Nación

General (r) Mario Montoya podría pagar una pena de 20 años de cárcel por no reconocer casos de ‘falsos positivos’: JEP

La Jurisdicción Especial de Paz trasladó su caso a la Unidad de Investigación y Acusación.

Redacción Semana
18 de diciembre de 2024
General Mario Montoya rindió declaración en septiembre de 2022 ante la JEP.
General Mario Montoya rindió declaración en la JEP. | Foto: JEP

La Jurisdicción Especial de Paz acaba de trasladar el caso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación, y ahora podría enfrentarse a una pena de 20 años de cárcel por no reconocer los casos de falsos positivos que se dieron a su mando.

La magistrada Catalina Díaz Gómez explicó que el no reconocimiento de Montoya están relacionados con el asesinato y desaparición de por lo menos 118 personas que fueron presentadas como “falsas bajas” en combate en el oriente antioqueño, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2002 y 2003.

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz detallaron que “a pesar de las pruebas que obran en su contra, la Sala de Reconocimiento de Verdad decidió remitir el caso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). El general sigue bajo investigación de la Sala, en el marco de la fase nacional del Caso 03, por los hechos ocurridos mientras era comandante del Ejército Nacional”.

Ahora la UIA, que opera como la Fiscalía de la JEP, deberá investigar y decidir si acusa a Montoya ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz. La Jurisdicción aclaró que “De ser hallado culpable, Montoya Uribe se enfrentaría a una condena de hasta 20 años de cárcel”.

La Sala de Reconocimiento evidenció que durante el mando de Montoya en la IV Brigada del Ejército, tenía el deber jurídico de evitar que sus subordinados cometieras estos crímenes internacionales, sino también de no realizar acciones que permitieran el patrón.

“A partir de las versiones de 64 integrantes de la fuerza pública, entre otras fuentes documentales, como 12 informes, aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, la magistratura halló que, contrario a este deber constitucional, Montoya Uribe generó las condiciones que llevaron a la comisión de los crímenes imputados”, explicó la JEP.

La evidencia también demostraría que Montoya propicio un escenario de competencia entre sus soldados, para ser el primero en el ranking de “muertos en combate”. La Sala también determinó que el general (r) “mintió sobre la producción de bajas (muertos) pertenecientes a las Farc - EP, incluso, para encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza”.

Hace pocas semanas, Estados Unidos le prohibió el ingreso al general (r) Mario Montoya Uribe y a su familia por los vínculos con graves violaciones de derechos humanos que se presentaron con los “falsos positivos” durante el conflicto armado en Colombia.

El secretario de Estado, Antony Blinken, explicó en un comunicado que existen “pruebas creíbles” que salpican al alto oficial con las ejecuciones extrajudiciales cuando tuvo mando dentro de la fuerza. Por esa razón, dice el documento, “como resultado de esta acción, Montoya Uribe y sus familiares directos no tienen derecho a entrar en Estados Unidos”.

La JEP le imputó al general (r) y a ocho oficiales más por lo menos 130 asesinatos y desapariciones forzadas que se registraron entre 2002 y 2003 en el oriente de Antioquia. El reporte de la Jurisdicción Especial para la Paz detallaba que Montoya le pedí a sus tropas “litros”, barriles” o “carrotancados” de sangre.

El pasado 22 de noviembre, la JEP también le confirmó al excomandante del Ejército Nacional el rechazo a la solicitud de nulidad presentada en el macrocaso 03, que investiga los “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. La defensa del alto oficial alegaba que se le vulneró su derecho al debido proceso y hasta argumentó contradicciones por parte de la Jurisdicción.

Sin embargo, la JEP detalló que no se presentó ningún tipo de vulneración al oficial en retiro. Incluso cuestionó la claridad de los argumentos presentados por la defensa del general Montoya. “Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio”.