General Romero, acusado de corrupción, permanecerá preso en el Cantón Norte

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá envió a prisión al general en retiro Jorge Horacio Romero. El exalto oficial permanecerá detenido en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá, mientras avanza el proceso en su contra por supuestos actos de corrupción en la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, cuando él la comandaba. Romero se declaró inocente de las acusaciones.

El tribunal consideró que Romero, de permanecer en libertad, podría afectar el caso. Esto, basado en las exposiciones de la Fiscalía que apuntan a que el general movió su influencia para conocer y detener el avance de las pesquisas en su contra, en las que el ente investigador trabaja desde hace un año.

Acomienzos de julio, SEMANA publicó una investigación sobre actos corruptos que vincularían a varios generales, y allí apareció el nombre de Romero. Esta revista dio a conocer testimonios y pruebas que relacionaban al general con el direccionamiento de contratos dentro de la Cuarta Brigada del Ejército, que él comandó entre 2016 y 2017, así como con la existencia de una especie de cartel para vender permisos de armas que terminaron en las manos de peligrosos criminales.

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Entonces, tras la publicación, esos procesos congelados en la Fiscalía produjeron resultados. La primera reacción a las revelaciones llegó del Ministerio de Defensa, que se vio obligado a retirar a cinco generales, incluidos Romero y el mayor general Adelmo Fajardo, el segundo comandante del Ejército. Luego actuó la Fiscalía. El 30 de julio, ese ente lanzó una operación que terminó días después con la captura de nueve personas, entre ellas dos coroneles, otros cuatro militares y tres contratistas relacionados con la Cuarta Brigada.

En las audiencias adelantadas a los sospechosos empezó a sonar la explicación de la Fiscalía sobre el entramado de corrupción, que señalaba a Romero como uno de los determinadores de las irregularidades.

El general tiene un amplio expediente. SEMANA reveló el 7 de julio testimonios bastante comprometedores en su contra. En uno de ellos, un importante comerciante antioqueño aseguró que, por pedido de Romero, reunió a la plana mayor del empresariado paisa. El general quería empezar a cobrarles por los permisos de armas. “Me dice: ‘lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’ ”, contó el testigo. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, pensé: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”.

Otra evidencia, denunciada en exclusiva por esta revista, muestra la visita a la Cuarta Brigada de una mujer que trabajaba como intermediaria de un narco. Allí llegó con órdenes concretas de entregar dinero a cambio de los permisos de armas para su jefe. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dijo. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía encontraron que entre 2016 y 2018 aparecieron 60 personas beneficiadas de los permisos de la Cuarta Brigada, que a su vez tenían anotaciones policiales o antecedentes judiciales.

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SEMANA también dio a conocer  el testimonio de un oficial que trabajó con Romero, quien habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Cuando le expusimos el trabajo, él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten altos oficiales. El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible serviría para costear el viaje de su esposa.

“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”. Su testimonio está en poder de los organismos de control.

Casi un mes después de la publicación de SEMANA, la Fiscalía capturó a los primeros nueve sospechosos. Entonces salieron a la luz más evidencias de lo que sucedía en la Cuarta Brigada, y muchas de ellas apuntaban a Romero. El entramado de irregularidades en esa unidad habría beneficiado a tres empresas con 31 contratos por 4.500 millones de pesos entre 2016 y 2017, con sobornos de hasta el 10 por ciento. Y Romero ordenaba esos actos, según señaló Fiscalía. 

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Las irregularidades siguieron saliendo a la luz. Hace dos semanas, Noticias Caracol hizo públicos documentos que muestran que Romero conoció denuncias contra oficiales a su cargo hoy investigados. e incluso presos, y archivó los procesos. “Ellos, antes de lanzar cada proceso (de contratación), se reunían con los que servían de proveedores y organizaban los pliegos”, decía uno de los testimonios que le llegaron al alto oficial. Tres meses después de recibirlo, en agosto de 2017, Romero archivó la denuncia. Argumentó que “los hechos que se narran en la queja son tan disciplinariamente irrelevantes, que no hace necesario mover el aparato jurisdiccional disciplinario”.

Caracol Radio y Blu Radio también publicaron hace poco evidencias que comprometen al alto oficial. Se trata de audios de militares y contratistas de la Cuarta Brigada. En uno de esos, dos oficiales hablan de la molestia del general por las declaraciones en su contra en la Fiscalía. Según la conversación de dos uniformados, el general Romero estaba afectado por lo que los militares estaban contando. “Si yo quisiera hundirlo... vea, con que entregue esa caja, con eso tiene para que todo el mundo se caiga ahí, hasta él. Yo guardé toda esa mierda, yo no dejé nada”, se le oye decir a uno de ellos.

El avance de esas pesquisas condujo inevitablemente a la captura del general, ocurrida la semana pasada. Ahora, el exoficial permanecerá recluído en el Cantón Norte mientras la justicia determina si es culpable de actos de corrupción, como dice la Fiscalía, o si es inocente, como argumenta Romero.