NACIÓN
Fuerza Aérea ha interceptado más de 200 aviones con droga este año
Las aeronaves han despegado en su mayoría de veces desde territorio venezolano, según confirmó SEMANA.
SEMANA Noticias conoció que este año la Fuerza Aérea ha interceptado 205 aeronaves cargadas posiblemente con cocaína y que pretendían ingresar a territorio colombiano para salir hacia Centro América.
De acuerdo con la información de inteligencia, en la mayoría de casos usan la ruta del Golfo de Maracaibo en Venezuela para tratar de cruzar por La Guajira, pero es allí donde los radares colombianos detectan la aeronave ilegal y es interceptada por los aviones de combate colombianos.
De acuerdo a la información de inteligencia, el caso mas reciente ocurrió en las últimas horas, en donde una avioneta intentó cruzar espacio aéreo colombiano sin autorización y fue interceptada por la Fuerza Aérea que le hizo seguimiento hasta Centro América.
De acuerdo con la información de inteligencia, casi diariamente la Fuerza Aérea Colombiana intercepta una aeronave cargada con droga con intención de invadir el cielo nacional.
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De acuerdo a la información de inteligencia de la Fuerza Aérea, por lo general los narcotraficantes contratan a pilotos sin experiencia y compran las aeronaves para llevar los alijos de droga en Estados Unidos donde son “relativamente fáciles y sin muchos requisitos las compras y ventas de aviones pequeños”.
De acuerdo a la información de inteligencia, el sistema que se utiliza para cargar las avionetas con cocaína es el de trasladarla por tierra desde Colombia hacia Venezuela para que de allí pueda ser enviada hacia centro américa y poderla pasar a Estados Unidos y Europa.
¿Fracasó política antidroga?
Aunque el Plan Colombia fue un éxito como estrategia de contrainsurgencia, fracasó en su lucha contra el tráfico de drogas. Eso concluye la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, grupo designado por el Congreso de Estados Unidos para evaluar la política antinarcóticos del país en las Américas.
En su informe publicado el 1.° de diciembre, la Comisión estudia el panorama de diferentes países de la región, entre ellos Colombia, y realiza una serie de recomendaciones al Gobierno de Estados Unidos. Con respecto al país, señala que desde el año 2000 Washington ha aprobado 11,6 mil millones de dólares en asistencia, de los cuales 10 mil millones fueron destinados al Plan Colombia.
A pesar de las inversiones multimillonarias y las acciones de ambos gobiernos, Colombia se mantiene como el mayor productor de cocaína del mundo. Según el informe, en 2019 el país alcanzó el récord de 212.000 hectáreas cultivadas, por encima de las 160.000 que registró en 1999 cuando entró en vigencia el programa.
Al respecto, advierte que la erradicación masiva por medio de fumigaciones aéreas fracasó, pues “a menos que el Estado proporcione seguridad física y económica (…) los cultivadores volverán a la coca, a menudo con la protección de guerrillas y otros grupos traficantes”. También señala que a este fracaso se suman los recientes retrocesos en seguridad reflejados en las múltiples masacres perpetradas durante el año.
Frente a este panorama, el grupo de expertos afirma que los programas de erradicación deben ir acompañados de iniciativas para el desarrollo de las zonas más afectadas por la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Por ello, hace una lista de prioridades para la política antidroga del gobierno de Estados Unidos.
Inicialmente, sugiere que los programas de cooperación entre Washington y Bogotá incluyan en los diálogos a otras naciones contribuyentes, organizaciones multilaterales y al sector privado, con el objetivo de lograr una mejor coordinación y “el uso eficiente de recursos limitados”.
También recomienda que el gobierno de Estados Unidos apoye la asistencia a guerrilleros desmovilizados en zonas de posconflicto. Para ello, la comisión invita a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de sancionar financieramente a individuos u organizaciones no estadounidenses, a autorizar los programas de desmovilización y reintegración en Colombia, pues las restricciones vigentes no le han permitido al Gobierno apoyar los programas PDET.
Asimismo, destacan que los programas para la construcción de vías terciarias deberían ser prioritarios en la política antidrogas por su capacidad de generar empleo y facilitar a los campesinos la comercialización de sus productos. “Las carreteras afectan negativamente la producción de coca porque hacen más fácil el acceso a las fuerzas de seguridad y los servicios públicos. Además, ayudan a los campesinos a sacar sus bienes al mercado”, señalan.
