¿Fueron 6 mil las víctimas de la Unión Patriótica? Piden investigar presunta falsedad en informes que llevaron a la condena de la Corte IDH

Una semana después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, fue radicada una denuncia ante la Fiscalía General que sostiene que se presentaron falencias e incongruencias en los informes que llevaron a que se emitirá el histórico fallo el pasado 30 de enero.

En la decisión, la Corte IDH declaró que el Estado colombiano era “responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años”, advirtiendo que se habían incurrido en innumerables omisiones para investigar estos hechos que llevaron a que los sobrevivientes de este movimiento buscaran el exilio para proteger su vida y la de sus familiares.

El abogado Sergio Álzate González, quien se presenta como representante de las víctimas de las Farc, sostiene –en la denuncia radicada ante el despacho del fiscal, Francisco Barbosa Delgado- que los documentos allegados por cuatro ONG contendrían datos falsos, que generaron un error a la hora de contabilizar el número de víctimas y, por lo tanto, el monto de la condena al Estado.

“Solicitamos a su despacho investigar si la estructuración de informes con supuestas falsas víctimas de la Unión Patriótica, constituye un fraude procesal para obtener un fallo condenatorio contra el Estado Colombiano, que revictimizar a las víctimas de las Farc”, precisa la denuncia de cinco páginas conocida en su totalidad por SEMANA.

En este sentido se manifiesta que es necesario investigar si estos reportes obstruyeron el esclarecimiento de la verdad, la aplicación efectiva de la justicia, la reparación integral y la imposición de garantías de no repetición. “Contiene una narrativa engañosa, basada en mentiras, orientada a incitar el odio, la estigmatización y la justificación de la continuidad del combate armado”.

En la acción judicial se pide determinar si los autores de la investigación que finalizó con el informe de la Corporación Reiniciar ¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, fueron integrantes de las Farc o recibieron algún tipo de financiación por parte de este grupo subversivo para “coadyuvar la confrontación armada”.

Por esto, pidió que se investigue por fraude procesal a las organizaciones ‘Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CIDH)’, la Comisión Colombiana de Juristas, Reiniciar y Organización Derechos con Dignidad. Sin embargo, la acción judicial más allá y menciona la existencia de otros delitos como lo son: concierto para delinquir, desaparición forzada y terrorismo.

Para el abogado Álzate González, la cifra de las seis mil víctimas no corresponde a la verdad, puesto que si se cotejan los listados “con testigos excombatientes” se “encuentran patrones criminales” que impide saber con claridad quienes hacían parte de la guerrilla y fueron abatidos y quienes hacían parte integral de este partido político que nació tras la firma de un proceso de paz.

“La doble condición de revolucionarios en armas y de militantes simultáneos, concominantes y continuados, de los miembros de las Farc, impide saber cuándo actuaban como Farc y cuando lo hacían como miembros del Partido Comunista, por lo cual estiman que el Partido Comunista y la UP no son víctimas sino victimarios, responsables civiles de crímenes de lesa humanidad en condiciones de máximos responsables mediatos”.

Por esto se señala que muchos de ellos hacían parte de las filas de las Farc, o eran auxiliadores o determinadores de crímenes de lesa humanidad. “Se ha evidenciado que muchos dirigentes y militantes de esperanza de paz y libertad fueron asesinados por las Farc por orden del Partido Comunista y los hacen pasar como miembros de la UP”.