Fútbol, narcos y paras

En los años 80, el fútbol profesional colombiano vivió una época dorada. Cinco veces los clubes del país llegaron a la final de la Copa Libertadores, y en 1989, el Atlético Nacional hizo historia al quedarse con el mayor título continental. El buen fútbol era la norma del rentado local. Pero con el tiempo se hizo evidente que esa racha positiva estaba salpicada por recursos de los carteles de la droga, cuyos capos eran dueños de los principales equipos: los Rodríguez Orejuela, del América; Gonzalo Rodríguez Gacha, de Los Millonarios, y Pablo Escobar y sus compinches, de los equipos antioqueños. Fue un duro aterrizaje. Se juró, entonces, erradicar de una vez por todas los dineros calientes de ese deporte. Mucho se dijo que habría controles y se acabaría con la informalidad. Ahora sí reinaría la transparencia. Y el narcotráfico dejaría de influir sobre el fútbol colombiano. Pero nada pasó.

Son cada vez mayores los indicios de que el narcotráfico -con su nueva vestimenta de paramilitar- siguió en el fútbol. Ahora son los tentáculos de 'Jorge 40', 'Macaco' y 'Don Berna' los que carcomen ese deporte. Y como ocurrió hace 20 años, la justicia sigue rezagada. Muchas de las investigaciones que adelantan los fiscales de la Unidad para la Extinción de Dominio y Lavado de Activos llevan más de ocho o 10 años en etapa preliminar. Ante el fútbol, la justicia ni cojea ni llega. Es diciente que frente al caso del América -en que los Rodríguez Orejuela aceptaron ser los dueños y entregaron acciones como parte de su acuerdo con la justicia gringa- aún hay pleitos judiciales sobre quiénes son los dueños de los predios del club y sobre si hubo dineros ilícitos.

Durante los últimos años, las directivas del fútbol colombiano han negado la infiltración de los paramilitares y los narcotraficantes, a pesar de las crecientes evidencias. Ni el asesinato de Gustavo Upegui, el presidente del Envigado Fútbol Club en 2006, ni la designación de uno de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol en la lista Clinton (Óscar Ignacio Martán), ni la detención este año por las autoridades norteamericanas de Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe (ver recuadros), los hizo cambiar de parecer. Pero no eran casos aislados. SEMANA conoció unas conversaciones interceptadas al jefe paramilitar 'Jorge 40' en enero de 2005 (ver recuadro) y una denuncia del revisor fiscal del Deportivo Independiente Medellín que develan el grado de penetración de la delincuencia organizada en varios clubes profesionales.

En las conversaciones, 'Jorge 40' habla como todo un directivo del deporte. Consultando varias fuentes conocedoras del fútbol profesional, SEMANA pudo establecer que su interlocutor sería un directivo del Valledupar Fútbol Club, que en ese momento participaba en el torneo de ascenso.

En la grabación, 'Jorge 40' le informa que tiene disponibles varios jugadores del América y del Real Cartagena para reforzar ese equipo, y que serían prestados por Mauricio Idárraga Rodríguez, primo hermano y supuesto testaferro de William Rodríguez Abadía -hijo del extraditado Miguel Rodríguez-.

"Es que ellos tienen una cantidad de muchachos buenos. Son de por allá del América. Pero es que ellos tienen en todo. Ellos tienen en Real Cartagena", le dice el jefe paramilitar a su interlocutor. Hay otro elemento que llama la atención y por lo menos la curiosidad: que el Valledupar Fútbol Club aceptara jugadores del Real Cartagena. Pocas semanas antes de la citada conversación, los dos equipos habían jugado una de las semifinales más polémicas en la historia del torneo de la B. Faltando cinco minutos para terminar el juego, el Cartagena hizo los cuatro goles que le hacían falta para jugar la final. Cuatro goles en cinco minutos, un récord digno de Ripley. Con un 5-0, sacaron al Cúcuta Deportivo. Según 'Jorge 40', "ellos (los del Real Cartagena) conmigo tienen cierta gratitud".

De la conversación también queda claro que los Rodríguez no sólo seguían teniendo participación en el América, sino además controlaban el Real Cartagena, equipo con el que burlaban las restricciones que el gobierno norteamericano le había impuesto al club caleño al incluirlo en la lista Clinton.

En la parte final de las grabaciones se habla sobre la posibilidad de que el jefe paramilitar sea uno de los dueños de un club profesional. "Compremos ese equipo, la ficha de ese equipo y nos quedamos los vallenatos con eso", le dicen a 'Jorge 40', quien acepta reunirse con el accionista mayoritario.

Este no es único hecho notorio que pone en entredicho las afirmaciones de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, según las cuales es un mito la presencia de dineros calientes y de personas de dudosa reputación. El 3 de noviembre de 2004, Juan Bautista Ávalos, entonces revisor fiscal del Deportivo Independiente Medellín (DIM), denunció ante la Fiscalía General graves irregularidades del equipo que estaba encargado de vigilar. No es usual que el mismísimo revisor fiscal de una empresa la denuncie penalmente. Bautista acusa en particular a Rodrigo Tamayo Gallego y Luis Fernando Jiménez, quienes son investigados por supuesto testaferrato, lavado de activos, elusión de impuestos y falsedad documental, entre otros.

