclamó al Fondo Adaptación para que requiriera al contratista y ejecutara las intervenciones correspondientes.

En días recientes, Germán Vargas Lleras destapó en su columna dominical el asunto más engorroso relacionado con esta megaobra. Según indicó el exvicepresidente, en uno de los seis otrosíes que firmaron, el Fondo Adaptación y Sacyr pactaron importantes variaciones al contrato original, entre ellas, una cláusula compromisoria. Es decir, acordaron que un tribunal de arbitramento y no un juez de la república dirimiría cualquier conflicto que pudieran tener. Esta disposición nueva toma especial relevancia ahora que la constructora española le reclama al Estado el pago de gastos administrativos por mayor permanencia en la obra y un nuevo reajuste de costos por un total de 42.000 millones de pesos.

Por este motivo, convocaron el tribunal y, tal como convinieron en el otrosí, de mutuo acuerdo eligieron como árbitros a Fernando Silva, Fernando Sarmiento y Eduardo Fonseca. Sobre la imparcialidad de este último acaban de surgir serios cuestionamientos por su cercanía con Francisco Martínez, director del departamento jurídico de Sacyr. En su columna, Vargas Lleras señaló que Fonseca es “amigo íntimo” de Martínez. Esto no se ha verificado aún, pero sí hay constancia de que ambos son socios fundadores de Consultoría Contractual, una firma de abogados especializada en infraestructura y servicios públicos. Además, se encontró también que el hoy árbitro Fonseca actuó como apoderado del Consorcio del Magdalena Medio (Commsa), del que formó parte Sacyr, en un pleito en 1997.

El artículo 15 del Estatuto de Arbitraje Nacional consagra para todo árbitro el deber de informar si “ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos”. Por la reacción de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dirigida por Camilo Gómez, parece ser que Fonseca omitió mencionar sus lazos con Sacyr. En un memorial enviado al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, la Agencia le solicita al árbitro aclarar sus vínculos con dicha compañía y si efectivamente sostiene una amistad con su director jurídico. Al cierre de esta edición, no había respondido estos interrogantes.

El tribunal de arbitramento pretende proferir su veredicto en enero. Si se prueba que Fonseca está inhabilitado, esa fecha nuevamente se postergará, pues se debe buscar un reemplazo y esperar que se empape del tema y delibere con los otros árbitros. Están en juego miles de millones de pesos y la definición de una obra de infraestructura clave pero esquiva. El tribunal debe entregar las explicaciones que el país reclama.