Fumigación con glifosato más empantanada que nunca

El país creía que la corte Constitucional había dictado las condiciones para reanudar las aspersiones aéreas con glifosato pero en realidad tal sentencia no existe. El Gobierno comenzó a alistar el despegue de las aspersiones en julio de 2019, cuando los magistrados anunciaron mediante un comunicado de prensa que levantaban una restricción insuperable para volver a rociar glifosato: demostrar la ausencia de todo daño en la salud humana y el medioambiente.

A cambio, plantearon una serie de limitaciones que enunciadas consiguieron el voto unánime de ocho magistrados, pero cuyo proyecto de fallo no ha podido reunir las firmas. Esta semana, el magistrado Alberto Rojas le recibió la presidencia a Gloria Ortiz en la Corte Constitucional. La foto esconde una tensa división entre estos dos juristas, que definitivamente no pudieron ponerse de acuerdo con la sentencia. Como no hubo consenso, las posturas de lado y lado regresaron a la Sala Plena para que se pronuncie otra vez de fondo a efectos de que el país conozca de una vez por todas los alcances y límites de la decisión.

El cruce de comunicaciones viene desde el año pasado, cuando Ortiz manifestó siete discrepancias con el proyecto que elaboró Rojas como ponente. Los magistrados conciliaron algunas, como el principio de precaución, que Ortiz pidió sacar pues no lo hablaron en sala o la metodología para verificar el cumplimiento de los requisitos, que también salió del proyecto de fallo. Pero quedaron pendientes dos frentes que en definitiva tendrán que reabrir.

Esta semana la magistrada Gloria Ortiz le entregó la presidencia de la Corte Suprema al magistrado Alberto Rojas. Ambos tienen una discusión irreconciliable acerca de la sentencia sobre las fumigaciones con herbicida.

Para Ortiz, la corte no puede lanzar advertencias sobre la política pública contra el narcotráfico, tampoco recuerda que alguien haya siquiera propuesto entrar a evaluarla: “No es pertinente abordar este asunto pues podría criticarse a la corte por realizar una presentación incompleta y posiblemente sesgada del problema”. La magistrada asegura que esta sentencia minimalista, tal como la votaron, se mete en la definición de política pública contra las drogas que avala el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Un segundo tema tiene que ver con la interpretación del punto cuatro del acuerdo de paz, que habla de darle prioridad a la sustitución voluntaria y manual de cultivos. Ortiz asegura que contaba con que la corte se limitaría a exigir su cumplimiento, de modo que la interpretación de la norma quedara en la cancha del Gobierno y no de ese alto tribunal. No obstante, el documento de 40 páginas describe detalladamente las obligaciones que el Gobierno debe cumplir a la luz del acuerdo de paz.

Frente a este punto, la ponencia precisa –también a pedido de Ortiz– que el acuerdo de paz contiene un documento de política pública que obliga al Gobierno pero no puede generar juicios de validez.

Al tiempo que la discordia escaló entre los dos magistrados, el Gobierno recibió un duro golpe al decreto con el cual pretende cumplir los requisitos de la corte. Luego de 30 días publicado para el escrutinio de la ciudadanía, un concepto del Ministerio Público se atravesó en el camino. La Procuraduría cuestiona que el diseño institucional propuesto no garantiza la imparcialidad, puesto que el Instituto Nacional de Salud y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entidades del Gobierno, investigarán los casos en donde existe presunto daño a la salud o al medioambiente.

La Procuraduría también pide que el Instituto Nacional de Salud emita un concepto en donde relacione las áreas y los parámetros técnicos de la operación, incluida la mezcla por usar. Esto con el fin de garantizar una gestión preventiva y de divulgación entre las comunidades como ordena la corte. Finalmente, el Ministerio Público recalca que a la fecha el Gobierno no ha hecho públicas las estrategias de sustitución de cultivos ilícitos que adoptará. La corte obliga a cumplir lo acordado en el pacto de paz con las Farc, y que fumigar sea la última opción. Para el procurador Fernando Carrillo la estrategia de sustitución de cultivos del Gobierno no tiene una hoja de ruta clara, ni los recursos asegurados. Así las cosas, las fumigaciones aéreas se ven aún lejos en el horizonte.