Gobernadores alertan sobre riesgo de desfinanciación de la salud

Una intervención inmediata para que las entidades territoriales puedan contar con los excedentes del impuesto al consumo al cigarrillo para evitar que quede desfinanciada la prestación del servicio de salud, especialmente para los beneficiaros del régimen subsidiado, pidieron los gobernadores del país al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.

En una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, el presidente de la Federación de Departamentos (FND), Carlos Julio González y su director ejecutivo, Carlos Felipe Córdoba, pidieron un acompañamiento especial del organismo de control para que el nuevo gobierno nacional permita hacer los ajustes que requiere el decreto 2265 de 2010 que reglamentó la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

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La solicitud fue elevada ante el despacho del Procurador después de que los ministerios de Hacienda y Protección Social se negaron a incluir en un decreto modificatorio alguna medida que permita a los departamentos invertir en beneficio de sus funciones los excedentes de rentas cedidas, que por ley les pertenecen.

Los directivos de la FND recordaron que a comienzos de año el Procurador General conminó al Gobierno para hacer una revisión integral para asegurarse de que el manejo de los recursos por parte de la Adres se ciña a los mandatos de la Constitución y la ley.

En la misiva al Procurador, los gobernadores hicieron una detallada síntesis de los esfuerzos que han hecho para llegar a un consenso con el gobierno saliente sobre la manera de utilizar tales recursos. Recalca, además, que el 15 de enero se llegó a un acuerdo inicial entre comisiones de los ministerios de Hacienda y Salud y de los departamentos sobre el contenido del nuevo decreto, que sin embargo no fue cumplido.

Uno de los puntos clave del acuerdo ratificaba que los excedentes, es decir los mayores recaudos de las rentas cedidas a los departamentos, serían de propiedad de éstos y que sus rendimientos se abonarían a los compromisos de cofinanciación del sistema de salud.

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En reuniones posteriores, celebradas el 24 de enero, el 21 de febrero, el 30 de abril y el 3 de julio, la esencia del acuerdo inicial se fue desvirtuando y la discusión se centró en la posibilidad de que gobierno nacional y entidades territoriales compartieran el recaudo nacional al impuesto al cigarrillo. El Ministerio de Hacienda planteó dudas en el sentido de que las reglas sobre el manejo de los excedentes pudieran ser fijadas por decreto, pese a que la ley establece que los recursos pertenecen a las entidades territoriales.

Las entidades territoriales advirtieron que de persistir la situación, verán seriamente afectada su capacidad para enfrentar problemas tan urgentes como los que plantean los cobros y de dudas de servicios no POS y la necesidad de prestar a cabalidad al servicio de salud, consagrado como derecho fundamental, especialmente a las comunidades más vulnerables que se benefician del régimen subsidiado.

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