"La Jurisdicción de Paz quedó hecha a la medida de las FARC": General Jaime Ruiz

Semana.com.: Después de tanto tire y afloje, ¿cómo recibió finalmente lo que se pactó entre el Gobierno y las FARC en La Habana?

General Jaime Ruiz Barrera.: Nosotros formulamos una serie de consideraciones durante la negociación para que aquellas cosas -seguridad y defensa nacional- que podrían generar inconvenientes en el futuro. Una vez ocurrió lo del plebiscito, que ganó el No y obligó a una renegociación, nosotros nos enfocamos con lo que tenía que ver con la Justicia Transicional y sus efectos a la fuerza pública. Es decir, para todos aquellos que estuvieran en situaciones sub-judice por causas en razón del conflicto. Ese fue el punto de partida y en ese tema encontramos algunas cosas que se venían modificando ocasionalmente pero no en beneficio sino en perjuicio. Se estaba buscando cualquier tipo de instrumento u oportunidad para juzgar con la mayor rigurosidad a los miembros de la fuerza pública, algo distinto a lo que venía ocurriendo con las FARC. Fue una serie de concesiones, tras concesiones, ventajas y beneficios. En este momento las FARC no reclaman absolutamente nada por el tema de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) porque quedó hecha a su medida. 

Semana.com.: ¿Quiénes lo hicieron?

J. R. B.: Los negociadores del Gobierno que allí estaban. El exministro de justicia, el abogado de las FARC y el señor Vivanco que estaba en contacto telefónico permanente. Ellos nos metieron un parrafito. El mismo que denunciamos, y como se negoció con las FARC rompiendo una línea roja establecida por el mismo Gobierno, se logró sacar. Sin embargo, luego hubo un segundo mico que se dio en un debate de la Cámara de Representantes. Allí una abogada del Ministerio de Defensa irregularmente tomándose el nombre de la cartera quiso meter algo que tiene que ver precisamente con eso y que ha sido motivo de discusión: la aplicación del Derecho Penal Internacional contra miembros de la fuerza pública.

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Semana.com.: ¿Por qué no quieren que eso suceda?

J. R. B.: Dejar entrar al Derecho Penal Internacional (DPI) es abrirle la puerta a todo tipo de tratado internacional rompiendo un principio elemental que considera el mismo Estatuto de Roma de que la prevalencia para estos procesos es del derecho interno de cada país. Así pues, los tratados internacionales que tienen que ver con DPI son subsidiarios. Si el país no cumple con los estándares internacionales establecidos, ahí es donde se aplica. Pero, tal como quedó el esquema de lo que es la JEP y el tratamiento diferenciado para los miembros de las fuerzas militares, es concordante con estos lineamientos internacionales. O sea que se cumple con ese compromiso porque hay investigación, un proceso judicial y una sanción. Eso quedó así, está en los acuerdos, quedó en la Ley de Amnistía y así está en el esquema general de este Acto Legislativo. Sin embargo, vemos la intención persistente y constante de muchas organizaciones de extrema izquierda radical nacional y extranjera para que, por ejemplo, en el caso concreto de la responsabilidad de mando se aplique exactamente como se define en el Artículo 28 del Estatuto de Roma. 

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Semana.com.: ¿Explíquese?

J. R. B.: Aquí se da una definición similar pero no exacta. ¿Porque?, Fue rechazado en el 2002 por parte de la Corte Constitucional y no entró al bloque de constitucionalidad porque es nocivo y ha sido rechazado por distintos países. Hay una parte en la que es inadmisible aceptar lo que ahí se plantea. Hay dos cosas que dice: el comandante está en la obligación de saber de las actuaciones de sus subordinados. Eso es cierto pues uno está como comandante de la organización. Pero, si en un momento dado no se le prueba al comandante que en cualquier circunstancia no logró saber, entonces la otra parte dice: pero debería. Cuando se refiere a eso, no se requiere prueba de ninguna especie. De malas debería saber. Le aplican el artículo del Estatuto de Roma y lo condenan penalmente por cualquier actuación de los subordinados. 

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Semana.com.: Entonces, ¿les preocupa como quedó consignado el tema de justicia para las fuerzas militares en el acuerdo final?

J. R. B.: Nosotros hemos asumido una posición muy firme y muy clara. Estamos planteando la posibilidad de hablar con el presidente Juan Manuel Santos porque suponemos que todo esto se ha hecho a espaldas de él. Una cosa fue lo que él nos dijo y otra la que se está dando. Hay que corregir los textos. Hemos presentado formalmente ante el Senado de la República una proposición en la cual decimos qué es lo que hay que cambiar. En términos, en cuestión de redacción que permiten distintas interpretaciones. Unas que no pueden ser nocivas y lesivas para los miembros de la fuerza pública. Así pues que si el presidente respalda esta proposición podríamos resolver esto.

