NACIÓN
Fuerte pulla del Gobierno a exFarc: “A nadie engañan, la neutralización de Cano y Jojoy fue una derrota contra el terrorismo”
La fuerte reacción del Gobierno nacional se dio luego de conocer que ahora exmiembros de la desmovilizada guerrilla dicen que el temible Alfonso Cano fue una víctima del conflicto y que fue ejecutado.
El Gobierno nacional realizó una fuerte reacción a la postura de varios excombatientes de las desaparecidas Farc que han venido señalando que el temido extinto jefe de ese antiguo grupo subversivo, alias Alfonso Cano, fue víctima de una ejecución, tesis que han trasladado a la Comisión de la Verdad.
En ese sentido, el ministro del Interior, Daniel Palacios, por medio de su cuenta de Twitter publicó un mensaje en el que señaló que las acciones contra Cano y también alias Mono Jojoy fueron una derrota del terrorismo por parte del Estado y de las Fuerzas Militares.
“Quienes pretenden posar de víctimas cuando fueron victimarios, insultan la memoria y el sufrimiento de los colombianos que durante décadas vivieron su crueldad. ¡A nadie engañan! La neutralización de Jojoy y Cano, gran derrota del terrorismo por parte del Estado”, publicó Palacios.
Quienes pretenden posar de víctimas cuando fueron victimarios, insultan la memoria y el sufrimiento de los colombianos que durante décadas vivieron su crueldad. A nadie engañan ! La neutralización de Jojoy y Cano, gran derrota del terrorismo por parte del Estado.
— Daniel Palacios (@DanielPalam) November 5, 2021
La tormenta se desató por una carta dirigida al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Vedad, los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó -del partido de Comunes- en la que pidieron a esta organización revisar el operativo en el murió Guillermo León Sáenz, el cabecilla guerrillero conocido con el alias de Alfonso Cano. Según los congresistas, se cometieron violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) durante el operativo que resultó con su muerte.
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A renglón seguido y luego de la presentación de esta carta los congresistas dieron algunas declaraciones a medios nacionales en las que aseguran que buscarán que se investigue también el caso de alias Mono Jojoy y Martín Caballero, quienes también habrían tenido una suerte parecida que Cano.
El documento inicia reafirmando el papel de los congresistas como parte del acuerdo de paz firmado en La Habana en 2017. Así las cosas, explican que acuden a la Comisión como partes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVRJRNR) de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objetivo de “establecer una ruta para el esclarecimiento de la verdad” frente a lo sucedido con Cano.
Así mismo, continúan relatando la operación que ocurrió hace 10 años, momento en que, según dicen, el proceso de paz ya se encontraba en una fase exploratoria; al parecer, estos senadores habrían logrado recoger los testimonios de personas que sobrevivieron a la llamada operación Odiseo, y con ellos aseguran que “Alfonso Cano fue ejecutado fuera de combate, desarmado y en situación de indefensión, en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.
No obstante, Sandino y Biohó expresaron su deseo de presentar el caso a la Comisión, con la esperanza de que el Estado colombiano se responsabilice de los hechos en medio de la operación, que aseguran fue orientada desde el Batallón Codazzi, por la III División del Ejército Nacional y “dirigida por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, de la mano de la Fuerza de Tarea de Asalto Aéreo (FTASA), contando con el seguimiento del entonces Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón”, acota específicamente.
Los congresistas indicaron que el Estado habría repetido en otras ocasiones este mismo tipo de modus operandi, por lo que lo califican como “comportamientos sistemáticos” que claramente irían en contra de los DIH, y aclaran que los “homicidios fuera de combate, medios y métodos ilícitos de guerra, privaciones arbitrarias de la libertad, violación del principio de distinción hacia familiares y civiles, tortura y violencia sexual contra mujeres combatientes” son algunos de los ejemplos que se consideran crímenes de guerra y serían penalizados internacionalmente.
Por último, la misiva exige un cronograma para presentar de forma pública la evidencia que tiene con el objetivo llegar a revelar la verdad para el país y para un consiente acto de contrición por parte del Estado, “cuyo reconocimiento por los responsables es vital para la convivencia y la no repetición pactadas en el Acuerdo de Paz”, escriben refiriéndose a las acciones difusas de este actor en medio del conflicto armado colombiano.
