Funcionarios del MinTIC a juicio por desfalco de Centros Poblados

La participación de funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el escándalo de la asignación de un millonario contrato, por más de un billón de pesos, a la Unión Temporal Centros Poblados, para llevar internet a los sitios más remotos del país, que estuvo lleno de irregularidades y cuyo primer anticipo de 70 mil millones pesos hoy está refundido, es una de las grandes dudas que ahora tratará de resolver la Procuraduría, con el inicio del juicio disciplinario contra tres funcionarios de la cartera, y los representantes legales de Centros Poblados y de la interventoría.

Hoy inició formalmente el proceso disciplinario verbal contra altos funcionarios del MinTIC, todos del círculo más cercano de la exministra Karen Abudinen, quienes participaron de la confección de la licitación, no hicieron seguimiento adecuado de la misma, y hay duros cuestionamientos por la posible filtración de información secreta para facilitar que Centros Poblados se ganara el contrato.

Por eso, hoy empezó el juicio contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC; Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC, exfuncionarios del ministerio que fueron renunciando conforme avanzaban las investigaciones y el escándalo crecía.

De Sandra Orjuela, según se ha dicho, tendría bajo su liderazgo verificar el proceso jurídico en materia contractual y sería el primer filtro para identificar que la garantía presentada por Centros Poblados era falsa. Sin embargo, como se sabe, nadie reportó en su momento ninguna irregularidad.

Camilo Alberto Jiménez Santofimio, ostentaba el cargo de director de Infraestructura del ministerio de las TICs, pero también era el supervisor del contrato 1043 DE 2020, es decir, el que le fue entregado a la Unión Temporal Centros Poblados para la entrega de internet.

Hasta el momento, a ninguna de las funcionarías se les ha demostrado que tengan alguna relación con las irregularidades, pero en todo el proceso que se está adelantando para aclarar lo sucedido ellas tomaron la decisión de retirarse para garantizar transparencia en las indagaciones.

Además, está citado a juicio Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, quien habría articulado las cuatro empresas del consorcio para lograr cumplir con los requisitos de la licitación, con las irregularidades que empezaron a surgir.

También tendrá que responder en el juicio disciplinario, Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato, y no advirtió de forma debida, no solo las irregularidades sino el incumplimiento de la Unión Temporal a los compromisos. Por ejemplo, no hizo seguimiento al cronograma de obras, por lo que no se advirtió la pérdida de 70 mil millones de pesos del primer anticipo.

Esta investigación inició en julio pasado, la Procuraduría formuló cargos en septiembre y ordenó el procedimiento verbal para adelantar la investigación disciplinaria más expedita y determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato.

Este millonario contrato fue celebrado inició el 18 diciembre de 2020 entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal (UT) Centros Poblados.