¿Les metieron un mico a los militares en el nuevo acuerdo?

Escasas tres líneas les están robando el sueño a los militares. Un párrafo que se incluyó en el punto de Justicia Especial para la Paz (JEP), tiene a más de un miembro de las fuerzas armadas con los pelos de punta.

Con día, hora y lugar para la nueva firma del acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las FARC, ‘Timochenko‘, no solo preocupan las criticas que no tuvieron eco en los ajustes del nuevo documento, sino también los ajustes que sí se hicieron y que como quedaron levantan más ampollas que antes.

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Intranquilos y preocupados se mostraron este martes los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore). Un concepto "inesperado" que se agregó al parágrafo 44 de los principios básicos del componente de justicia (Página 152) ha tenido a los voceros de la corporación tocando puertas aquí y allá para encontrar una salida.

La aclaración que se hizo sobre la forma como se fundará la responsabilidad de los miembros de las fuerzas armadas por los actos de sus subordinados, se convirtió en la manzana de la discordia.

Cuando se negoció el punto de justicia, uno de los principales argumentos que se le dieron a los militares era que en el nuevo acuerdo no existiría la responsabilidad de mando. Para las Fuerzas Armadas esto es importante porque en la mayoría de procesos penales contra sus altos mandos no se logra probar la comisión de un delito. Los generales suelen ir a la cárcel más por omisión que por acción pues ellos no están en el campo de batalla.

Sin embargo, durante años el derecho penal ha buscado que quienes respondan por los crimenes son aquellos que tienen poder de mando pues no tendría sentido castigar al soldado que cumple ordenes y no al coronel que las impartió. La teoría fue desarrollada después de la segunda guerra mundial por el tratadista alemán Claus Roxin. El penalista considera que existen unos aparatos organizados de poder en ocasiones diseñados para cometer ilícitos, y que en estos no importa tanto la conducta individual de los subalternos (pues una orden de un jefe puede cumplirla cualquier soldado) sino las directrices que imparten las cabezas.    

Con esa teoría altos mandos militares como el general Jesús Armando Arias Cabrales o el coronel Alfonso Plazas Vega fueron condenados, a pesar de que no existen pruebas directas de que cometieran las desapariciones del Palacio de Justicia. En ese contexto, eliminar esa argumentación del proceso de paz, les había dado a todos un cierto alivio. 

Sin embargo, existía un problema adicional. En el Acuerdo de Paz se había dicho que la responsabilidad del mando exige “el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta”, los negociadores de La Habana amarraron la definición al Derecho Internacional Humanitario. Por tanto, el conocimiento de un superior jerárquico incluye tanto el conocimiento real como el presunto.

En ese sentido, Colombia respeta el artículo 28 del Estatuto de Roma, y en consecuencia implícitamente queda incluida una variante por la que podrían ser juzgados: lo que los mandos deberían haber sabido o tenían razones para saber.

"El superior será responsable en los casos en que habiendo tenido conocimiento de los actos vulneratorios de derechos de sus subordinados o habiendo tenido el deber de hacerlo, no actuó diligentemente adoptando todas las medidas necesarias para prevenir o reprimir la conducta criminal", explican en un artículo en conjunto Augusto Ibáñez, Pedro Medellín y Carlos Arévalo sobre uno de los temas más polémicos de la justicia especial para la paz.

A su juicio, lo suscrito en el anterior acuerdo había dejado una puerta abierta para evitar la responsabilidad de mandos y por ende a la "impunidad". Esa ambigüedad jurídica habría podido dar margen para interpretaciones que permitía a altos mandos militares (investigados por falsos positivos) y miembros del Secretariado de las FARC, esquivar cualquier responsabilidad. 

Esa preocupación que había manifestado también el exprocurador Alejandro Ordóñez, además del expresidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez y el exdirector del Programa de América Latina del Centro de Toledo para la Paz Pedro Medellín, sobre la "responsabilidad de mando" coincide con la observación que hizo la semana pasada la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y que en este nuevo acuerdo quedó resuelta.

El punto no solo le molestaba a los del No, sino también a las más prestigiosas organizaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. "Las autoridades judiciales no necesitan probar que los comandantes efectivamente tenían conocimiento de los delitos -lo cual, a veces, es imposible-, sino solamente que tenían motivos para saber o deberían haber sabido sobre estos hechos", dijo hace un mes el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco.

Ese ajuste, fue el que cambió el semblante que en días pasado habían mostrado los voceros de Acore al Gobierno Nacional.

Después de haber reconocido que la justicia transicional definida para las FARC también beneficiará a policías y miembros de las Fuerzas Militares, los voceros de la corporación dan un paso atrás y aseguran que ese punto "muestra claramente la mala intención con que fue introducido, en perjuicio directo de quienes ejercen o han ejercido los diferentes niveles de mando al interior de nuestras instituciones castrenses".

Lo cierto, es que ese no es el único detalle que tiene incómodas a las fuerzas armadas. Que ni los generales Óscar Naranjo y Alfredo Mora Rangel hayan presenciado la inclusión del parágrafo ha hecho que el tema se convierta en un trago difícil de pasar.

No es para menos, con la aclaración se amplía el espectro de posibilidades de que los altos mandos -o quienes actúen efectivamente como jefe militar -, respondan por las conductas delictivas que cometieron sus subalternos en el marco del conflicto.

"La aplicación o interpretación de responsabilidad penal con la que se quiere señalar taxativamente a comandantes militares o policiales, excluye otro tipo de superiores jerárquicos", aseguran desde que se divulgó el acuerdo los voceros de Acore.

Aunque su responsabilidad apenas se resolverá en el Tribunal de Paz, el traslado parece casi automático y a merced del juez quedará definir qué tan involucrados están. Es decir, definir si tienen o no conocimiento explícito de los hechos o si debía haber sabido, o tenía razones para saber, qué estaba pasando con sus subalternos que cometieron el ilícito.

Ante el malestar que ha despertado la aclaración, varios voceros del Gobierno entre ellos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se han referido a la posibilidad de que las diferencias se zanjen a través de una fe de erratas. Esto, pese a que el mismo presidente Santos y miembros del equipo negociador han afirmado tajantemente que el acuerdo que se presentó es inmodificable.

Mientras tanto, desde el uribismo se comenzó a cortejar el malestar de los militares frente a lo pactado. Al menos eso fue lo que se sintió este martes en una de las salas del Congreso, cuando el expresidente Álvaro Uribe dijo: "...desde el 2003 cada que había una baja inmediatamente salían organizaciones en defensa de los criminales a decir que no era una baja sino un asesinato de un campesino, un estudiante o un joven. Todo se presume en contra de las fuerzas armadas".

Falta ver si después de la tempestad vuelve la calma y el Gobierno consigue tener de su lado a un sector que ha sido clave en la negociación y que resulta indispensable para la implementación de los acuerdos.