Gobernadora indígena y defensor de derechos humanos denuncian amenazas de muerte

Por defender su territorio ubicado en la serranía del Perijá, departamento del Cesar, Esneda Saavedra Restrepo, gobernadora del cabildo del resguardo Sokorhpa, ha recibido en más de cinco ocasiones amenazas de muerte en su contra y su familia. Pese a las intimidaciones, ella reclama que la Unidad Nacional de Protección le redujo la seguridad. Por su parte, el defensor de derechos humanos Edwar Álvarez Vacca, que se ha desempeñado durante 30 años como asesor en luchas legales relacionadas con defensa de territorios ancestrales de poblaciones indígenas, señala que entre las múltiples amenazas se encuentra la orden dada por el ELN para matarlo.

Ubicados en la serranía del Perijá, los indígenas Yukpa parecen condenados al abandono, al exilio y al olvido. Esta población indígena es conocida por ser víctimas de la colonización, la explotación minera, el glifosato y el conflicto armado. Este pueblo está constituido por seis resguardos, cada uno representado legalmente por un cabildo gobernador, y, en uno de ellos, Esneda Saavedra es la líder.

La gobernadora asegura que su pueblo y sus asesores se encuentran en un riesgo permanente debido a la lucha activa por la defensa de su territorio. “La comunidad de Tierra Grata, (integrantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ECTR) afirman que las autoridades y los asesores del pueblo Yukpa somos de derecha, del Centro Democrático y del uribismo, desestimando la lucha del pueblo frente a la continuidad de la ETCR (...) Nos señalan de estar en contra del Proceso de Paz por solicitar consulta previa a la instalación de la ETCR, y, por otra parte, la derecha nos señala por estar en desacuerdo por la forma como se hacen los proyectos minero-energéticos”, afirma la líder.

De igual manera se expresa de Vacca: los unos lo persiguen por considerarlo amigo de la subversión y los otros, por ser cercano a la derecha. “La lucha por el territorio de las comunidades ancestrales no tiene posición ideológica, solo se defiende y ya. Esa posición es la que me ha granjeado enemigos a lado y lado del espectro político, pero yo ni apoyo a los uno ni a los otros. Un ejemplo de ello esa la orden que dio el ELN de matarme”, dijo.

En medio de esa encrucijada, Saavedra ha sido una de las habitantes que más amenazas ha recibido durante todo el año 2020 y lo que lleva de este año. En una primera ocasión, su hija, Martha Ávila, concejal del municipio de Becerril, fue avisada por teléfono de la persecución a muerte de su madre si ella no se retiraba de la campaña al concejo. Días después llegaron hombres armados en dos camionetas en búsqueda de la Martha y su esposo, pero no se encontraban en casa. Ante el suceso, se hizo la respectiva denuncia el 20 de marzo de 2020, pero esta no sería la única advertencia que iban a recibir.

En un documento enviado a la Fiscalía General de la Nación, el 5 de febrero del presente año, Esneda hace un llamado para que protejan su vida e integridad ante las constantes amenazas que se presenta en su región. En el archivo menciona las cinco ocasiones en que le han informado que su vida corre peligro.

El primer caso ocurrió a principios de abril de 2020, cuando el presidente de la Junta de Acción Comunal, Aramus Arena contacta a Esneda manifestándole que se encuentran en peligro. “Mire, gobernadora, tenemos que cuidarnos mucho, se nos bajó el ELN y el EPL a nuestro territorio, ya están reuniéndose con los campesinos, ganaderos y líderes, incluso estuve en una reunión donde nos dijeron que teníamos que pagar vacuna al ELN, que si no pagábamos nos mataban”, afirmó Arena, según Saavedra.

También menciona que a Arena le robaron cuatro novillas y le estaban pidiendo 40 millones de pesos, dinero que se negó a pagar porque no los tenía en su totalidad. Luego, ante la pregunta por parte de su colega, Saavedra, acerca de por qué no denunciaba, él le contestó: “Ya estoy cansado de poner tantas denuncias y el Estado no ha hecho nada, parece que no hubiese justicia (...) Debemos tomar medidas con esto, está difícil y espero que ojalá que no haya muertos”. El 19 de mayo de 2020 el señor Aramis Arena fue asesinado.

El segundo caso se dio el 15 de noviembre cuando unos hombres irrumpieron en su predio preguntando por ella, pero no estaba. A su vez, en la tercera ocasión le alcanzaron a avisar de la presencia del EPL en su casa. Así se han presentado otras dos, en una la mandan a llamar para “rendir cuentas”.

A su llamado de auxilio, la Defensoría del Pueblo Regional del Cesar, en cabeza del juez Jaime Castro, emitió una acción de tutela el 18 de febrero de 2021 hacia el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UPN), la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría de Asuntos Étnicos para que rindan un informe acerca de los hechos relacionados y a los expuestos por la gobernadora. Exige que se encuentre una medida de aseguramiento para la víctima.

En la tutela se expone que el pueblo indígena yukpa ha sido declarado en riesgo de exterminio físico y cultural por parte de la Corte Constitucional, quien ya había emitido dos órdenes. Una era acerca de la creación de un programa de garantías para los 105 pueblos indígenas en Colombia, y la otra radicaba en la elaboración y creación de un programa para salvaguardar 34 pueblos, entre los cuales se encuentra yukpa.

Tras anunciar esto, la Defensoría Regional hace un llamado de atención a no desconocer los antecedentes y contexto que atraviesan los líderes sociales y algunos habitantes del departamento del Cesar. Menciona que se debe cumplir su derecho a la acción de tutela.

Pese a ello, Esneda afirma que la Unidad Nacional de Protección, mediante la Resolución 00007130 de 2020, le redujo las medidas de protección al quitarle el vehículo blindado. Solo le dejó 1 persona para su protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado.

Frente a toda esta situación de los indígenas yukpa y de los defensores de derechos humanos en el municipio de Becerril, Vacca dijo: “Esta situación no es nueva, llevamos años en estas y nadie nos para bolas. Acá el Gobierno viene a decir que todo está bien, que la institucionalidad nos respalda. Pero al mismo tiempo, le reducen la seguridad a la gobernadora y yo no tengo nada de protección”.