Viento en popa para el Galeón San José

En los últimos años el gobierno ha venido tejiendo lentamente y con todo el cuidado una estructura jurídica y política que le permita conservar, rescatar y preservar los cientos de naufragios que reposan en el fondo de sus mares. Muchos de ellos están cargados con incalculables tesoros sobre los que también hay todo tipo de intereses y presiones, no solo de grandes multinacionales, sino de varios Estados.

El Consejo de Estado escribió el último capítulo la semana pasada. Lo hizo al emitir una sentencia que resuelve las pretensiones de una acción popular que buscaba que declarara nulas todas las actuaciones que desde 1982 habían realizado la Dirección General Marítima (Dimar) y otras entidades del gobierno, que terminaron reconociéndole a la firma cazatesoros Sea Search Armada (SSA) la mitad del tesoro del galeón San José.

Aunque no ha salido a flote ni una sola moneda, lingote o esmeralda de la incalculable carga que llevaba el galeón, desde hace más de tres décadas el buque ha estado en el centro de duras batallas judiciales y de enormes presiones contra el Estado colombiano. Con ires y venires, aciertos y desaciertos, todo ello ha permitido sentar jurisprudencia y abrir un camino que otras naciones, también con un rico patrimonio sumergido, no han querido ni siquiera empezar a transitar.

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Antonio José Rengifo, doctor en Derecho del Mar de la Universidad de Londres y director del Centro de Pensamiento de Mares y Océanos de la Universidad Nacional, interpuso la acción popular en 2012. Rengifo alegaba que la SSA no había demostrado haber hallado un galeón, ni mucho menos el San José; que había ocultado información y que la Dimar se había extralimitado al reconocer el hallazgo como un tesoro. Eso terminó por afectar el patrimonio nacional porque esa empresa tendría el derecho a la mitad de lo que rescate.

Como se sabe, SSA ha estado más interesada en librar una batalla judicial nacional e internacional contra el Estado colombiano, al que demandó por 20.000 millones de dólares, que en rescatar el naufragio que denunció. Y, en todo este tiempo, en especial en el gobierno actual, el Estado fue aclarando su posición. Incluso promulgó una ley que busca rescatar, con ayuda del sector privado, este patrimonio a partir del hecho de que puede entregar una fracción de la carga como parte de pago o incluso venderla.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tras estudiar las pretensiones, declaró que no tenía competencia para anular esos actos administrativos, y menos por medio de la acción popular. No obstante, abrió la puerta para que esto se pueda pedir por otros caminos y aprovechó para hacer importantes aclaraciones.

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La primera, ratificar que en este y en todos los casos el patrimonio sumergido de los colombianos es inalienable e inembargable. Sin embargo aceptó, como hizo la Corte Constitucional, que hay elementos como piedras preciosas, lingotes de oro y plata, monedas o valores de cambio que podrían no serlo. Es decir, ratificó lo escrito en la Ley 1675 de 2013 que le entregó esa tarea al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que tiene la última palabra.

La segunda, que la empresa Sea Search Armada tiene un derecho -no muy bien definido- sobre el hallazgo que hizo en los años ochenta, que como se ha venido a saber no corresponde con la ubicación del galeón San José. Esto significa que en caso de que haya un naufragio y un rescate, la firma gringa solo tendría derecho hasta el 50 por ciento, no de todo, sino de lo que no sea declarado patrimonio. Y, tercero, ratificó y, en cierta medida armonizó, todo lo que ya habían dicho el mismo Consejo y los altos tribunales.

Rengifo dijo a SEMANA que está claro que la Sea Search obtuvo unos derechos de forma espuria, y que el gobierno perdió una oportunidad de oro para haber declarado todo nulo. Y advirtió que está estudiando qué otras acciones adelantará.

La ministra de Cultura, Mariana Garcés, dijo a esta revista que con la decisión del Consejo de Estado quedan claros varios puntos fundamentales: la unidad de criterio entre las altas cortes y la defensa de los intereses del Estado frente a esta materia; la ratificación en cuanto a que no pueden proceder embargos frente a los hallazgos y el patrimonio cultural; y la reiteración de que no todo lo sumergido es patrimonio, sino que debe mediar una calificación del Consejo de Patrimonio Cultural. Y lo más importante, “ratifica que los naufragios que están en aguas nacionales son de Colombia”.

La ministra dijo que las coordenadas reportadas por la SSA y reconocidas en la resolución de la Dimar objeto de la acción popular son distintas que las coordenadas donde realmente se encuentra el San José. También anunció que en las próximas semanas el gobierno dará a conocer las bases de la alianza público– privada para preservar, rescatar y conservar este galeón.

Gonzalo Castellanos, uno de los mayores expertos en derecho cultural, declaró a esta revista que si algo queda en claro, es que el país y el gobierno plantaron una posición valiosa: “Todos los naufragios que están en las aguas territoriales son de Colombia, y no tenemos por qué abrir líneas de acogida a lo que digan otros países para volverse a llevar más de lo que en el pasado expoliaron”. Ni mucho menos a una empresa privada como la Sea Search Armada, que en 1982 obtuvo de manera ladina una licencia sobre la nada y basándose en una legislación turbia con la aquiescencia del gobierno de la época.

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El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, dijo que esta es una grata noticia para los colombianos porque confirma el resultado de muchos años de esfuerzo del Estado por proteger el patrimonio nacional; además, el fallo “blinda al país de las pretensiones de la Sea Search sobre el galeón San José”.

La defensa del país ya desplegó sus cañones y empieza a elevar una muralla. Falta ver cómo van a reaccionar y actuar los países, que como España y Perú, o la propia Sea Search Armada, quieren parte no del patrimonio, sino del gran botín que está sumergido.