“Fuimos responsables del silenciamiento de vidas indígenas”: el mea culpa de los comandantes de las extintas Farc ante la JEP

La guerra se ha ensañado por años con la población civil del Cauca y del Valle del Cauca, y especialmente con sus comunidades étnicas. El país ha visto atónito los asesinatos que han menguado al pueblo nasa y a muchos de los líderes afrodescendientes de esa región.

En un hecho sin precedentes, los comandantes de las Farc que actuaron en esa región del país se responsabilizaron por esos hechos de violencia. “Fuimos responsables del silenciamiento de vidas indígenas, de personas clave para la organización y la lucha de las comunidades indígenas”, dijeron los comparecientes de las Farc en la más reciente audiencia de reconocimiento de responsabilidades liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz en el Caso 05.

Estos escenarios tuvieron lugar en el marco del Caso 05, que trata los hechos del conflicto de esta región del país. Ese mea culpa lo hicieron exintegrantes de las columnas móviles Gabriel Galvis, Jacobo Arenas y Miller Perdomo, y del Frente VI de las Farc-EP.

“Queremos reconocer que afectamos las poblaciones afrocolombianas y las comunidades negras en el Cauca. La Columna Móvil Jacobo Arenas contribuyó a las afectaciones en las vidas y bienes de esta población”, agregaron.

Esta semana, la JEP hizo público que completó la recepción de cuatro documentos de aporte temprano a la verdad por excomandantes y otros exmiembros de las principales estructuras de las Farc-EP que operaron en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, “en los cuales han reconocido crímenes como homicidio, desplazamiento, reclutamiento y desaparición forzada, cometidos contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en esa región del país”, sostuvo el organismo.

Estos actos se han dado en diferentes momentos, en audiencias organizadas desde el año 2021. La última tuvo lugar el pasado 16 de septiembre. “En estos actos restaurativos han participado comparecientes, víctimas indígenas, afrodescendientes y campesinas, el equipo defensa de los ex combatientes de las Farc-EP, apoderados de las víctimas acreditadas, delegados de la Procuraduría General de la Nación y de la ONU, y funcionarios de la JEP, quienes han intervenido conjuntamente en actos de reconciliación desde los territorios”, agrega la JEP.

Los comparecientes han reconocido su participación en actos de homicidio, desplazamiento, reclutamiento de menores y desaparición, así como afectaciones específicas contra las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las audiencias han tenido lugar en diferentes ciudades y municipios de la región.

En el año 2018, la JEP abrió el Caso 005 con el fin de darles prioridad a los crímenes que se cometieron en esta región del país. Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, ocho municipios del departamento, fueron elegidos por su “grave situación humanitaria”. Posteriormente, en el mes de marzo de 2019 se incluyeron otros cuatro municipios del Cauca (Padilla, Jambaló, Puerto Tejada y Miranda) y otros cinco del Valle (Florida, Pradera, Palmira, Candelaria y Jambaló).

Se trata de uno de los casos con mayor número de víctimas acreditadas en el mundo: más de 200.000. El número corresponde a miembros de más de 40 resguardos y cabildos indígenas del pueblo nasa que han sido golpeados por el conflicto armado, seis organizaciones campesinas y más de 80 organizaciones afrodesdecendientes, dentro de cuyas principales lideresas estuvo la actual vicepresidenta Francia Márquez.

Este caso de la JEP es uno de los primeros en los que se presenta un acto de reconocimiento temprano a la verdad y fue el primero en realizar audiencias con la justicia indígena y las justicias afrodescendientes, en las cuales han participado comparecientes indígenas y afrocolombianos.