"Gobernador de Arauca está actuando de manera irresponsable": director de Human Rights Watch

Un informe de Human Rights Watch reveló que en Arauca y en Apure -al otro lado de la frontera, en Venezuela- el ELN y las disidencias de las Farc no solo hacen presencia, sino que prácticamente controlan la vida de la población. José Miguel Vivanco, director de HRW, habló en detalle sobre el informe con María Jimena Duzán, en su programa Semana en Vivo.

Vivanco asegura que el informe retrata el grado de control que estos grupos armados ejercen en la zona. Lograron obtener más de 100 testimonios en terreno entre líderes comunitarios, víctimas, funcionarios de derechos humanos, periodistas e incluso de la Policía. El título del informe es impactante: ‘Los guerrilleros son la policía’. Vivanco contó el origen de esta frase que encarna la falta de control estatal.

“De hecho, el título del informe es una cita de una entrevista con un policía que dijo: ‘Nosotros operamos en unas manzanas, donde hay unos niveles de seguridad para nosotros, más allá, alrededor de lo que es la estación de policía, allí los guerrilleros son la policía‘. ¿Y por qué lo son? Porque imponen penas draconianas a la población; la aterrorizan, la extorsionan”, aseguró.

Según el informe, los guerrilleros son la ley en estas zonas, se encargan de hacer justicia por mano propia, imponen las penas e incluso condenan a muerte. Se rigen por unos manuales como los que tenían las antiguas Farc antes de la firma del acuerdo. “Lo que pasa es que si hay algún lío (los habitantes) recurren a los guerrilleros y son ellos los que sancionan (...) son las reglas de estos manuales que tenían las Farc, muy parecidos. Ellos imponen toques de queda, reclutan menores y los activistas que luchan contra el reclutamiento forzado son amenazados y asesinados”, explica Vivanco.

En los departamentos fronterizos el miedo se siente en el aire. Vivanco cuenta que en medio del trabajo de campo que realizó el equipo de HRW había personas que cuando le mencionaban al Eln automáticamente “bajaban la voz del susto”, aún cuando se encontraban en un local cerrado o una oficina. “La gente te decía: ‘Aquí la situación es terrible, si uno no paga la extorsión del Eln‘ (susurra)... Es un detalle pero te demuestra la sensación de inseguridad, donde los que imponen la ley y el orden son estos grupos”.

La versión de Vivanco contrasta con la del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, la primera autoridad gubernamental en reaccionar frente al informe. Según Castillo, los grupos al margen de la ley no ejercen tal control de la población.

“No hay peor cosa, en el trabajo de Derechos Humanos, que toparse con un interlocutor que niega el diagnóstico (...) Naturalmente me da la impresión que el gobernador está actuando de una manera, yo diría, irresponsable. Que está simplemente velando por sus intereses políticos y no por el bienestar de la población de Arauca. Nosotros podemos constatar y damos fe del terror que siente la gente en Arauca”, dijo Vivanco.

HRW identificó que hay una “especie de alianza y convivencia” entre el ELN y las disidencias de las Farc, porque no hay como en otras zonas del país -como Tumaco- una pelea a muerte por las rutas del narcotráfico. Vivanco explica que los dos grupos extorsionan, por separado, a la población civil, y se mueven a los dos lados de la frontera. Asegura que el Eln tiene campamentos en Apure, su “retaguardia”, a donde van a parar colombianos capturados.

“Los secuestran y los someten a trabajo forzado. Tenemos múltiples testimonios que hablan de colombianos que han sido secuestrados, obligados a trabajar en fincas; en la agricultura, limpiando caminos, sirviendo de cocineros por meses y sin pagarles un centavo. Es decir, allí en Venezuela ellos cuentan con licencia para hacer y deshacer”, puntualiza.

Las disidencias de las Farc también estarían en Apure, según Vivanco, a lo que se suma un “grupo que se hace llamar Frente Patriótico de Liberación Nacional”, que proviene de los colectivos chavistas. “Son delincuentes armados que trabajan en coordinación con el ELN y los otros grupos y hacen lo que saben hacer: atemorizar a la población”, asegura el director de HRW.

Los colombianos no son los únicos que la pasan mal fuera de su territorio. La migración venezolana en Arauca es una realidad, y ellos son aún más vulnerables por su situación irregular. “Las mujeres son secuestradas en unas operaciones de trata, las obligan a prostituirse y las mantienen en algunos recintos donde les dan techo, comida, vestuario y al mismo tiempo les indican: ‘tu deuda es exorbitante. Aquí vas a tener que trabajar para pagar esa deuda durante varios años. Es un situación de total indefensión la que se vive en Arauca”, cuenta Vivanco.

La delicada situación de orden público que se vive en el departamento se refleja en las cifras. Vivanco asegura que los informes oficiales, que discutió con el fiscal general, Fabio Espitia, dan cuenta de 161 homicidios, de los cuales 30 son de venezolanos muertos en Arauca durante el 2019. “No son cifras menores. Y quiénes son los principales actores o responsables de los homicidios, de las violaciones a los DD.HH, de los secuestros y extorsiones: grupos irregulares armados. Concretamente hay 16 cadáveres que aparecieron en Arauca, solo el año pasado, a los que les colocaron un cartel que decía ‘a este lo matamos por ladrón, por ser un informante del Ejército, firmado Eln‘. Y lamentablemente las posibilidades de hacer justicia, yo diría, irreales”, explica Vivanco.

El informe también llama la atención sobre la precariedad del aparato judicial en el departamento, lo cual aumenta la probabilidad de impunidad Los fiscales no dan abasto con la cantidad de casos que reciben. “Los fiscales hacen diligencias judiciales en taxis, muchos en taxis colectivos, porque no tienen recursos. Los cadáveres los recogen los funcionarios de las funerarias. ¿Qué posibilidades hay de preservar la escena del crimen y de hacer justicia?”, dice Vivanco, quien enciende las alarmas sobre esta parte de la frontera con Venezuela.

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