A pesar de Interbolsa, Gerardo Hernández vuelve a la función pública

La quiebra de Interbolsa puso a tambalear a propios y extraños. La comisionista de bolsa más próspera y confiable del país fue intervenida por las autoridades en el 2012, por perder la capacidad de cumplir sus compromisos.

El episodio fue la costosa consecuencia de elevar, de manera ficticia, el valor accionario de una de las competidoras del mercado de valores. Entre los descabezados se cuenta el superintendente financiero Gerardo Hernández, quien desde este lunes vuelve al ‘ring’.

La noticia es que el funcionario, experto en asuntos económicos, se reincorporará a la actividad pública, pese a haber sido sancionado por omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

Como la Procuraduría le impuso una suspensión por diez meses que ya se cumplió, el superintendente volverá a su cargo a partir de esta semana.

Interbolsa dejó de ser una de las empresas más fuertes del mercado de valores luego de ser intervenida por el Estado a finales del 2012. La firma terminó siendo víctima de sus propios excesos, al no poder cumplir las obligaciones de cientos de inversionistas que le apostaron a un gran negocio.

Pero los socios de la firma decepcionaron a los ahorradores cuando utilizaron el dinero ajeno en negocios e no dieron frutos y en millonarios gastos para satisfacer sus necesidades.

Como era de esperarse, el escándalo empezó a descabezar a los agentes del mercado y a más de un funcionario responsable de su vigilancia. Entre ellos, Gerardo Hernández, jefe de la Superintendencia Financiera, por no haber actuado antes de que se llegara a un punto irreversible.

El 27 de noviembre del 2013, la Procuraduría lo marginó de su cargo. Le impuso una sanción de destitución e inhabilidad de 12 años. La misma determinación cobijó al exsuperintendente delegado de Riesgos del Mercado Diego Mauricio Herrera y a la exsuperintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgos Rosita Esther Barrios Figueroa.

Casi un año y medio después, en marzo del 2015, el Ministerio Público les redujo el castigo drásticamente. Le modificó la destitución e inhabilidad a Hernández por una suspensión de diez meses. En similar sentido se pronunció frente a los casos de Diego Mauricio Herrera y Rosita Barrios Figueroa, a quienes les sustituyó la sanción por una suspensión de ocho meses.

La verdad es que la Procuraduría cambió su tesis frente a las faltas en las que incurrieron estos funcionarios. Aun cuando creyó que pudieron tener conciencia de que la comisionista había manipulado el valor de las acciones de una de las compañías como Fabricato, lo que propició que sus clientes invirtieran en ella más de lo debido, se convenció de que su único error fue no haber denunciado a tiempo el caso ante las autoridades penales.

El organismo de control encontró que la Superintendencia sí trató de alertar a otras autoridades de esta irregularidad. Sin embargo, creyó que lo hizo de manera tardía y por eso mantuvo su convencimiento sobre la responsabilidad disciplinaria de los investigados.

No obstante, entendió que su actuación no tuvo la gravedad que se creía al principio. Por eso, en marzo del 2015, la entidad sustituyó la sanción por la suspensión en el ejercicio de sus cargos.

En el caso de Gerardo Hernández, ese plazo acaba de terminar, lo que significa que volverá a liderar las actuaciones de la Superintendencia Financiera. Algunos lo ven como una segunda oportunidad y otros como la simple consecuencia de un procedimiento formal.