Gobernador de Nariño, John Rojas, pide que en la región se implemente el cese al fuego con el ELN

El gobernador de Nariño, John Rojas, reiteró que el departamento es una de las regiones más golpeadas históricamente por la violencia, y le pidió al ELN que cumpla con lo que ha manifestado y materialice el cese bilateral del fuego “y de hostilidades en los territorios donde tienen una marcada presencia”.

Rojas también denunció que en las últimas semanas se han reportado más de 17 desplazamientos forzados tras las confrontaciones entre diferentes grupos armados que se disputan el control de este territorio.

“Como autoridades regionales, debemos manifestar que esto no debería ocurrir, ya que existe un proceso de diálogo de paz al que debemos otorgarle rapidez y credibilidad, pues de ello dependerán las decisiones que tome esta guerrilla”, sostuvo.

En esa línea, Rojas le pidió al ELN cesar las intimidaciones contras las comunidades en los municipios donde hace presencia.

“Es necesario que ambas partes definan cuál será el papel de la comunidad en este proceso de paz, ya que esto permitirá construir una propuesta nacional que aborde todas las necesidades que, durante años, han enfrentado las comunidades sumidas en la pobreza debido al conflicto armado”, sostuvo el gobernador, tras señalar que se deben implementar alivios humanitarios que permitan a los pobladores desplazarse sin temor a quedar en medio de enfrentamientos.

El mandatario de los nariñenses aseguró que apoya los diálogos y solicita que esta voluntad de paz no quede en el papel.

De otro lado, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que el proceso de paz ha ido avanzando en los últimos meses y pronto estarán anunciando las novedades del mismo. Igualmente, recordó que luego del acuerdo firmado en México en marzo de este año, establecieron dos compromisos principales: el cese al fuego y la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

Por esta razón, Danilo Rueda aseguró que “vamos a lograr un humo blanco en ambas materias, al finalizar este ciclo que termina el 8 de julio”.

Asimismo, según las declaraciones del funcionario, faltan tres o cuatro semanas para que el país conozca nuevos anuncios en materia de la ‘paz total’ que busca alcanzar el Gobierno Nacional y que ha sido tan polémica.

En medio de su pronunciamiento poco fue lo que pudo revelar entonces de dicho proceso, pero aseguró que pese a que cada municipio tiene sus especificidades, trabajan en una planeación similar a la de Medellín y con base en eso han desarrollado los apresamientos y las condiciones básicas para la fase dialógica.

Amenazas del ELN obligaron a empresa a no despachar más buses

Desde la Terminal de Transportes de la ciudad de Pereira confirmaron que se mantiene la decisión de no prestar el servicio entre los departamentos de Risaralda y Chocó, debido a las alteraciones del orden público que se han registrado en los últimos días.

La eventualidad tiene que ver con los hechos de vandalismo que han afectado a la empresa Flota Occidental, que presta el servicio entre estos dos departamentos. La última situación se presentó el pasado 27 de mayo en el sector conocido como Bochoroma, cerca de la entrada a la población Buratá, que es parte del municipio de Tadó, desde donde había salido el automotor que fue quemado en su totalidad.

Frente a esta situación, Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, indicó: “Nos volvieron a quemar otro bus de una de nuestras empresas. Otro bus incinerado y pues lógicamente las empresas toman la decisión de cortar el servicio hacia el departamento del Chocó, ya que no existen las garantías para poderlo hacer”.

Desde la Terminal indicaron que la decisión que se mantiene es la de no prestar el servicio desde Pereira hasta el Chocó debido a las situaciones de seguridad. Destacan que el servicio se está prestando solo hasta el municipio de Pueblo Rico, que pertenece al departamento de Risaralda.

El hecho de alteración del orden público no dejó personas lesionadas, pero sí la pérdida total del bus de placa TRL 993, con número interno 4120, que transportaba nueve pasajeros, quienes fueron obligados a descender del mismo antes de ser quemado.

De manera extraoficial se conoció que el responsable de este suceso sería el frente Cacique Calarcá del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con las autoridades encargadas de la seguridad en la zona, la situación se habría presentado como presión para el pago de una extorsión.