Gobernador de Arauca enfrenta segundo proceso por entregarle contratos al ELN

El suspendido gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se declaró inocente en el segundo proceso penal que se le adelanta por presuntamente entregarles millonarios contratos a integrantes del frente Domingo Lanín Sáenz de la guerrilla del ELN. En la audiencia celebrada este miércoles, la Fiscalía General indicó que el mandatario recibió apoyo y colaboración de esta estructura armada para su campaña en el año 2012.

Castillo Cisneros habría entregado de manera irregular los contratos No. 497 del 9 de octubre de 2013, por un valor de $7.312.940.169, y el No. 362 del 10 de octubre de 2013, por $2.498.124.083. Estos convenios tenían como objeto la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas de todo el departamento.

La Fiscalía General indicó que en los dos se encontraron cotizaciones falsas y sobrecostos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los 1.450 millones de pesos, mientras que en el segundo superó los $619.000.000. Por estos hechos se le vinculó con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Igualmente, se le reclama por la modificación del contrato de prestación de servicios No. 469 de diciembre de 2019, el cual fue parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Con ocasión de la emergencia por la covid-19, el 23 de abril de 2020, el entonces gobernador cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios.

El cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia, pero no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por $860.975.373, entre otras posibles anomalías.

Por estos hechos le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En la imputación de cargos se le reclamó por la entrega del contrato No. 198 del 6 de abril de 2020, por $4.463.739.189, el cual tenía por objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia.

El ente investigador determinó que se realizó licitación pública para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, al parecer, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica. En este caso, el exmandatario será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado.

Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía General le solicitará a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que imponga medida de aseguramiento de detención preventiva contra el gobernador.

El pasado 23 de noviembre el mandatario departamental fue cobijado con medida de aseguramiento, en centro carcelario, por presuntamente haber pactado un acuerdo financiero a través de contratos estatales con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, para que continuaran con su actuar delictivo, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona.

Para su campaña a la Gobernación habría entregado millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento al mencionado grupo subversivo. Entre marzo de 2013 y octubre de 2015, Castillo Cisneros habría adjudicado ocho contratos a un integrante del ELN por diferentes objetos como: estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales, por un valor total de $5.363.387.922.

Por esto le imputaron los delitos financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros agravado y concierto para delinquir agravado.