La encrucijada de la ministra Gina Parody

Por la magnitud de las multitudes que se volcaron a las calles el miércoles pasado se podría pensar que los colombianos habían salido a marchar para apoyar o rechazar el proceso de paz. Pero en realidad se trataba de una razón muy diferente: una cartilla de educación sexual. Una movilización de ese tamaño no es muy frecuente, sobre todo si se tiene en cuenta que fue prácticamente espontánea pues no hubo ni tiempo, ni medios de comunicación, ni plata para organizarla. Fue simplemente el producto de una controversia de tres días alrededor del supuesto interés del Ministerio de Educación en imponer la “ideología de género” en la educación de los niños.

Lo que se vivió la semana pasada sorprendió a muchos y asustó a otros tantos. En parte, porque se trata de uno de esos temas que genera conflictos irresolubles. Muchos colombianos sintieron que el Estado quería inmiscuirse en sus creencias, su concepto de familia y la forma de educar a sus hijos. Pero no eran los únicos indignados. También había otro grupo de personas que consideraban totalmente desproporcionada una reacción masiva en contra de algo que, para ellos, no era más que una defensa del principio constitucional de la igualdad de derechos, en busca de evitar la discriminación y el matoneo en los colegios por razones de orientación sexual.

Los argumentos de las dos partes tenían validez. Pero lo que primó en el escándalo fue la desinformación, los fanatismos, la manipulación política, la homofobia y sobre todo un mal manejo de la crisis. En el trasfondo de todo esto había una tragedia familiar: el suicidio del estudiante Sergio Urrego por el matoneo que vivió en su colegio por su condición de homosexual.  Esa tragedia impactó tanto al país que dio origen al fallo de la Corte Constitucional que obligó al ministerio a revisar los manuales de convivencia.     

Eso desembocó en la publicación de un manual denominado ‘Ambientes escolares libres de discriminación’. El documento estaba centrado en promover la tolerancia hacia los niños y jóvenes que tienen orientaciones sexuales diversas. El contenido de este llevó hace unas semanas a la diputada de Santander, Ángela Hernández, a denunciar lo que ella denominó “la colonización homosexual” del Ministerio de Educación en los planteles.

Sus declaraciones, muchas exageradas y salidas de tono, provocaron una reacción airada de miembros de la comunidad LGBTI. A los pocos días, el alcalde de Bucaramanga realizó un acto frecuente en las grandes ciudades: izó la bandera multicolor de los gais. Desde ese día, numerosas Iglesias lanzaron la idea de convocar una marcha para “defender los valores cristianos y la familia”.

Esa idea se concretó la semana pasada. La convocatoria llegó a los medios de comunicación y se volvió masiva por una mentira. En redes sociales comenzaron a difundirse unas cartillas con contenidos sexualmente explícitos.  Los libros no tenían nada que ver con el ministerio. Eran un cómic pornográfico para adultos, editado en Bélgica, llamado In Bed with David and Jonathan (En la cama con David y Jonathan) que contenía ilustraciones gráficas de actividad sexual entre adolescentes del mismo sexo. La ministra Gina Parody inmediatamente rechazó “la manipulación masiva para asustar y aterrorizar a las familias”. Aclaró que se trataba de una guerra sucia y que era falso que esas cartillas tuvieran algo que ver con el ministerio a su cargo.

Frases polémicas

Pero el problema no era esa cartilla, sino la otra. La que sí tenía algo que ver con el Ministerio de Educación terminó enredando a la ministra Parody. Aunque el título de esta sonaba neutral, algunas frases contenidas allí dejaban la impresión de que no lo eran. En términos generales el documento no era escandaloso, pero algunas afirmaciones parecían desafiantes. La más polémica, que escandalizó a las mayorías dice que “no se nace siendo niña o niño”, sino que la sociedad construye esos modelos. Eso encendió las alarmas en las Iglesias y en un buen número de padres de familia. También sugería a las instituciones excluir de sus manuales de convivencia los conceptos de “moral” y “buenas costumbres” y evitar imponerles a los niños uniformes que fueran en contravía de la identidad sexual con que se asocian.  

