La dura carta del procurador al ministro de Justicia

La polémica por cuenta de la propuesta del fiscal de reanudar las fumigaciones aéreas no cesa. Un día después de que se hizo pública la carta que envió Néstor Humberto Martínez al ministro de Justicia con esa iniciativa, otra misiva promete encender aún más el debate: la del procurador, Alejandro Ordóñez.   

En la misiva, también dirigida al ministro Jorge Eduardo Londoño, el procurador afirma que a pesar de haber advertido del aumento de los cultivos de coca desde el 2014, el Gobierno "renunció al imperio de la ley y a perseguir ese delito", pues "permitió el fortalecimiento del narcotráfico, como lo demuestran las propias cifras oficiales de incautación de toneladas de coca” (Mire la carta completa aquí).

En su carta repite una de las frases que lo han identificado en este debate. "El país está, como lo advertimos, nadando en coca". Y va mucho más allá. Asegura que con la decisión del Gobierno de suspender las fumigaciones "ahora, vamos a naufragar en coca".

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Según el ente de control, la Agencia contra los Narcóticos y el Crimen del Departamento de Estado afirmó que el número de hectáreas cultivadas aumentó a 159.000 para mediados del 2015. Esto significa un aumento del 42 % en relación con el año inmediatamente anterior. Ordóñez se atrevió a hacer un cálculo más arriesgado y estimó que para el 2016, el número de hectáreas cultivadas superaría las 200.000.

Con esas cifras concluye que la política de erradicación manual de los cultivos ilícitos no ha dado los resultados esperados y que, por eso, es el momento de echar reversa.

El procurador afirma que las consecuencias no sólo se están viendo en las zonas rurales del país. Según revela el ente, en un estudio realizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la producción de cocaína aumentó de 250 toneladas a 420 para el 2015. Asegura también que "de acuerdo con el Informe citado, la cocaína documentada que sale de Colombia a Estados Unidos ascendió en 81%: de 293 toneladas a 529 en el 2015". También manifestó que para el año 2016 "la producción será mayor (...) considerando que muchas de las nuevas plantas sembradas en el 2014 y el 2015 están ya maduras".

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En el duro documento, Ordóñez repitió lo que ha sido el mantra de quienes están en desacuerdo con suspender las fumigaciones y ven en esta decisión no una apuesta a la salud pública de los colombianos, sino una claudicación de las obligaciones del Estado frente a la guerrilla.

"En aras de complacer las demandas de las FARC el Gobierno cometió el gravísimo error de paralizar su acción contra los cultivos de coca", señala. Agrega además que esta es una acción que "la Constitución no permite" y señala al Acuerdo Final con las FARC como un "acuerdo con un grupo narcotraficante".

La posición de Ordóñez, mucho más dura que la de Martínez, pone al Gobierno en un aprieto, al menos desde el punto de vista político. Por un lado porque el giro en la política de drogas ha sido aplaudido por muchos países del mundo y por buena parte de la opinión pública. Pero por el otro, porque no es fácil mantener una decisión tan difícil teniendo en contra al fiscal, al procurador, y en el trasfondo, quizá también, al gobierno de los Estados Unidos.