Tamayo fue propietario del DIM entre 1988 y 1992, pero, según el revisor fiscal, por enfrentamientos y ajustes de cuentas aparentemente con Diego Murillo Bejarano, 'Don Berna', debió ceder su control a Julio César Villate. Tamayo, quien según la denuncia habría sido socio de Pablo Escobar, se quedó finalmente con el 82 por ciento del equipo en 1998. Cuando retomó el control, el revisor fiscal le dijo a la Fiscalía que puso el grueso de sus acciones en cabeza de familiares, amigos, empleados y otros testaferros, entre los que se encuentra el actual vicepresidente, Luis Fernando Jiménez.

A pesar de que formalmente no aparecía como socio mayoritario, Tamayo manejó el Medellín como una tienda y utilizó el equipo como un mecanismo para cubrir millonarias operaciones aparentemente de dineros ilícitos, según Bautista. Otro aparte de la denuncia dice que, con la ayuda de la contadora Soraya del Pino; la tesorera Claudia Giraldo, y la directora financiera del club, su sobrina Claudia Toro Tamayo, creaban millonarias cuentas por pagar inexistentes a nombre de familiares, jugadores, empleados e incluso de nombres sacados del directorio, que iban a parar al bolsillo de Rodrigo Tamayo.

Bautista también explica cómo ese hombre presuntamente se apropió de dineros de la transferencia de jugadores, y pone como ejemplo el traspaso de Jhon el 'Choronta' Restrepo. Éste fue vendido por 1.080.000 dólares al Cruz Azul de México, pero con anuencia del entonces presidente del Medellín, Javier Velásquez, se autorizó a Tamayo para recibir el dinero. Finalmente, al DIM sólo ingresaron 400.000 dólares, mientras el resto del dinero se esfumó. Esta modalidad de lavado de activos ha sido denunciada en múltiples oportunidades en muchos equipos, pero por primera vez se documenta de forma precisa. Según la ley, todos los recursos deben ingresar a los equipos y no a personas naturales.

Hasta los árbitros se habrían favorecido de esos manejos irregulares. El revisor fiscal denuncia cómo en la final de 2004 entre Nacional y el DIM, Javier Velásquez le pagó 10 millones de pesos al árbitro por haber pitado 'bien'. "El pago se hizo el 30 de junio de 2004 con dineros de la taquilla a Lisbeth Johana Ramírez, bajo el concepto de compra de rollos de papel, aleluyas, bombas, tiras rojas y azules, dinero que después fue girado en una cuenta de Davivienda", le dijo Bautista a la Fiscalía. DIM salió campeón. También describe cómo se pagaron dos veces sobornos a agentes de la Dian, para que aceptaran las contabilidades adulteradas.

A pesar de que el revisor fiscal dice que entre 2001 y 2003 el DIM tuvo utilidades por más de 9.000 millones de pesos, éstas fueron retiradas por órdenes de pago por conceptos de bonificaciones, gastos de años anteriores, comisiones, pagos a testaferros, y gastos de Rodrigo Tamayo. Por esta razón, el equipo siempre estuvo en crisis.

La Fiscalía pudo determinar que en 2005 a Tamayo y su familia le fueron cedidos casi 7.000 derechos, que representan cerca del 80 por ciento del club. En esta operación, para la Dijín y la Fiscalía, quedó en evidencia que Tamayo había usado testaferros para ocultar la propiedad del club, lo que está legalmente prohibido. Precisamente esa concentración de acciones le permitió vender el equipo, a través de una fiducia, a la sociedad Sueños del Balón, empresa que tiene como socios mayoritarios a los técnicos Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez, Juan José Peláez y Víctor Luna, al médico Juan Osorio Ciro y al siquiatra Carlos Palacio. Dada esta historia del Medellín, una la de las tareas de la Fiscalía será determinar si realmente el equipo fue vendido o si fue una simulación.

Es increíble que a pesar de todos los escándalos de corrupción, de dineros calientes, del asesinato de jugadores, árbitros y dirigentes deportivos, entre otros, el fútbol siga igual o peor que hace 20 años. Ni el Estado con Coldeportes y la Supersociedades, ni la misma Federación han podido controlarlo.

Los narcotraficantes y los paramilitares encontraron en el fútbol un terreno perfecto para mover otra de sus pasiones: el dinero. Gracias a una legislación débil y ambigua, y a un Estado permisivo, los equipos pudieron mover millonarias sumas con una infraestructura administrativa y financiera pequeña. Jugadores, que salían de sus semilleros o compraban a bajos precios, fueron vendidos después por cifras millonarias, lo que permite 'lavar' activos de manera rápida y segura. Además, las millonarias taquillas eran usadas como caja menor por quienes mandaban en los equipos.

El país no aguanta más anuncios de limpieza y transparencia. Requiere acciones que garanticen un juego limpio. Que de una vez por todas, los equipos queden sometidos en un régimen legal unificado, de sociedades anónimas y transparentes, inscritas en Bolsa y con operaciones controladas por el Estado. Esto, para que los clubes sean verdaderas empresas, con activos reales, y no clubes de papel.

La Fiscalía también debe demostrar que la justicia está por encima del fanatismo deportivo. Es inexplicable que muchas de estas investigaciones tengan origen en un documento que produjo la Supersociedades en 1995, y que a pesar de las evidencias y las irregularidades, no haya un sólo condenado. Es una vergüenza que los dineros calientes que denunció el inmolado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1983, sigan alimentando el fútbol.