¿Manzanas podridas o problema estructural? Fuerzas armadas, en la mira

El debate ahora se centra —con razón— en si lo ocurrido en Bogotá con el abogado Javier Ordónez es un hecho aislado de brutalidad policial o es la manifestación de la falta de capacitación, conciencia y estudio de los derechos humanos al interior de las fuerzas armadas.

Para muchos analistas, estos hechos no son el resultado de meras “manzanas podridas”. Basta echarle un vistazo a lo ocurrido con el bombardeo a los ocho menores en Caquetá; la muerte de Dilan Cruz, en Bogotá, y Anderson Arboleda, en Puerto Tejada, a manos de uniformados; el perfilamiento, seguimiento y espionaje a personalidades políticas, periodistas y activistas —revelados por SEMANA—, desde el Ejército; y demás denuncias que reposan en la Justicia Penal Militar. Todo esto indica que algo anda mal y debe ser revisado a profundidad. 

Para Ricardo Montealegre, experto en seguridad, lo que está ocurriendo es el resultado de unas malas decisiones del Gobierno. “Cuando la cabeza no tiene autoridad, de ahí para abajo todo es un caos”, dice. Asegura que el ciudadano de a pie analiza este tipo de hechos y la reacción es perder el respeto a las fuerzas militares. 

“A la gente le queda la sensación de que en todas las desgracias de este país sale perdiendo el pueblo y ganando el que tiene”, recalca Montealegre. Cree que el problema radica en que las instituciones siguen adoctrinando a los uniformados para hacer cumplir las normas de una sociedad que ya no existe. “El mundo cambió, pero las políticas siguen siendo las mismas, orientadas principalmente a la represión, antes que la pedagogía. Por ejemplo, a los policías no les enseñan que lo más valioso son los procesos, sino los resultados”, agrega. 

El exvicepresidente y excandidato presidencial Humberto de la Calle plantea el diseño de una nueva doctrina policial. “El presidente debe liderar un cambio de fondo”, dice y agrega que esta situación debe ser un florero de llorente para ir más allá, porque Colombia se está enfrentando a un problema estructural y no simplemente de manzanas podridas. “Señor presidente: se agotó el cuento de casos aislados. Use su liderazgo para crear una cultura de derechos en la Policía”, concluyó. 

Su reclamo también señala lo sucedido en la noche de este miércoles en Bogotá, donde -tras hechos de vandalismo en varios CAI- policías dispararon contra civiles desarmados, lo que habría ocasionado la muerte de siete jóvenes en diferentes puntos de la ciudad. “Un policía puede defenderse, un policía puede sentir miedo, pero lo que vemos en las redes es odio, agresión, exceso y vejámenes. ¿Quién les enseñó eso?”, puntualiza De la Calle. 

A las preguntas del exvicepresidente también se suman: ¿seguían órdenes de alguien los uniformados? Si nadie ordenó disparar, ¿entonces hay anarquía en la Policía? La alcaldesa Claudia López mostró con cifras que lo ocurrido no son hechos aislados. “Este año Bogotá ha recibido y trasladado a la Policía 137 denuncias de abuso policial. Sin embargo, a julio la Policía reportó solo haber avocado conocimiento de 38. ¿Si ni siquiera inician investigación cómo se va a prevenir y sancionar?”, escribió la mandataria en redes sociales. 

Un mensaje errado y condescendiente

Ante cada hecho que deshonra a las fuerzas armadas, el gobierno de Iván Duque ha manejado un discurso casi uniforme: manzanas podridas, investigaciones exhaustivas y respaldo al general de turno por “reconocer lo ocurrido”. Ni una palabra para los familiares de las víctimas. 

Con el caso del abogado Javier Ordóñez no ocurrió nada diferente, Duque dijo después de conocer el video del procedimiento policial: “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy, pero hemos visto también la actitud gallarda y férrea, no solamente de los comandantes de la Policía, sino también del señor ministro de Defensa y de todas la institucionalidad para que se hagan las investigaciones”. 

Lo mismo ocurrió con el bombardeo a los menores en Caquetá, la muerte de Dilan Cruz, la investigación de las Carpetas Secretas del Ejército. Duque siempre respaldó al ministro de defensa y comandante de turno. El senador Roy Barreras considera que en el lenguaje está parte del problema de lo que sigue ocurriendo. “Cuando el lenguaje de un gobierno es justificatorio de la violencia, el gobierno es cómplice de esa violencia”, aseveró el parlamentario.   

Desde el Centro Democrático, partido de gobierno, esos hechos tienen manos invisibles que han ideado un plan para desestabilizar a las instituciones. “Está planificado. Y tienen plata del narcotráfico”, dijo la senadora María Fernanda Cabal. Sobre lo ocurrido la noche del miércoles en Bogotá señaló: “Entre los vándalos hay milicias urbanas de ACAB, Juventudes M19 y los Antifas criollos. Solo necesitan la excusa, están organizados y financiados. Para eso recluta la izquierda, para odiar y destruir ante su incapacidad de construir nada”. 

¿Medidas restrictivas empoderan el abuso policial? 

A Anderson Arboleda lo asesinaron en Puerto Tejada por violar la cuarentena. Dos patrulleros de la Policía descargaron sobre su cabeza varios bolillazos con fuerza, lo que le ocasionó -horas después- un derrame cerebral. Estaba en la puerta de su casa, a espera de que abrieran la puerta, cuando ocurrieron los hechos. No hubo video, pero sí los testimonios de familiares, novia y vecinos que vieron a los uniformados actuar con sevicia contra el joven de 21 años. De esa investigación aún no se sabe ni el nombre de los responsables. 

Al abogado Javier Ordónez la Policía lo requirió por presuntamente ingerir alcohol en vía pública, lo redujeron con descargas eléctricas -mientras él pedía que por favor se detuvieran- hasta dejarlo inconsciente. Horas después murió en un centro asistencial. Los dos casos ocurrieron en el marco de medidas restrictivas extraordinarias en el marco de la pandemia de covid-19. 

Para el exministro y hoy rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, las medidas restrictivas -como ley seca, toque de queda y cuarentenas- abrió aún más la brecha entre la Policía y la ciudadanía. “Poco a poco, de manera casi insidiosa, con un nuevo Código de Policía intrusivo, con un nuevo discurso prohibicionista y con unas normas autoritarias (sin evidencia) para combatir la pandemia, se fue poniendo a la Policía en contra de la gente”, asegura. 

Así las cosas, hay una fuerte percepción en el grueso de la ciudadanía de que las fuerzas armadas son sus enemigas. El Gobierno tiene dos opciones: aprovechar la coyuntura para promover una restructuración orientada al reforzamiento en la capacitación sobre derechos humanos, o continuar con el discurso unidireccional que deja contentos a unos pocos, pero atiza el fuego del descontento social.