Fusionar ministerios y recompensas por denunciar corruptos: los nuevos decretos que firmaría Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández no se detiene en la redacción de los primeros decretos que firmaría si llega a la Casa de Nariño. Este miércoles se conocieron otros tres borradores de decretos listos para su firma.

En uno de ellos promete fusionar ministerios y ordena recortar gastos de funcionamiento en la estructura administrativa del Estado.

Propone fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Justicia, así como el de las Tecnologías de la Información con el de Ciencia y Tecnología; el de Medio Ambiente con el de Cultura y el de Educación con el de Deporte.

Además, les pide a los directores de establecimientos públicos, superintendentes, directores de unidades administrativas, directores de agencias nacionales, directores de institutos científicos y tecnológicos, entre otras entidades del orden nacional, presentar una propuesta sobre las nuevas estructuras administrativas donde se reduzcan los gastos de funcionamiento alrededor del 30 %.

En un segundo decreto habla de ordenar el estado de conmoción interior durante 90 días con el fin de conjurar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y “hacen peligrar la convivencia ciudadana originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción como un mal que socava los cimientos de la nacionalidad”.

En el tercer decreto se dictan medidas judiciales y administrativas dentro del estado de conmoción interior.

Dice, por ejemplo, que dentro de los siguientes 90 días a su posesión, “se suspenden vacaciones, permisos, comisiones, licencias y otras situaciones administrativas que impliquen separación temporal de las funciones de fiscales, jueces, magistrados, investigadores del CTI de la Fiscalía, auditores de los órganos de control fiscal y procuradores e investigadores de la Procuraduría”.

También pide a los servidores o funcionarios que tengan bajo su responsabilidad y conocimiento investigaciones sobre corrupción, “presentar un informe detallado del estado de las investigaciones y/o procesos, los cuales deberán tener el nombre del investigado, la identificación, el cargo o la actuación que origina el reproche por corrupción, el monto o valor calculado del hecho cuestionado, la fecha del inicio de la investigación, el estado actual del proceso y la advertencia sobre inminencia de la prescripción.

“La omisión en el cumplimiento de la obligación aquí establecida será causal de mala conducta del funcionario”, se lee en el documento.

Hernández también anunció, a través de su decreto, la creación del Fondo Cuenta que denominó ‘Yo denuncio corruptos, yo gano’. Dependerá, según él, del Ministerio del Interior y Justicia, y administrará los recursos para pagar las recompensas de los ciudadanos.

“Durante la vigencia del presente decreto, los ciudadanos que denuncien hechos que den lugar a extinción de dominio o decomiso de bienes adquiridos con causa en la corrupción tendrán derecho a una recompensa equivalente al 20 % del valor extinguido o decomisado, en dinero efectivo”, especifica el decreto.

El candidato presidencial anunció que eliminará 15 consejerías que hoy forman parte del órgano administrativo de la Presidencia. Los recursos que sobran, según el oficio, será destinado para pagar las deudas de los beneficiarios del Icetex de los estratos 1, 2 y 3.

Otro de los decretos establece la austeridad como política pública y suspende el uso de flota de aviones, helicópteros, vehículos al servicio del presidente y sus allegados. Además, elimina el funcionamiento de la casa privada del presidente y vicepresidente, y restringe el funcionamiento de la casa de huéspedes de Cartagena y Hato Grande.

En otro oficio, Hernández anunció que suspenderá el uso de carros blindados de senadores y representantes a la Cámara, y reducirá a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes las UTL.

En uno más, promete eliminar 27 embajadas de 59 que funcionan actualmente, lo mismo que 16 consulados.

Las propuestas de Hernández que, según parece, no se quedarán solamente en promesas de campaña, ya están dando de qué hablar.

Algunos analistas consultados por SEMANA creen que tienen un impacto positivo entre la ciudadanía, pero ameritan un análisis juicioso porque, en algunos casos, podría extralimitarse en funciones o interferir en asuntos que no recaen exclusivamente en las decisiones del presidente.