Semana.com.: Horas antes de la firma en el Teatro Colón se conoció un comunicado de presidencia en el que se quitó la referencia al artículo del Estatuto de Roma que habla de responsabilidad de mando. ¿Eso no era todo lo que pedían?

J. R. B.: A través de la Fe de erratas se logró sacar el Artículo 28. Sin embargo, había otras cosas que quedaron y se modificaron inconsultamente a espaldas del mando militar. A espaldas de nuestro representante el general Mora, que debió estar en la mesa de discusiones pero no lo invitaron. A él lo excluyeron como también al general Naranjo. Fue un procedimiento irregular y mal intencionado. No todo se logró cambiar y como quedaron cosas pendientes, el compromiso era que eso quedaba incluido en este Acto Legislativo. Se firmó un acta que firmó el doctor de la Calle y los negociadores en la Casa de Nariño, pero nos engañaron. En otra reunió, a la que yo personalmente fue, manifesté ocho puntos que consideramos importantes, que se discutieron y nos aprobaron de los ocho cinco puntos. Tranquilos general, estos no porque son improcedentes pero tampoco se incluyeron.

Semana.com.: ¿Qué ambiente se respira entre la fuerza pública?

J. R. B.: En este momento estamos preocupados. Nos sentimos solos realmente, solos, solos. No solamente ACORE sino muchísimas organizaciones que somos representativas y este sentir también se traduce a quienes hacen parte del servicio activo. No sabemos qué va a pasar cuando se comience a aplicar con todo rigor esta justicia internacional. 

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Semana.com.: ¿Para ustedes es un riesgo que lo que se pactó quede en el bloque de constitucionalidad? ¿Eso no los deja blindados de la mano internacional?

J. R. B.: Este acto legislativo es para modificar la Constitución a través de una reforma. Lo que entra allí va a quedar en la Constitución Nacional. Si meten dentro de la constitución el tema del Derecho Penal Internacional como instrumento para juzgarnos, el DPI recoge todo: Estatuto de Roma, jurisprudencias internacionales, tratados de cualquier época que nos pueden aplicar. Han dicho, sí pero hay un principio de favorabilidad que está escrito. Por ejemplo, si yo estoy imputado hay estas y estas alternativas, el problema es que y puedo pedir una pero eso no es una decisión mía es del magistrado que lleva el caso. Él es que al final decide. 

Semana.com.: En ese sentido, ¿qué piensa de las cinco personas que fueron nombradas para que escojan a casi una centena de juristas e investigadores del Tribunal de Paz?

J. R. B.: Tenemos nuestras reservas especialmente con dos personas: el representante de las Naciones Unidas y el del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). El primero, no es nada más y nada menos que un exministro del gobierno de Toledo. Amigo de Sendero Luminoso. En su gestión como ministro de Justicia revocó cualquier cantidad de resoluciones en contra de miembros de esta organización terrorista. Después fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se desempeñó como juez y fue presidente de esta corte. Participó como en diez o doce procesos contra el Estado colombiano donde fue condenado. Tiene una posición ya muy definida.

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Semana.com.: Y, ¿cuáles son sus reparos con el delegado del Centro Internacional para la Justicia Transicional?

J. R. B.: En principio se dijo que era María Camila Moreno. Ella tiene sus posiciones respetables pero es una persona confiable y plantea los temas desde un punto de vista académico, jurídico y no político. Ahora resulta que no. Al que nombraron fue a un señor que es presidente emérito de esa organización a nivel mundial. Él tiene como antecedente haber estado preso en Argentina donde declara que fue víctima de los militares. Habla de vejámenes, torturas y se dice que Human Right Watch intervino y lo sacó de allá porque alegó que era un preso de conciencia y se llevó para Washington. Allá lo tuvieron bajo protección de muchas ONG de este tipo. Él tiene una posición que para nosotros no tiene ninguna garantía. Si son ellos los que van a escoger los jueces, sencillamente nos juzga el enemigo. Cualquier interpretación no va a ser a favor sino en contra. Por eso hay que cerrarles las puertas a todas estas eventuales interpretaciones que sean nocivas.

Semana.com.: Puntualmente, ¿qué es lo que están reclamando?

J. R. B.: Decimos exactamente que los artículos 20, 21, 22 y 23 que son cuatro del capítulo séptimo hay que quitar estas y estas palabras, modificarlos. Frente al artículo quinto inicial que gobierna para todo lo que es este Acto Legislativo, ahí está destacadísimo el tema. En ese hay que poner que no sea el Derecho Penal Internacional -que claro hay que respetarlo- sino que se diga que el preferente es el nuestro, el derecho interno. Nuestro Código Penal es muy fuerte porque tipifica con claridad todas las cosas de imputación por delitos que se cometen en ejercicio del mando. Allí está la omisión, la complicidad, la co-autoría todas las fórmulas muy precisas. La ventaja con el Estatuto de Roma es que nuestros códigos sí exigen pruebas. El Estatuto de Roma dice usted: debía saber y si no, de malas usted debía haber sabido y sin pruebas lo condenan a uno. Esa es la gran diferencia. 