El tono del manual y ciertos conceptos resultaron desafortunados y dieron lugar a equívocos y protestas. Lo cierto es que no decía nada distinto a lo establecido en múltiples fallos de la Corte Constitucional que protegen la diversidad sexual, incluyendo en forma explícita, por ejemplo, la inconveniencia de invocar “la moral”, que es un concepto subjetivo. Pero esos mismos conceptos repetidos una y otra vez en una cartilla pública pedagógica no coincidían necesariamente con la forma como muchos padres de familia quieren que se aborde esa discusión. No porque estén en desacuerdo –aunque muchos sí lo están–, sino porque consideran que se le está dando un tratamiento inadecuado al problema. Muchos de ellos prefieren manejar esas situaciones a nivel familiar, orientados por sus valores y creencias. El tratamiento en la cartilla les parecía excesivo y les dejaba la preocupación de que una cosa es defender la igualdad de derechos y otra cosa es promover la agenda de los LGBTI.

Y es que esa agenda era el meollo del problema. Porque la verdadera razón por la cual un tema, que debería ser rutinario, se convirtió en un escándalo nacional es la circunstancia de que la ministra de Educación pertenece a esa comunidad. Eso la dejaba en una posición vulnerable frente al tratamiento de temas relacionados con la diversidad sexual. No es imposible que con cualquier otro ministro también se hubiera hecho una cartilla similar. Pero la injusta coincidencia entre la temática y la orientación sexual de la ministra complicaron todo. A esto se suma que Parody, quien de por sí tenía ese flanco débil, no se supo defender.

En cuanto al contenido, ella no participó directamente en la construcción del manual. Este fue producto de un convenio con Naciones Unidas y Colombia Diversa. El monto fue de 1.586 millones de pesos, de los cuales el ministerio puso 900 millones; la Unfpa, 225 millones; Unicef, 300 millones; Colombia Diversa, 50 millones en un aporte en especie; y Cisp (una organización italiana) 111 millones. 

Probablemente la ministra, consciente del riesgo personal que enfrentaba, quiso distanciarse de ese proceso. Pero el resultado final fue contraproducente. No tanto por haber incluido a Colombia Diversa, sino por no haber incluido a otros sectores, como las asociaciones de colegios y padres de familia, la Iglesia y hasta Fecode. Estas ausencias se tradujeron en que Colombia Diversa, una organización muy respetada, terminó como la abanderada del texto final. Y Parody terminó pagando la cuenta de cobro con las manifestaciones de esta semana.

Hasta ahí, la ministra puede ser víctima simplemente de unas circunstancias desafortunadas. Ella asegura que nunca conoció la cartilla, que es consciente de que no era aplicable y que la decisión de involucrar a Colombia Diversa no fue de ella sino de las Naciones Unidas. Sin embargo, al sentirse agredida en forma tan injusta en su integridad y por cuenta de la homofobia, que en este país sí existe, no se defendió bien. En sus declaraciones hubo una combinación de arrogancia, contradicciones e inexactitudes que profundizaron la polarización. En primer lugar, Parody negó la existencia del manual y llamó “mentiroso” al procurador por decir lo contrario. Él le devolvió el mismo calificativo asegurando que lo había visto. Ordóñez tenía razón, y cuando se hizo evidente que este existía, la ministra lo calificó de borrador, carente de validez pues no tenía la aprobación de su cartera.  A esto se sumó que un procurador delegado, Carlos Mesa, había reenviado un meme de mal gusto en el cual una mamá le preguntaba después el parto si era niño o niña. Este le contestaba “esperemos a que se pronuncie el Ministerio de Educación”. Por cuenta de esto, la ministra lo acusó en duros términos de estar detrás de las cartillas pornográficas falsas. 

