Caso Uribe | Fiscalía le advierte a la Corte Suprema que está ejerciendo con “independencia y autonomía”

El fiscal Gabriel Jaimes, a cargo de la investigación en la Fiscalía General de la Nación del caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y soborno, respondió luego de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Reyes, pidiera información sobre el caso del exmandatario.

El magistrado Reyes pidió a la Fiscalía a través de un documento: “Requerir a la Fiscalía se informe acerca de las investigaciones que tuvieron como origen el auto, la compulsa de copias ordenadas tanto en la decisión inhibitoria del 16 de febrero de 2018, como en la decisión que resolvió la situación jurídica del otrora senador Álvaro Uribe”.

En la misiva, el fiscal Gabriel Jaimes asegura: “En atención a la solicitud de la referencia, me permito informar a usted que la Fiscalía General de la Nación ha asumido la competencia de las investigaciones mencionadas, ejerciendo con independencia y autonomía las facultades previstas en el artículo 250 de la Constitución Política”.

“No obstante, y en aplicación al mandato del artículo 113 constitucional, que dice: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran orgánicamente para la realización de sus fines”, le comparto que tales investigaciones se encuentran en etapa de indagación, con órdenes de policía judicial activa”, puntualizó.

Vea la transmisión de SEMANA Noticias al respecto

Gabriel Ramón Jaimes Durán, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, en marzo pasado, la solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso Gabriel Jaimes estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. “Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”, señaló el ente acusador en marzo pasado, a tomar la decisión en el caso del expresidente e instar a la preclusión de la investigación.

Recientemente, en el marco de la audiencia que define si precluye la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, por la supuesta manipulación de testigos, la Fiscalía le pidió a la juez 28 de conocimiento negar la posibilidad de vincular al proceso en calidad de víctimas a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra el exmandatario, y al periodista Gonzalo Guillén.

En criterio del fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de los delegados ante la Corte Suprema de Justicia y el responsable de adelantar el proceso contra el expresidente, no existen los elementos ni argumentos jurídicos suficientes para entregar la calidad de víctimas a estas dos personas que solicitaron a la juez su vinculación al proceso.

Para la Fiscalía es importante resaltar que si bien existen algunos elementos para demostrar que la señora Deyanira fue objeto de amenazas, también es cierto que esas condiciones se derivan de su participación como testigo del proceso y no por actitudes o acciones del investigado, en este caso el expresidente Álvaro Uribe.

¿Quién es Gabriel Jaimes?

Este abogado penalista nació en Bucaramanga, estudió en la Universidad Santo Tomás en esa ciudad, de la que además ha sido profesor. Cuenta con una experiencia de más de 25 años de carrera. Ha sido operador judicial en investigaciones y juicios penales, desde pequeños municipios del país hasta casos de suma importancia como el que acaba de acontecer con el expresidente Uribe y que sin duda marcará su trayectoria.

Algunos de los ejes temáticos que ha trabajado a lo largo de su carrera han sido la corrupción administrativa, violaciones de derechos humanos en modalidades como desaparición forzada, secuestro y reclutamiento de menores, entre otros crímenes de grupos armados al margen de la ley.

Ha sido integrante de la Unidad Nacional Anticorrupción, la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión, Unidad Nacional contra el Crimen Organizado y la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales, todas dependencias de la Fiscalía General de la Nación.

También fue procurador delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde ejerció funciones del Ministerio Público en materia penal en casos de importancia nacional, algunos relacionados al conflicto armado. Fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado y ha ejercido funciones como jefe de unidades de la Fiscalía. Así mismo, participó en el proceso de implementación del sistema penal acusatorio en el país.