¿Qué hay detrás de las fugas de presos en La Picota y Bellavista?

Desde hace años las cárceles colombianas están en la palestra. Hacinamiento, insalubridad, maltratos, corrupción, la lista de irregularidades es amplia y ahora se le suma otro elemento: la falta de control sobre los reclusos. El tema se puso en boga tras conocerse la inverosímil historia de la fuga de dos excombatientes de las Farc de la cárcel de máxima seguridad La Picota. Y se agravó este lunes, cuando se confirmó otro escape absurdo en el penal de Bellavista, en Antioquia.

El primer hecho parece sacado de una comedia. A partir de las declaraciones que entregó este lunes el coronel Germán Ricaurte, director de La Picota, se estableció la versión de la fuga. Al parecer, los reclusos Jhon Gutiérrez Rincón y Olmedo Vargas, dos de los 114 recluidos en el pabellón de Justicia y Paz, estaban tomando alcohol artesanal, elaborado dentro de las mismas instalaciones, con el dragoneante Gilberto Vargas. En la noche del sábado, los presos le pidieron permiso para salir a la parte externa de la estructura a buscar más trago. Él se los concedió y ellos no volvieron.

Al día siguiente ocurrió algo similar en Bello, Antioquia. El protagonista fue José Muñoz Echavarría, condenado a 13 años de prisión por acceso carnal violento. Como estaba preso desde 2009, según explicó el Inpec, ya gozaba de restricciones de mínima seguridad y había sido asignado a una de las granjas del penal de Bellavista, donde tenía la función de cuidar a las cerdas en gestación. La zona donde estaba no tenía cámaras de video ni muro perimetral.

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El hombre se escapó en la noche del domingo y les dejó una carta a sus guardianes. "Me viene un proceso encima por más de 20 años. Así que lo siento mucho", escribió Muñoz para explicar la razón de su fuga. Luego remató la misiva con descaro: "Gracias por todo, señores dragoneantes, les suplico me perdonen. Fueron buenos conmigo".

Las autoridades penitenciarias y los organismos de control ya anunciaron investigaciones y posibles sanciones por las fugas que esconden un fondo más allá de la peculiaridad de esos dos casos. La Contraloría expuso los resultados de sus últimas auditorías a los centros penitenciarios, las cuales revelan la carencia de guardias para cubrir la vigilancia con eficiencia.

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En buena medida, el ente le atribuye esas deficiencias a "la excesiva cantidad de permisos sindicales a personal de custodia y vigilancia", que se tramitan a través de las 78 agremiaciones que reúnen a los funcionarios del Inpec. En 2016, los permisos sindicales sumaron 40.079 días (109 años) y en 2017, 31.397 días (86 años).

"Los permisos beneficiaron a personal que se encuentran constituido en su mayoría (85%) por el cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios", dice la Contraloría. Esta situación no solo tendría efectos en la seguridad, sino también en los derechos de los presos, que muchas veces no encuentras acompañamiento para cumplir las remisiones médicas o judiciales.

Un informe de la misma entidad reveló el año pasado que el 75% de los presos del país viven en hacinamiento, y muchos de ellos, por lo mismo, enfrentan problemas de salud. Además, en algunos centros hay denuncias de abuso. La semana pasada, por ejemplo, un hombre murió en La Picota, según su familia, luego de ser golpeado por los guardias en un hecho que está siendo investigado.

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La situación es de vieja data y ha producido incluso reformas como la que permite la excarcelación de los presos por más de dos años que no han sido condenado. Una norma que, sin embargo, ha sido cuestionada por la misma Fiscalía porque, dice el ente, impacta en los índices criminales.

Lo concreto es que cada tantos meses ocurren hechos que ponen sobre la mesa la crisis que se vive en las cárceles y que, desde hace años y para los expertos en el tema, exige una reforma al sistema penitenciario.