Gobernador de San Andrés, investigado por presunto abandono de sus funciones

El pasado 23 de abril, Everth Julio Hawkings Siogreen volvió a retomar sus funciones como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto luego que el Tribunal Superior de Bogotá le revocara la medida de aseguramiento que existía en su contra en el proceso penal que se le adelanta por la presunta celebración irregular de contratos para mitigar los efectos generados por la pandemia.

Después de siete meses en detención domiciliaria, Hawkings se sentó nuevamente en su despacho para continuar con las funciones para las que fue elegido. Sin embargo, según una queja presentada ante la Procuraduría General, el mandatario no habría estado mucho tiempo en su despacho, saliendo constantemente a realizar otro tipo de actividades fuera del Archipiélago.

Debido a eso, el organismo de control disciplinario le abrió una investigación por presunto abandono de su cargo y de sus funciones. Hawkings, quien fue elegido para el periodo 2020-2023, será indagado por “presuntas irregularidades” relacionadas “con no dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas”.

En la queja se reseña que, de manera injustificada, el gobernador designó por extensos periodos para que asumiera sus funciones al secretario de Hacienda.

La Procuraduría General adelantará la recolección de elementos materiales probatorios para verificar si hay méritos para abrirle una investigación formal (que podría terminar en una citación a un juicio disciplinario) al gobernador de San Andrés.

El mandatario podrá, por medio de su defensa, presentar sus pruebas para desvirtuar los señalamientos hechos por presunto abandono de sus funciones.

La investigación penal contra Hawkings

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia, el gobernador de San Andrés le habría entregado de manera directa y sin licitación pública un contrato de 500 millones de pesos a la empresa Noel Fotos S. A.

Según la Fiscalía General, tras la promoción para el proceso que tenía como objeto el diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación de la covid-19 en el Archipiélago, dos días después, el 18 de marzo, declaró la urgencia manifiesta, evadiendo así el proceso de selección de oferentes y firmar el contrato directamente. Como si fuera poco, la empresa pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, cercanas a los 86 millones de pesos. Estas facturas fueron pagadas por el departamento.

La empresa beneficiada, según los investigadores, está representada por Henry Ramírez García, quien trabajó directamente con Hawkins en su campaña a la Gobernación, en la cual arrasó con el 98,56 % de los votos.

El ente investigador aseguró que, con su actuar, el gobernador vulneró los principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonial. Debido a esto, le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El mandatario se declaró inocente de los hechos materia de investigación.

Sin embargo, en este caso, la Contraloría General publicó un informe en el cual reseña que en este contrato no se presentó un peculado por apropiación. Este documento será pieza clave en la defensa del mandatario sanandresano en el juicio que se le adelantará en la Corte Suprema de Justicia.