Nación
Fuero especial y debido proceso, los argumentos de Petro en la tutela que busca afectar el proceso que le adelanta el CNE
El abogado Héctor Carvajal, apoderado del mandatario, presentó el recurso contra el Consejo Nacional Electoral.
Hace pocos días, el Consejo de Estado admitió la tutela que interpuso el presidente Gustavo Petro contra la Sala de Consultas del mismo tribunal, después de que le dio competencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la presunta violación de los topes de financiación de la campaña a la Presidencia de la República.
Esta tutela que llegó por medio del abogado Héctor Carvajal, apoderado del presidente en este proceso, argumenta que en el proceso que le adelanta el CNE, se le estarían vulnerando varios derechos al mandatario relacionados con su fuero especial constitucional como Presidente de la República, el debido proceso, el juez natural y hasta una serie de sentencias emitidas por la Corte Constitucional en ese sentido.
Uno de los principales argumentos de la tutela dan cuenta de que con la decisión que tomó el pasado 6 de agosto el Consejo de Estado, se le habría vulnerado su fuero especial integral constitucional como Presidente y eso pondría en riesgo la estabilidad institucional de la Nación y hasta la figura máxima de autoridad administrativa. El jefe de Estado ha manifestado en diferentes escenarios que su juez natural para investigarlo y sancionarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
En la tutela el presidente le manifestó al Consejo de Estado que en su decisión de darle competencia al CNE para investigarlo, habría existido un “abuso y/o extralimitación de funciones y de forma arbitraria, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) seguir adelante investigando al Presidente de la República, en sede administrativa, aduciendo falta de fuero frente a la actuación que allí se sigue”.
Tendencias
Con la admisión de la tutela, el alto tribunal ordenó vincular al Consejo Electoral y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso, teniendo en cuenta que fueron las dos autoridades sobre la que se resolvió el conflicto de competencias sobre quién debe investigar las posibles violaciones que se presentaron en la financiación de la campaña. Así mismo, terminaron relacionados con la tutela el abogado José Manuel Abuchauibe, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los congresistas Miguel Polo Polo y Miguel Uribe, entre otros.
Aunque el presidente se ha ido en contra de la decisión de la Sala de Consulta, el propio Consejo de Estado aclaró en la decisión que, además de que el CNE tiene competencia para investigar la financiación de campañas a la Presidencia, la Comisión de Acusación del Congreso de la República es la única que puede adelantar algún proceso para sancionar con la pérdida del cargo al presidente.
La tutela que interpuso Carvajal argumenta que “la Sala de Consulta lo que hizo fue atribuirse una competencia para arrogarse en su decisión una facultad que no tiene, con la finalidad de configurar la tesis de que el Presidente de la República no cuenta con fuero constitucional ante las autoridades administrativas, trayendo a colación unas citas jurisprudenciales que desconocen el precedente trazado por la Corte Constitucional, el cual determina el concepto de fuero especial constitucional del Presidente de la República”.
Para el abogado del presidente, dicha Sala actuó de manera “arbitraria”, teniendo en cuenta que “al violar la regla obligatoria del referido pronunciamiento del máximo tribunal de lo constitucional, puesto que estableció que el Presidente de la República no cuenta con fuero frente a las autoridades administrativas, y, al mismo tiempo, ordenar, con base en este fundamento jurídico arbitrario, no convencional, inconstitucional e ilegal, que el CNE puede seguir adelante con el proceso que adelanta contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ante esa Corporación Electoral”.
El Consejo de Estado ahora será el encargado de resolver esa tutela que interpuso el presidente Petro y la cual podría terminar afectando el proceso que le adelanta el Consejo Nacional Electoral en su contra por la posible violación de topes de su campaña a la Presidencia.