Gobernabilidad de Duque: el país con los nervios de punta

Hace tiempo no se sentía tanta incertidumbre en el país. Las encuestas indican que una amplia mayoría considera que las cosas van por mal camino. La de Invamer, publicada en la edición anterior, encontró que esa cifra asciende a 73,8 por ciento, 14 puntos más que hace dos meses. Un estudio de Colombia Risk Analysis, que incluye datos de todas las encuestadoras, concluye que el nivel actual de pesimismo no se había visto desde el gobierno de Andrés Pastrana. El índice de confianza del consumidor, de Fedesarrollo, lleva dos meses cayendo. En el campo empresarial, el clima oscila entre el nerviosismo y la perplejidad. Hasta hace poco se daba por hecho que la parálisis sentida durante la campaña electoral terminaría con la elección de Iván Duque. No fue así. El clima para los negocios no despega a pesar de que la segunda vuelta arrojó el resultado que preferían los empresarios: la derrota de Gustavo Petro, que muchos en ese sector veían como un camino hacia el ‘castrochavismo’.

El clima adverso tiene varias explicaciones. Para la economía se explica, en buena medida, por la discusión sobre el proyecto de Ley de Financiamiento o reforma tributaria. No conocer las reglas de juego que regirán desde el primero de enero de 2019 tiene a todo el mundo paralizado a la espera de saber qué va a pasar finalmente. Y la verdad es que el trámite de una ley de esta naturaleza no debería producir tantos efectos traumáticos: si algo caracteriza a Colombia, es que el régimen impositivo vive en constante revisión. Hay reformas tributarias cada dos años y sus discusiones tienen carácter permanente en círculos académicos y técnicos.

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Pero el debate actual ha sido más agitado. Influyó, sin duda, que el Centro Democrático, el partido del candidato Iván Duque, echó mano en la reciente campaña electoral de una carta demagógica de reconocida rentabilidad política: la promesa de bajar impuestos. Estrictamente, la propuesta se centraba en los impuestos que pagan las empresas, que, según la mayoría de los analistas, llegaron con la última reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos a poner en peligro la competitividad. Pero bajo el eslogan de campaña de “Más salarios, menos impuestos”, no quedó claro en la mente de los colombianos que para aliviar la carga corporativa sería necesario echar mano de otros tributos. La diferencia entre el discurso de campaña y la agenda legislativa, en la que lo tributario ha eclipsado todo lo demás, ha dificultado la discusión.

La situación del ministro Alberto Carrasquilla también deterioró la gobernabilidad en el Congreso. Aunque salió bien librado del intento de moción de censura que lideró el senador Robledo, quedó debilitado para la dura batalla sobre la Ley de Financiamiento. Le tuvo que dedicar mucho tiempo a su defensa en el caso de los bonos agua, su imagen se deterioró en las encuestas hasta llegar a ser el ministro más impopular y, como consecuencia, optó por bajar su perfil para evitar una sobreexposición. Como resultado, la controvertida reforma se quedó sin su vocero natural.

Los debates sobre impuestos siempre son sensibles, políticos y complejos. Pero en un país que vive haciendo reformas tributarias no tendría que producir un efecto tan nocivo sobre el clima político y sobre la gobernabilidad. Hay otros factores que explican la paquidermia del Congreso y el negativismo de la opinión pública. Por ejemplo, las marchas estudiantiles que demandan más recursos para la educación –sin respuesta clara del gobierno– y el nuevo coletazo del escándalo de Odebrecht que tiene al fiscal contra las cuerdas.

Los diálogos de Jorge Enrique Pizano, grabados por él mismo y publicados después de su muerte –y de la de su hijo–, exacerbaron también el nerviosismo generalizado. Y no solo por el dramatismo de la historia, sino por sus connotaciones sobre la corrupción estimulada por la constructora brasileña y por la vinculación de poderosos protagonistas de la vida del país. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, está en el ojo del huracán y la crisis probablemente terminará con la elección de un fiscal ad hoc, ya que el propio Martínez había declarado su impedimento. Pero el proceso pondrá a prueba la capacidad institucional para responder a una situación tan crítica como inédita, con la escogencia de un nombre que genere confianza y que sepa cumplir la difícil misión. Nadie conoce el desenlace. Mientras tanto, la oposición, liderada por el senador Robledo, ha sacado provecho de la difícil coyuntura. Y la opinión pública ha tenido otro factor para incrementar su perplejidad.

Hasta hace poco se daba por hecho que la parálisis sentida durante la campaña electoral terminaría con la elección de Iván Duque.

Lo cierto es que la gobernabilidad –entendida como la capacidad del gobierno para sacar adelante sus prioridades– se ve débil. El Congreso está atomizado, sin una fuerza dominante ni una coalición mayoritaria. El Centro Democrático y el Partido Liberal, primeras fuerzas en Senado y Cámara, apenas superan un 20 por ciento. La sana intención del presidente Duque de abandonar la famosa ‘mermelada’ –el intercambio de cuotas burocráticas por apoyos en el Legislativo a las iniciativas del gobierno– no ha conducido todavía a un nuevo esquema de trabajo constructivo entre los dos poderes. Como resultado, el gobierno ha quedado con el pecado y sin el género. El Congreso es reacio a apoyar sus proyectos y la opinión pública no le ha reconocido al presidente su decisión de hacer una nueva política. Pero también pasó con la discusión del IVA a la canasta familiar. El gobierno asumió un enorme costo político con plantear esa propuesta –que lo golpeó duro en las encuestas– y al final del día la retiraron. Resultado: perdió 20 puntos en las encuestas y se quedó sin la plata del IVA a la canasta familiar, que era más de 11 billones de pesos.

