Procuraduría está investigando posible compra de votos en el departamento de Magdalena

A menos de dos meses de las elecciones regionales en Colombia, los entes de control están desbordados en denuncias sobre corrupción electoral. Los alfiles políticos hacen campaña, otros, acostumbrados a la demagogia, prefieren tratos ilegales. Es justamente la denuncia que recibió la Procuraduría, que aterriza en el departamento de Magdalena y que enreda a funcionarios de la Registraduría.

El Ministerio Público aseguró que la denuncia advierte cómo se pactó un acuerdo criminal entre un alto funcionario de la Registraduría y un candidato a la alcaldía del Banco, Magdalena, todo a cambio de contratos una vez este candidato se convierta en el alcalde de ese municipio.

“La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Registraduría Nacional del Estado civil, regional Magdalena, por presunta compra de votos y participación en política a favor del candidato a la alcaldía de ese municipio, Víctor Rangel López”, señala la advertencia de la Procuraduría.

La denuncia en esta oportunidad tiene que ver con la compra de votos, la inscripción de electores en esa zona del país sin que pertenezcan al municipio, pero que de esa manera podrían garantizar la elección del candidato y este como contraprestación, ofrecer los contratos al funcionario de la Registraduría y sus familiares.

“Se estaría inscribiendo cédulas en el corregimiento de Barranco de Chilloa y manifestando sin ningún reparo a quienes se acercan, que los votos deben ser para Víctor Rangel y que éste los pagará al precio que la gente pida”, asegura el denunciante en el documento remitido a la Procuraduría.

La Procuraduría recibió, además de la denuncia, algunas pruebas que indicarían de forma directa a otros funcionarios de la Registraduría con actas de nombramiento, y todo lo relacionado con la supuesta compra de votos que vincula de manera directa al candidato y que serán puestas en conocimiento también de la Fiscalía General de la Nación.

“La presunta irregularidad se conoció por una denuncia ciudadana remitida a esa procuraduría regional y divulgada por los medios de comunicación, en donde se asegura que un alto funcionario de la Registraduría regional Magdalena, le hace política a dicho candidato a cambio de contratos para sus familiares”, explicó el Ministerio Público.

Incluso, entre el material probatorio, la Procuraduría cuenta con una declaración del registrador municipal que incluye cómo eran de su conocimiento las denuncias en poder de las autoridades, con las advertencias de los denunciantes, sobre el acuerdo entre el candidato y el funcionario de la Registraduría.

“Entre las pruebas requeridas por el Ministerio Público están las identidades, actas de nombramiento y otros datos de funcionarios y contratistas de esa Registraduría, relacionados con el proceso de inscripción de cédulas en el municipio, la relación de candidatos inscritos a la alcaldía y el listado de puestos de inscripción de cédulas, instalados actualmente”, advirtió la Procuraduría.

Todos los elementos serán analizados por los funcionarios designados por la Procuraduría en la lucha contra la corrupción electoral, luego de ese estudio se determinará si hay la necesidad de abrir una investigación formal.