El verdadero problema no era la cartilla falsa, sino la real que Parody describió como un “borrador”. Sin embargo, esta había sido publicada desde abril como libro, con el código ISBN respectivo. Además había sido difundido, no con el fin de que la leyeran los alumnos, sino los profesores. Lo que hizo pensar que era un documento oficial, era que la portada llevaba el logo del Ministerio de Educación. El concepto de que no había sido aprobado por Parody era irrelevante pues el manual ya era conocido. Las Naciones Unidas apoyaron a la ministra y aclararon que ese organismo  lo había distribuido como un “documento técnico de referencia… sin contar aún con la autorización del ministerio”. Pero esta explicación no calmó los ánimos. Sí lo hizo la declaración del presidente Santos el jueves por la mañana, en el sentido de que el gobierno no iba a aplicar ninguna ideología de género y no autorizará ningún manual en ese sentido. Eso le dio un aparente, pero tardío punto final al escándalo.

La ideología de género no es un concepto científico, sino un recurso semántico y conceptual para criticar a quienes cuestionan los roles de género que la sociedad considera tradicionales. Es decir, a quienes están en contra de que la cultura les imponga a los niños la obligación de ser ‘machos’, vestirse de vaqueros, jugar con carros y cosas de esas. Y a las niñas a tener cuarto rosado, ponerse aretes y jugar con muñecas. Los que cuestionan esos roles estereotipados argumentan que dan pie al concepto de que los hombres son fuertes y las mujeres débiles, lo cual es la semilla de la violencia intrafamiliar y del desequilibrio en el mundo laboral. En ese contexto esta causa busca, según la constitucionalista Catalina Botero, que los niños con orientación sexual diferente “no se sientan menos humanos, ni menos dignos, ni que son contra natura. El Estado debe reconocerles a todos sus niños el derecho de vivir sin humillaciones”.

Los factores políticos

Pero los intereses que había detrás de esa controversia no eran solo filosóficos y religiosos, sino también políticos. Con un plebiscito a la vista, todo lo que le haga daño a la imagen del gobierno les sirve a los enemigos del presidente Santos. Y pocas cosas le han hecho más daño que este episodio. Se exacerbaron tanto los ánimos que la alta jerarquía eclesiástica le pidió una audiencia al presidente. Allá llegaron el cardenal Rubén Salazar, el nuncio apostólico Ettore Balestrero y monseñor Fabio Suescún a hacer sus reclamos. Y no eran solo los católicos, sino también los evangélicos, que son más disciplinados y proactivos.  

Pero tal vez los mayores beneficiarios del escándalo fueron los opositores al gobierno encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al tratar de convertirse en un abanderado de la causa contra la ministra quedaba sintonizado con la mayoría de los colombianos que por convicción o desinformación estaban indignados. Como el objetivo estratégico del Centro Democrático es que el plebiscito no solo se convierta en una votación sobre el proceso de paz, sino también sobre el gobierno de Santos, ese plato le quedó servido en bandeja. Todos los alfiles del uribismo aprovecharon la ‘papaya’ y salieron a marchar y dar declaraciones a diestra y siniestra.

Este episodio dejó algo preocupados a muchos de quienes han luchado y defendido la causa de los derechos de la comunidad LGBTI, ya que no quisieran ver que lo que han logrado por la vía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional quede borrado en un futuro con el codo de los políticos retardatarios que lo cojan como bandera electoral.

La conclusión de todo lo anterior es que la mezcla de sexo, religión y política siempre produce un coctel explosivo. Muchas personas que marchaban exigían la renuncia de la ministra. Eso es muy poco probable que suceda pues no es una opción fácil para ninguno de los involucrados. A pesar del mal manejo que le dio a esta situación, ella ha sido una gran ministra de Educación que ha logrado resultados importantes en el sector, sobre todo en cuanto a mejorar la calidad. Por otra parte, es considerada hoy la funcionaria más cercana al presidente Santos y le tiene plena confianza. Al presidente le importa el plebiscito, pero él no es dado a entregar cabezas por escándalos de opinión y mucho menos a sus enemigos. Por lo tanto, a pesar de la tormenta Gina se queda.