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También han perturbado la gobernabilidad las relaciones entre la Casa de Nariño y el partido del presidente, el Centro Democrático. Desde el día de la posesión, el 7 de agosto, los integrantes del ala más dura del uribismo han sido una piedra en el zapato para el gobierno. Les han disgustado las posiciones pragmáticas del presidente Duque para mantener el proceso de paz y garantizar la desmovilización de las Farc, en vez de volver trizas los acuerdos. Se opusieron al IVA a la canasta familiar y se dividieron frente a la consulta anticorrupción que Duque votó a favor, pero a la que se opusieron el expresidente Uribe y sus más cercanos colaboradores.

Construir una gobernabilidad sin representación política y sin el apoyo decidido del partido de gobierno es como buscar la cuadratura del círculo. Todo indica que la última semana, después de conocer las encuestas que mostraron el desplome de la imagen presidencial, el expresidente Uribe y el Centro Democrático entendieron que deben dar un timonazo en sus relaciones con el primer mandatario. “Necesitamos que Duque enderece, porque si Duque no endereza nos va muy mal”, les dijo el exmandatario a los miembros de su bancada. La larga reunión del jueves dejó la sensación de que habrá un cambio. Lo cual sería una buena noticia, en la medida en que se traduzca en hechos. Y esto, a su vez, requiere cabeza fría tanto en la Presidencia como en el Capitolio.

Porque en la Casa de Nariño también hay motivos de preocupación. Al presidente Iván Duque le han criticado una falta de liderazgo que es precisamente lo que se necesita en tiempos de turbulencia, sobre todo, en un país tan presidencialista. El mandatario ha demostrado su voluntad de dejar atrás la polarización, su respeto por las instituciones y su carácter conciliatorio. No cree en imponer sus puntos de vista y no está dispuesto a buscar apoyos políticos como producto de transacciones burocráticas.

Ese espíritu democrático debe combinarse con un sentido de la política que le permita avanzar en los temas estratégicos del país, y ese no se ve. Y también con un carácter para asumir posiciones, muchas de ellas impopulares. En algunas coyunturas, por ejemplo, sus intentos por aliviar la polarización y la pugnacidad política –que son bienvenidas– se han confundido con falta de claridad y de liderazgo. La opinión pública no tiene claro si estuvo o no de acuerdo con la ampliación del IVA en la reforma tributaria, si su discurso de austeridad es compatible con el presupuesto de gasto que aprobó el Congreso con un faltante de 14 billones de pesos, si apoya o no el fracking que su ministra del ramo defiende, si considera legítimos los reclamos de los estudiantes que marchan por más recursos para la educación y si está dispuesto a buscar los recursos que faltan. Marcar un rumbo implica pisar callos y no dejar a todo el mundo satisfecho, pero la claridad, a final del día, es un bien que todo el mundo valora.

La gobernabilidad del presidente Iván Duque se ha debilitado por sus deficientes relaciones con su propio partido y con el expresidente Uribe; por los problemas que enfrenta el fiscal Néstor Humberto Martínez, y por los debates que ha liderado el senador del Polo Jorge Enrique Robledo contra el ministro de Hacienda.

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Paradójicamente, los colombianos se sienten en medio de una crisis que todavía no ha sucedido. Las proyecciones económicas para 2019 hablan de un crecimiento del 3,5 por ciento, superior al 2,7 previsto para 2018, con una inflación controlada. Las estadísticas de violencia, sobre todo de delitos graves, han bajado. Y si miramos el vecindario, podemos decir que las cosas en Colombia no están tan mal. En Perú, Odebrecht se llevó a 3 presidentes y a la mayoría de sus líderes políticos; en Brasil, a media clase política (incluido al expresidente Lula da Silva) y Argentina está en una grave crisis económica y política, para no hablar de la situación de cuasi guerra civil de Nicaragua o la tragedia humanitaria que ha producido la dictadura de Venezuela.

En medio de un continente con tanta inestabilidad, Colombia sobresale por la visión positiva que expresan los principales centros de influencia del mundo. El país todavía genera confianza en el exterior. Y, adentro, no está atravesando un embate del narcotráfico como el que se vivió en los años ochenta, ni una amenaza de la guerrilla como la de los noventa, ni una embestida paramilitar como la del fin de siglo, ni una recesión económica como la de 1999. Hay problemas, desde luego, y no son menores. Desafíos como los cultivos ilícitos, el posconflicto o la migración, entre otros, deben ser una prioridad para el presidente Duque.

El ministro Alberto Carrasquilla no ha logrado explicar la reforma tributaria. Y su colega del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha tenido dificultades en las relaciones con el Congreso.

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Por ahora, la gran batalla está en el Congreso con la Ley de Financiamiento. Es una batalla política en la que el presidente debe demostrar su liderazgo y empezar a dar línea. Y una batalla económica para mantener sanas las finanzas públicas y evitar un colapso. Hay motivos para estar nerviosos, pero el pesimismo no es buen consejero.