La súplica para que no se practique la eutanasia

Mientras la Corte Constitucional y el Gobierno le dan nuevos espaldarazos a la práctica de la eutanasia, sus opositores se resisten a dejar de considerar que el procedimiento constituye un homicidio. Por eso, la Fundación Marido y Mujer le pidió al Consejo de Estado que suspenda su reglamentación.

La ONG presentó un recurso de súplica ante esa corporación de lo contencioso administrativo para que suspenda los efectos de la decisión en la que el Ministerio de Salud estableció cuáles son las obligaciones exactas de las entidades y del personal médico para garantizar que los enfermos en fase terminal tengan derecho a morir, si ese es su deseo y el de su familia.

Más allá de las convicciones morales surgidas en el ejercicio de la práctica de la religiosidad católica, el presidente de la fundación, Javier Suárez, considera que el Gobierno actuó por fuera de sus competencias al expedir la regulación mediante un acto administrativo.

Y es que, a pesar de que el Ministerio simplemente cumplió con un fallo de tutela de la Corte Constitucional, el demandante es categórico al afirmar que si no existe ley alguna que permita la muerte asistida de pacientes, el Gobierno es incompetente para reglamentar la eutanasia.

Así se trate de obedecer el mandato de la máxima autoridad constitucional, para Suárez existe un antecedente jurídico del propio Consejo de Estado. El demantante afirma que, mientras el Congreso no expida una ley que reconozca que existe un derecho de los ciudadanos a morir dignamente, el Ejecutivo continuará con las manos atadas.

Recordó que la Sección Primera de ese alto tribunal declaró nulo el decreto que reglamentó el aborto, precisamente porque el Gobierno expidió un acto administrativo sin tener una autorización legislativa para hacerlo.

Tanto en el aborto como en la eutanasia, el Gobierno atendió una orden de la Corte Constitucional, sin que existiera una autorización previa del Congreso, dijo Suárez.

Esta solicitud coincide con la presentación en el Congreso de un proyecto de ley que busca poner fin a 18 años de indiferencia del Legislativo frente a los insistentes llamados del tribunal constitucional para expedir una normativa que garantice el derecho de los colombianos a morir dignamente.

Antecedentes

La posibilidad de que la muerte de pacientes en fase terminal dejara de ser considerada un homicidio se abrió en 1997, cuando un fallo proyectado por Carlos Gaviria previó que se trataba de una muerte por piedad que se le debía garantizar a todo colombiano, en defensa de su derecho a la dignidad. Desde entonces, dejó de ser considerado homicidio.

Tras dos décadas de llamados de atención al Congreso, la Corte determinó que debía ser el Gobierno el encargado de reglamentar la eutanasia. En cumplimiento del fallo, el Ministerio de Salud estableció la norma que ahora es objeto de debate y que le permitió a Ovidio González, al padre del caricaturista Matador, ser beneficiario de la muerte asistida.

Los opositores de la norma, entre ellos el procurador Alejandro Ordóñez, demandaron la resolución y aun cuando perdieron el primer round en su propósito de que se suspendieran sus efectos, ahora aspiran a que en el recurso de súplica sus argumentos sean aceptados.

El debate es de tal magnitud, que la Fundación Marido y Mujer le ha pedido al Consejo de Estado que sea su Sala Plena, y no un número reducido de magistrados, la que examine la viabilidad de su solicitud.