General Mario Montoya: ¿cómo fueron asesinadas 104 personas presentadas como falsos positivos?

El general Mario Montoya asumió el cargo como comandante el Ejército en el año 2006 y durante ese periodo se produjo la mayor cantidad de falsos positivos, eufemismo con el que se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas armadas.

Al excomandante se le atribuyeron 104 casos de ejecuciones extrajudiciales durante ese año. Se conoce que dichos casos fueron motivados por una política que daba beneficios a los oficiales por cada “baja” en combate. No obstante, en noviembre de 2007 ante las denuncias de varias ONG sobre las posibles ejecuciones cometidas por miembros de la institución, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, se vio obligado a emitir una directiva en la cual priorizaba las desmovilizaciones y las capturas por encima de las bajas en combate.

La escandalosa noticia continuó haciendo eco, en especial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde el tribunal de justicia transicional imputó a otros 15 militares. Ante los hechos, el fiscal Francisco Barbosa reveló a SEMANA que Montoya, quien ve como símbolo de esa política militar, sería imputado por 104 falsos positivos.

“Mire, en las diligencias de muchos de esos crímenes aparecían personas vestidas donde ni siquiera los impactos de bala cruzaban la ropa. Encontramos víctimas en estos expedientes que tenían dos zapatos derechos o dos izquierdos en los pies. Los análisis médico forenses fueron muy claros. Eso no es Colombia”, aseguró Barbosa a SEMANA.

Los relatos de lo ocurrido son indignantes. SEMANA conoció algunos de los casos. El 18 de julio de 2008, en jurisdicción del municipio de Isnos (Huila), unidades adscritas al Batallón de Infantería número 27 Magdalena, con sede en Pitalito, pertenecientes a la Novena Brigada, dieron muerte con arma de fuego a tres hombres: Miller Blandón, Juan Martínez y Álvaro Ramírez.

Según el informe militar, estaban haciendo presencia en esa zona con el fin de extorsionar a los habitantes del sector. Por estos hechos fueron señalados como presuntos integrantes de bandas delincuenciales al servicio de las milicias de la cuadrilla 13 de las Farc. Los militares encargados del operativo aseguraron que estas personas portaban armas de fuego de corto y largo alcance.

Junto a los cadáveres fueron encontrados fusiles, carabinas, un revólver calibre 38 especial y un morral de color verde con elementos explosivos.

Después las investigaciones concluyeron lo siguiente. “Se indica que los cuerpos de las víctimas estaban vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, pantalones de sudadera y botas que no correspondían a las tallas de las víctimas, así como buzos nuevos con las etiquetas. Así mismo, se refiere que en los pies de las víctimas se evidenció pérdida de las huellas plantares”, dice una de las sentencias condenatorias contra los uniformados asesinos.

Las indagaciones también establecieron que las personas que perdieron la vida hicieron parte de los programas de rehabilitación por consumo de estupefacientes en Neiva.

Otra de las ejecuciones extrajudiciales por las cuales tendrá que responder el general Montoya ocurrió el 29 de enero de 2008 en el corregimiento de Valencia, en Sincé (Sucre).

Ese día, miembros del Batallón Junín, perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre, presentaron como muerto en combate a Saleth de Jesús Caldera. Según la versión de los militares, estos se encontraban en operaciones y en una misión táctica realizando actividades por la presencia de delincuentes que estaban amenazando a los dueños de las fincas cercanas. Ese día supuestamente, según su versión, oyeron a unos perros ladrar y ruidos en medio de la maleza, y uno de los militares gritó: “Somos del Ejército Nacional”. De acuerdo con lo que dijeron, los empezaron a atacar y ellos tuvieron que responder. Luego escucharon unos quejidos de dolor y encontraron a Caldera agonizando.

Las investigaciones concluyeron que la operación militar mencionada para nada obedecía a una orden expedida con atención a las disposiciones legales y reglamentarias, sino que se trató de un proceder delictivo, en el cual miembros del Ejército recurrieron a particulares para convencer y trasladar a la víctima al sitio preconcebido y, una vez allí, dispararle sin mediar provocación que justificara esa acción. Además aparentaron la ocurrencia de un combate o una agresión de parte de la víctima, y para ello se manipuló y se modificó la posición del cuerpo. Se puso un arma y munición en sitios y posiciones que aparentaban un porte y una agresión que nunca existió.