Fueron puestos en prisión seis funcionarios del Inpec por una red delictiva

El 13 de diciembre fueron enviados a la cárcel funcionarios del servicio de custodia y vigilancia del Inpec y particulares por formar parte de una presunta red que obligaba a los internos y a sus familias a pagar por el ingreso de elementos prohibidos e ilegales a la cárcel en Bogotá.

Olga Elena Builes, asesora de Fiscalías Seccional Bogotá, señaló en una rueda de prensa que “un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativo de la libertad en centro carcelario a seis integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a tres particulares, quienes harían parte de una red delictiva señalada de exigir dinero a los internos y a sus familias para permitirles entrar a la cárcel La Modelo en Bogotá diversos elementos”.

Los cargos imputados, según su grado de participación, fueron: concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación y porte de estupefacientes.

El juez 30 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá se encargó de enviar a la prisión a los mencionados. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron: los dragoneantes César Augusto Moreno Hidalgo, Christopher Mauricio Salcedo Cuadros, Luis Fernando Bustos Galindo, Jonathan Javier Sánchez Quiroga, Julio Humberto Oviedo España y Álvaro Castro Quinayas. Por el lado de los particulares, se trató de Leidy Stefanía López Sánchez, Rosimary Giraldo Montoya y Daniel Mauricio Barrios.

El comunicado proporcionado por la Fiscalía expone que los elementos confiscados por el grupo Gaula de la Policía Nacional, los cuales eran parte de la red, fueron alucinógenos, licores, cigarrillos y celulares. Todos estos eran vendidos por los funcionarios. En el caso particular de los dispositivos de celular, también se supo que permitieron realizar extorsiones telefónicas.

Builes también informó que las dos mujeres particulares eran las encargadas de ocultar los elementos no permitidos en casetas ubicadas alrededor del centro penitenciario. Asimismo, la Fiscalía explicó la manera con la cual ingresaban los elementos: “La droga que es ingresada al patio es dejada por parte del proveedor en locales o casas que funcionan al frente de la cárcel. Ahí trabajan dos señoras de nombre Rosimary y Leidy; en otra casa donde trabaja alias Piolín son los encargados de recibir y almacenar. Una vez la persona que trae la droga, envían un mensaje que los Plumas coordinen el ingreso. Se coordina por parte de Ros, Piolín y Leidy, en su mayoría de veces con los guardianes”.

Además, señalaron que el mensaje enviado informa a los implicados qué dragoneante se encuentra de turno y cuánto cobra por el ingreso. Se describe que, una vez recibida la comunicación por mensaje, el guardia se dispone a ir al patio, recibir el producto y el dinero correspondiente al producto ingresado.

Por ejemplo, una libra de marihuana cuesta un millón de pesos; entre 300.000 a 500.000 pesos cuestan los celulares; una sim card cuesta 200.000 pesos; 150.000 por botellas de whiskey, y 1.500.000 por la droga ‘tussi’.

“Facilmente, en un solo turno se sacan tres millones de pesos y aparte de eso les paga Ros, Piolín y Leidy por Nequi por recibir y guardar la droga”, manifestó la entidad judicial.

En el operativo, se incautaron 23 sim card, 12 botellas de whisky, 35 celulares, dos cajas de cerveza, 180 gramos de marihuana y 16 litros de aguardiente. Aparte, se confiscó dinero en efectivo y objetos de regalo.

Los sentenciados fueron capturados el 23 de noviembre, luego que se supiera de una posible fiesta realizada en otro centro carcelario, La Picota. Esta situación generó a salida del director del penal, una investigación disciplinaria y ajustes en el centro de detención por algunos presos.