Ganar demanda contra el Estado no es garantía de que se reciba la indemnización. El panorama litigioso en varias regiones es grave

Que el Estado pierda una demanda representa que miles de colombianos dejen de recibir inversión para proyectos sociales. Hay 350.000 procesos en contra de la Nación avanzando en los tribunales, las pretensiones de quienes se sienten víctimas suman más de 600 billones de pesos. Solo los jueces definirán si realmente se les debe indemnizar o no en cada uno de los casos.

No todos los procesos jurídicos que las entidades públicas pierden son en realidad porque sean culpables, en muchos de ellos la derrota se da por negligencia, falta de estrategia, sobre carga laboral en un departamento jurídico que tiene pocos funcionarios para hacer frente. La peor parte se la llevan los territorios, departamentos y municipios en los que los pasivos por demandas superan el presupuesto asignado para la atención de toda la población.

El panorama litigioso del litoral Pacífico, que comprende los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca, es uno de los que más preocupa y no es para menos, por la dinámica sociopolítica y económica de la región que históricamente ha atravesado grandes desafíos en atención integral. Solo en esa zona hay más de 8 mil procesos activos, con pretensiones económicas que superan los cincuenta billones de pesos.

En conversación con SEMANA, las gobernaciones de algunos de estos departamentos señalaron que los problemas litigiosos que más les han costado a las entidades públicas, en todo es sentido de la palabra, son aquellos que están relacionados con el conflicto armado. Los litigios más pretenciosos son por afectaciones que traen la minería ilegal, el desplazamiento forzado y la erradicación de cultivos ilícitos. Sin contar que a decenas de ciudadanos se les ha vulnerado su derecho a tener lo básico, como la prestación de servicios públicos.

Wilson Caicedo, director jurídico de la gobernación de Chocó, confesó que el panorama es tan grave que las sentencias que salieron en su contra no podrán ser pagas en menos de dos décadas, sin contar que hay personas que llevan más de 15 años esperando con orden de un juez en la mano por su dinero.

“Debemos más de 300.000 millones de pesos, y nuestro presupuesto anual es de 3.000 millones de pesos”, dijo evidentemente preocupado, porque esa cifra crece con el paso de los días. Hay que sumar y multiplicar de nuevo en el momento del pago, sube por costas, intereses de mora y demás.

Hizo varias confesiones que dimensionan el preocupante panorama, entre ellas que no hay un histórico de cuántos procesos hay en contra del departamento, de los que han ubicado se han dado cuenta que nunca tuvieron un abogado, literalmente han perdido por W. Y que en los pocos que han tenido alguna pista, han identificado la intervención de algunos funcionarios corruptos.

Cada región es particular, por ejemplo, en el Valle del Cauca una de las causas por las que el departamento recibía múltiples demandas correspondía al mal estado de las carretas que generaban accidentes. Antes de 2016 la situación para el departamento era insostenible, perdían el 80 % de los procesos.

Según Diana Lorena Vanegas, directora Jurídica de la Gobernación, las derrotas se daban por “falta de compromiso y descuido”, luego durante el primer gobierno de Dalian Francisca Toro empezaron a diseñar una estrategia que ayudó a mitigar el hueco fiscal que se estaba generando. A la fecha, el departamento adeuda 28.000 millones por procesos que se han adelantado desde 1998.

En la actualidad los pasivos por demandas suman más de 2 billones de pesos, pero consideran que a diferencia de 8 años atrás, solo el 10 % de los casos tienen un riesgo alto de perderlos. Vanegas y el equipo jurídico de la gobernación está asesorando a los otros departamentos y municipios del litoral Pacífico, para prevenir el daño antijurídico en los territorios, impulsar la resolución de conflictos, el pago de créditos judiciales y la recuperación de recursos públicos.

La preocupación es tal que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó recientemente el lanzamiento un sistema nacional, que pretende una articulación efectiva entre la Nación y los territorios, para reducir el impacto fiscal en los presupuestos de las administraciones locales.