NACIÓN
Gobernador de resguardo indígena en el Cauca habría sido secuestrado
El hecho es atribuido a disidencias de las Farc.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó a través de redes sociales sobre el secuestro de Weimar Pencué Musse, gobernador del resguardo indígena de Tierradentro, en San Andrés de Pisimbalá (Cauca).
“Se solicita a la guardia indígena de Tierradentro estar en máxima alerta. Sujetos armados en motos secuestran al gobernador de San Andrés”, denunciaron sobre el hecho que habría ocurrido este domingo aproximadamente a las 9:00 p. m.
#Alerta, se solicita estar a la @GuardiaIndigena de Tierradentro, sujetos armados en motos secuestran al Gobernador de San Andrés.#Noticia en desarrollo...@unicauca@aida_quilcue@MisionONUCol @ONUHumanRights @ONU_es @PeteErmes @petrogustavo @GustavoBolivar @HOLLMANMORRIS pic.twitter.com/DrYNUT1oST
— Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) October 10, 2022
Sobre el hecho se pronunció la consejera mayor del CRIC, Carmen Genbué: “La guardia de su territorio en jurisdicción del municipio de Inzá y la guardia en general está realizando seguimiento”, dijo.
Por el momento, una de las hipótesis que se maneja es que este hecho se le atribuye a disidencias de las Farc, columna Dagoberto Ramos Ortiz. Asimismo, las autoridades estarían investigando el hecho y buscando encontrar con vida al líder indígena.
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Este sería el segundo secuestro en menos de una semana que se presenta en el Cauca. El CRIC denunció que el gobernador de Chimborazo Morales, Cauca, Roberto Zambrano, fue abordado por hombres armados que, posterior a eso, decidieron llevárselo en contra de su voluntad el pasado lunes.
“El día 3 de octubre de 2022 siendo las 10:00 p. m., cuando el gobernador del resguardo indígena de Chimborazo, mayor Roberto Zambrano, se dirigía de la casa cabildo hasta su habitación, fue secuestrado por cuatro hombres armados que portaban armas de fuego”, describe el pronunciamiento público.
En el momento de la detención, al parecer, al gobernador, los hombres armados le habrían recriminado que en oportunidades anteriores no hubiera acatado reuniones. Según testigos, al momento de la retención le dijeron que: “Muchas veces lo habían citado a un lugar fuera del territorio indígena y que el gobernador no había cumplido la cita”.
La comunidad étnica indicó, además, que con armas de fuego le apuntaron en el pecho con el objetivo de infundir miedo. La presión de la comunidad impidió que lo llevaran fuera del territorio, le robaron el equipo de comunicación del gobernador, memorias de los diferentes eventos de control territorial.
En el comunicado emitido a la opinión pública el Consejo Regional Indígena del Cauca manifestó que: “En cumplimiento de mandatos comunitarios, resoluciones por el derecho mayor, el cabildo y la comunidad en general ha realizado año tras año control territorial sobre presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito, minería ilegal, entre otros”.
Lo anterior para señalar que el resguardo de Chimborazo perteneciente al pueblo Nasa, víctima del conflicto armado por hechos “victimizantes de grupos armados”, hechos que dejan claro fueron constatados por la dirección técnica de registro y gestión de la información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas en el año 2022.
Finalmente, el consejo indígena hizo un llamado urgente a los organismos de derechos humanos estar vigilantes de los hechos de violación de los DD. HH. en su territorio.
Cabe recordar que, el pasado 2 de octubre, la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado para que el Gobierno nacional atienda y facilite una solución a los diferentes conflictos sociales por la ocupación de tierras en el país. También señaló que es necesario que las comunidades involucradas entiendan que debe ser a través del diálogo, la concertación y en respeto de la ley que pueden hacer sus reclamaciones y reivindicaciones.
La Defensoría del Pueblo aseguró que ha reconocido en diversos escenarios la necesidad de tierras productivas para grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, en las que se encuentran víctimas del conflicto armado, indígenas, afrocolombianos y campesinos, quienes hoy exigen al Gobierno nacional su intervención.
“Es urgente que el Estado actúe y que el diálogo anunciado por el Gobierno se traduzca en hechos concretos. Por ejemplo, se requiere la definición de las rutas para atender las diferentes reclamaciones, sin que la inacción se entienda como una invitación a las ocupaciones”, señaló el defensor del Pueblo.