Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de organizaciones de DD. HH. fueron amenazados por la fuerza pública

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis, denunció que el ataque se presentó en la noche del lunes 3 de mayo mientras se realizaba la atención a unos manifestantes detenidos en la estación Fray Damián en Cali.

“Una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, junto a un funcionario de la Procuraduría General de la Nación y tres personas de organizaciones de derechos humanos fueron objetos de amenazas por parte de agentes de la Policía Nacional, quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, dijo vehemente el funcionario.

Además, aseveró que “esta acción es absolutamente reprochable, no solo atenta contra la integridad psicológica de la funcionaria, sino contra la institución y en general contra todos los derechos de la ciudadanía. Exigimos que la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de Derechos Humanos sean respetadas por todas las autoridades. Solicito de manera inmediata se investiguen los hechos y se establezcan los responsables”.

La denuncia del defensor del Pueblo se da después de los graves hechos registrados en Siloé y La Luna, que fueron los escenarios de los enfrentamientos entre policías y ciudadanos. Según los reportes, la fuerza pública reprimió sobre las 9:00 p.m. a un grupo de manifestantes que estaban armados. Helicópteros patrullando la zona, gases lacrimógenos, explosiones, constantes disparos y hasta incendios fueron la constante de los videos publicados en redes sociales por los habitantes de esos sectores en la capital del Valle del Cauca. Fue tan grave la situación que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, convocó de inmediato a un consejo de Gobierno en la Alcaldía de la ciudad a las 11.30 de la noche.

Marta Hurtado, de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció desde Ginebra sobre la preocupante situación en el país asegurando que están profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en Cali en Colombia tras el asesinato de varias personas. Aseguró que la oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas, mientras los defensores de Derechos Humanos han sido atacados y amenazados. Envió un mensaje de condolencia e hicieron un llamado a la calma y recordaron a las autoridades la responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal y facilitar el derecho a la reunión y manifestación: “las armas de fuego sólo pueden usarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, Desde el 28 de abril se han recibido denuncias de al menos 14 muertes entre ellas la de al menos un agente de policía”, dijo Marta Hurtado.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha sido foco de las críticas por su papel en medio de la crisis y la violencia que vive Colombia. El funcionario ha encabezado mesas de diálogo con los transportadores y ha desplegado funcionarios a Nariño, Huila, Valle, Antioquia y Tolima, entre otros puntos, para acompañar las distintas manifestaciones sociales. Actualmente se encuentra en Cali donde se desplazó el pasado 4 de mayo para cumplir con la visita humanitaria de seguimiento y monitoreo a la situación de DD.HH., en el marco de la garantía del derecho a la protesta social.