Semana.com.: El presidente Juan Manuel Santos les ha respondido algunos de los llamados, ¿qué les ha dicho?

J. R. B.: Hemos tenido anuncios muy positivos de que no va a pasar nada. Así nos decía el doctor Yesid Reyes a quien trajimos acá (ACORE). "Eso es cuestión de interpretación", decía. Sin embargo es ahí precisamente cuando no se dicen taxativamente las cosas en una norma que esa interpretación puede ser en favor o en contra y más cuando quienes van a señalar son personas no confiables. Eso es lo que hay que  corregir. El presidente ha insistido en que hay plena seguridad jurídica. Visita a los cuarteles, habla con la tropa me he comprometido a que haya seguridad jurídica y blindaje total nacional o internacional. Casos cerrados, casos juzgados. Muy bien señor presidente, es en el mismo sentido que se va a aplicar a las FARC. Pero ahora vemos que se va a aplicar diferente. Todos para ellos y mucho riesgo para nosotros. 

Semana.com.: ¿Sienten entonces que el Gobierno los entregó a la justicia internacional?

J. R. B.: El Gobierno no, sino unos funcionarios. Ya tenemos el caso del primer y segundo mico. Ahora, seguramente puede haber un tercer mico con el primer debate que se dé en la Comisión Primera del Senado. Lo que creemos es que al presidente le están ocultando esto porque va en contra vía de lo que él dijo. Tenemos la convicción de que el presidente no sabe. Y él es el único que puede solucionar este problema porque el tema militar no hay que consultarlo con las FARC y es decisión del jefe del Estado. Los congresistas nos quieren ayudar, nos dijeron mire general si el Gobierno no presenta las modificaciones nosotros no podemos hacer nada. Hablamos con los ponentes. Hay un artículo del doctor Rodrigo Lara, que dice que los militares no están solos pero si nos sentimos solos, completamente solos y vamos a quedar sometidos a esta justicia internacional que nos van a aplicar con todo el rigor. A la Corte Penal Internacional le interesa producir resultados. Desde el momento que se creó esa Corte sólo se han producido ocho fallos. Se le está ofreciendo en bandeja a estos señores que están aquí para que la Corte entre. Aquí lo que hay que respetar el derecho interno.

Semana.com: Con todo lo que ha pasado en estas últimas semanas en materia de implementación, ¿les cree a las FARC?

J. R. B.: Yo personalmente conozco a las FARC desde cuando eran chiquitas. Cuando nacieron en la zona del Tequendama. No, no fue en Marquetalia, fue aquí donde se dieron las primeras manifestaciones sobre el tema agrario. Después vino el cuento de las gallinas de ‘Tirofijo‘ ahí fue donde se organizan como grupo se armado para enfrentar al Estado. Difícil creerles para quienes las conocemos. Difícil creerles, con ellas se llegó a un punto donde se les entregó todo, muchísimo y aprovecharon esa generosidad del Estado para ser mucho más exigentes. Porque cuando se es generoso en una negociación es muestra de debilidad y supieron utilizarla. Quién nos garantiza que van a entregar la totalidad de las armas si son 5.000 o 6.000, ellos entregarán ese mismo número de armas individuales. ¿Dónde está el resto?, en qué caleta las tienen guardadas. Ellos llegaron a tener 26.000 hombres en armas. Quién va a verificar eso, ¿las Naciones Unidas? pero si nos van a enviar gente como este delegado de la comisión que va a elegir a los magistrados, pues qué garantías tenemos. No hay mucha credibilidad.

Semana.com: La llegada del general Óscar Naranjo a la vicepresidencia de la república en los próximos días los deja tranquilo, ¿qué esperan de él?

J. R. B.: El general Naranjo es un oficial muy calificado. Un general que por haber sido director de la Policía Nacional conoce a profundidad la situación del país en materia de seguridad ciudadana. Así pues que sus aportes a la negociación tuvieron que ser muy valiosos y si ahora llega a ser vicepresidente de la República, esperamos del alto cargo y por la dignidad que ha alcanzado, que influya de manera decisiva en beneficio de la fuerza pública. Que pueda decirle al presidente hay que corregir, modificar, adecuar, y darles las garantías que usted ofreció señor presidente. En ese sentido, esperamos que tenga una buena participación e influya decisivamente en el futuro en nuestro beneficio.