Judicial
Gobernador del Cesar, acusado por irregularidades en el PAE, seguirá con detención domiciliaria
Luis Alberto Monsalvo Gnecco se encuentra privado de la libertad desde julio de 2021.
Tras resolver un recurso de reposición, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de libertad presentada por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, procesado por las irregularidades que se habrían presentado en la celebración de un contrato para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), celebrado en agosto de 2015, durante su primer mandato.
La magistrada consideró que Monsalvo Gnecco sigue representando un peligro para la sociedad y en libertad podría afectar la integridad de la investigación. De esta forma, el gobernador deberá seguir en su vivienda defendiéndose en el proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
La defensa del gobernador no pudo demostrar cómo en libertad el acusado no iba a seguir incurriendo en hechos por los que es investigado. “Es una materia de extrema gravedad como la contratación irregular y la inversión falaz de recursos públicos”.
Igualmente, no se garantizó que el gobernador siguiera presentándose a las citaciones de las autoridades judiciales, como lo exige la ley. “Puede seguir conociendo las normas contractuales frente a la contratación pública”.
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En otro de los puntos de su análisis jurídico, la magistrada sostuvo que con la medida privativa de la libertad no se le vulneraron los derechos políticos.
En su decisión, se determinó que los funcionarios judiciales están en la obligación de tomar las medidas necesarias para proteger los recursos públicos que se podrían ver afectados, reseñando que siguen en riesgo.
El contrato motivo de investigación tuvo un valor cercano a los 17.140 millones de pesos. El mismo fue firmado entre el departamento del Cesar y el Consorcio ‘Alimentación Escolar A Salvo’. Sin embargo, en medio de su ejecución se encontraron graves inconsistencias, entre ellas la falta de estudios previos, prepliegos acomodados e insuficientes, y aparentes omisiones de los requisitos de ley durante las diferentes etapas del proceso contractual.
En la acusación, la Fiscalía General aseguró que el peculado por apropiación supera los 3.170 millones de pesos. El ente investigador aseguró en su momento que el gobernador omitió por completo su función de velar y proteger los recursos públicos. “Son contratos e investigaciones del año pasado (y) por ello se hace predecible que se adopte medida de aseguramiento para evitar que se siga apropiando del erario así sea a través de terceros”.
La firma de este contrato del PAE habría favorecido los intereses de personas allegadas que lo apoyaron en su campaña a al Gobernación del Cesar.
El 30 de septiembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia que había impuesto en primera instancia, emitiendo fallo absolutorio a favor del gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien fue procesado por el delito de corrupción al sufragante.
En segunda instancia, la Sala de Casación Penal no encontró delito en la actuación del mandatario cuando, en el año 2011 en condición de candidato a la Gobernación, suscribió un compromiso electoral con familias desplazadas del asentamiento Tierra Prometida en Valledupar, a cambio de que le dieran su voto.
“Analizados los hechos demostrados, así como también los elementos constitutivos del tipo penal de corrupción al sufragante (Art. 390 C.P.), la Corte concluyó que el demostrado comportamiento de Luis Alberto Monsalvo Gnecco no se adecúa a los elementos constitutivos del tipo penal juzgado, además de no constituir tal actuación, vulneración al bien jurídico tutelado de la libre participación democrática”, precisa el fallo.
