Funcionarios del Meta serán investigados por presuntos cobros para archivar procesos fiscales que cursaban en la Contraloría

La Procuraduría anuncia que iniciará las investigaciones pertinentes para tratar de establecer cuántos y cuáles servidores públicos habrían solicitado dádivas a cambio de archivar un proceso fiscal, que buscaba establecer si había existido detrimento patrimonial en la compra de predios para vivienda de interés social.

Los hechos iniciales empezaron en 2015, cuando el entonces gerente de Villavivienda, David Enrique Rodríguez, habría comprado unos predios para construir vivienda de interés social en el departamento. Después vinieron otros funcionarios a conducir el proyecto.

Entre tanto, uno de los mencionados predios resultó con problemas de acueducto, lo que salió a relucir en una auditoría adelantada por la Contraloría municipal. En la investigación de ese entonces, la Contraloría había advertido que existía un presunto detrimento patrimonial, tasado en 3.700 millones de pesos.

De igual manera, en la auditoría a Villavivienda también se detallaba que, “con la anuencia de la Junta Directiva del 2015, adquirió, bajo la figura de una permuta, un edificio que presenta deficiencias y no cumple con las condiciones de uso y funcionalidad, lo que fue calificado como un asunto antieconómico e ineficaz, generando un daño patrimonial de $3.712 millones de pesos (…)”.

En otras palabras, en Villavivienda, que es la empresa industrial y comercial del municipio, que ejecuta la política de vivienda, estaba pasando algo que fue evidenciado en la auditoría de la Contraloría, desde donde, se trasladaron las revisiones a otros organismos de control.

La Procuraduría, en particular, es la que vigila a los funcionarios públicos, por lo tanto, ahora revisa si, en efecto, algunos estarían pidiendo plata para borrar lo que estaban investigando.

La entidad del Ministerio Público, en su seccional del Meta, también confirmó que, una vez identificados e individualizados los presuntos implicados en el caso, serán vinculados a la indagación y escuchados en diligencia de versión libre, si así lo desean.

Corrupción

Cualquier intermediación económica para agilizar, borrar o modificar el curso de un trámite ante el sector público es considerado como hecho de corrupción, algo que no es escaso en Colombia.

Los recursos públicos, que son aportados por los colombianos a través de los impuestos, y son los que financian los programas sociales y de desarrollo. De esa manera, la Contraloría se encarga de vigilar el uso adecuado de los dineros que maneja el Estado; mientras que la Procuraduría vela para que los funcionarios al servicio de la nación hagan su tarea con transparencia.

De ahí que haya surgido la revisión que hará la entidad del Ministerio Público, a partir de la evolución de los hechos alrededor de la auditoría adelantada por la Contraloría.

El caso que ha puesto en la lupa de organismos de control, a Villavivienda, lleva ya 8 años andando.