Gobernación de San Andrés firmó contratos para actividades recreativas en plena pandemia: Fiscalía

Entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020 en plena pandemia, y según la Fiscalía, se suscribieron 16 contratos de prestación de servicios por más de 240 millones de pesos en la Gobernación de San Andrés y Providencia. Los contratos incluyeron actividades al aire libre y en lugares públicos como playas, aun cuando se supone los colombianos estaban en confinamiento.

Los contratos, para los investigadores de la Dirección contra la corrupción, no estaban del todo claros, por eso le imputarán cargos al gobernador Everth Julio Hawkins, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los contratos tenían como beneficiarios a personas naturales que se encargarían de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo y dichos acuerdo tenían fecha de vencimiento, antes de siete meses debían cumplirse los objetivos del contrato: actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes; al igual que auxiliares de enfermería, entre muchos otros.

“Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de formulación de imputación y de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, en contra el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Julio Hawkins Sjorgreen. La decisión se adoptará por las posibles irregularidades en contratación durante la emergencia sanitaria por covid-19″, dijo la Fiscalía.

Los investigadores insistieron que mientras el país atravesaba el momento más complicado de la pandemia, con confinamiento y todo, en la Gobernación de San Andrés se firmaban los contratos para orientar a turistas por la isla. El hecho fue considerado por la Fiscalía como una irregularidad, materia de investigación.

“Según la investigación, los referidos contratos no podrían suscribirse debido a que, para entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turísticos, para evitar la propagación del covid-19″, señaló el ente acusador en un comunicado de prensa.

Además de firmar contratos en una coyuntura que no tendría explicación, dada la situación de la pandemia, la Fiscalía logró identificar que no se adelantaron los estudios previos adecuados, ni se contemplaron las necesidades de la población en el marco de la pandemia. Todo ocurrió mientras el país pasaba por una difícil situación.

“Otra de las irregularidades, se relacionaría con la aparente existencia de fallas en la supervisión de la ejecución de los contratos pues los pagos, al parecer, se habrían adelantado sin que las actividades contratadas se realizaran”, señalaron los investigadores que después de las indagaciones concluyeron en la necesidad de la imputación de cargos.

La audiencias se adelantarán ante un magistrado del Tribunal de Bogotá y allí la Fiscalía presentará el material probatorio, los argumentos para insistir que el gobernador Everth Julio Hawkins incurrió en las conductas criminales que ahora se le recriminan y que serán el soporte de la imputación de cargos.