Investigación por corrupción en Quindío ahora apunta al gobernador

Pocas veces las autoridades han estado tan cerca de desvelar la forma como operan las franquicias electorales que, mediante ‘hipotecas políticas’, doblegan la voluntad de los futuros gobernantes para aprovecharse después de las arcas y puestos públicos. Eso es lo que está a punto de suceder en Quindío, donde la Fiscalía ya capturó por presunta corrupción al alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez; la exalcaldesa de esa misma ciudad, Luz Piedad Valencia Franco; y una docena de exfuncionarios y contratistas.

Todos enfrentan cargos que van desde la celebración indebida de contratos y peculado hasta concierto para delinquir. Los señalan de apropiarse de al menos 22.000 millones de pesos en coimas provenientes del contrato para ejecutar las famosas obras por valorización de Armenia, estimadas en 100.000 millones de pesos.

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En ese entramado criminal habría jugado un papel clave Francisco Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa Luz Piedad, considerada la baronesa política del Quindío. Este, quien habría sido el receptor de las coimas, ya se allanó a los cargos, mientras que la exmandataria insistió en defenderse en juicio porque “no conocía la mayoría de los temas que se manejaron”, explicó a SEMANA su abogado, Andrés Garzón. Mientras tanto, la Fiscalía ya les incautó 23 bienes por 156.000 millones de pesos.

Las autoridades creen que una parte de los dineros saqueados a los cuyabros habrían sido usados por los esposos Valencia para aceitar y financiar campañas políticas de concejales, alcaldes, congresistas y, presuntamente, del actual gobernador del Quindío, el sacerdote Carlos Eduardo Osorio Buriticá. SEMANA habló con varios dirigentes y encontró que en efecto las ‘hipotecas políticas’ son más comunes de lo que se creía. “En una lista al Concejo de 2015 tuvimos que firmarle un pagaré por 100 millones de pesos cada uno, para garantizarles a ellos (los esposos Valencia) que no nos voltearíamos una vez elegidos”, dijo uno de los firmantes que pidió omitir su nombre; precisó, además, que “el pacto era simple, los Valencia financiaban las candidaturas y nosotros a cambio jurábamos lealtad política y hacernos los de la vista gorda con la contratación”.

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Ahora, esas mismas dudas recaen sobre el gobernador. Las autoridades investigan si él recibió recursos de la exalcaldesa y su marido a cambio de contratos o prebendas. “Ella sí es amiga personal. Me ofreció el respaldo y me dijo claramente: no le vamos a dar plata”, dijo el mandatario quindiano, tras asegurar que nunca firmó pagarés.

Pero el dedo en la llaga lo puso el excandidato a la Cámara por la Alianza Verde Jaime Alberto Martínez, quien le solicitó a la Procuraduría investigar al gobernador “por su presunta participación en el carrusel de la contratación del Quindío”. Su prueba reina es que en 2017 la Gobernación firmó un convenio por 2.361 millones pesos con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) de Medellín para la instalación de la línea 123 y del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad en cinco municipios quindianos.

Resulta que un mes después, la ESU subcontrató a la empresa Furel S. A. para ejecutarlo, y cuyo representante legal y dueño es Hernán Moreno Pérez, el mismo contratista involucrado en las obras de valorización de Armenia y que habría girado los 22.000 millones de pesos en coimas a los esposos Valencia. Lo que advierten es que con este nuevo contrato el gobernador les habría pagado parte del respaldo político y económico que recibió para ganar las elecciones. Otra parte la hizo dándoles cargos claves a fichas de la pareja. “Yo desconocía que el subcontratista fuera Moreno Pérez y su empresa Furel”, explicó el gobernador a SEMANA.

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Esta revista se dio a la tarea de revisar la contratación, cuentas de campaña y cuotas políticas dentro de la Gobernación y encontró el rastro de los Valencia. Por ejemplo, en la campaña electoral de 2015 tanto Álvarez (el alcalde de Armenia preso) como el gobernador Osorio fueron fórmula política y compartieron actos públicos, pese a que estaban en partidos distintos. La razón de esa alianza está en que ambos tenían el mismo respaldo: los esposos Valencia. Sumado a ello, al contrastar ambas campañas (Alcaldía y Gobernación) con la reciente aspiración al Congreso de Luz Piedad Valencia, hay un común denominador: las tres tenían el mismo contador, Mario Usma Velásquez. Y entre los financiadores de la campaña del gobernador aparece el nombre de Catalina Gómez Restrepo. En Armenia es vox pópuli que ella es muy cercana a la exalcaldesa y hoy sería una de sus fichas políticas en la Gobernación.

Las autoridades están investigando otros casos, ya que el modus operandi de la exacaldesa y su esposo, ayudar a cambio de ‘hipotecas políticas’, se habría extendido a otro departamento vecino.