Gobierno argumentó que sí puede dispersar bloqueos cuando estos generen perturbación grave

El Gobierno nacional indicó que bajo el amparo del derecho internacional de los DD. HH. tiene la facultad para dispersar bloqueos prolongados en las vías toda vez que “constituyen un riesgo para la población”.

En ese sentido, la consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que la acción del Estado se permite cuando la obstrucción de las carreteras genere una “grave perturbación y sostenida”.

Así mismo, la funcionaria de la Presidencia aseguró que los bloqueos ponen en alto riesgo el derecho a la vida de conductores y de la propia comunidad, afectando la salud, la alimentación y el derecho al trabajo, al advertir que se impide la libre movilidad y circulación.

“La violencia que se ejerce desde los puntos de bloqueo pone en riesgo el derecho a la vida de conductores y transeúntes; también afecta el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo de quienes no pueden asistir a sus labores, a la movilidad o libre circulación, a la vivienda por la relación de este derecho con los servicios públicos, que también se han visto afectados”, sostuvo Gutiérrez.

Y agregó en un comunicado de prensa que “el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que los bloqueos prolongados constituyen un riesgo para la población. Por tal razón, permite que los Estados tomen medidas como la dispersión de tales bloqueos cuando estos generen una perturbación grave y sostenida”.

No obstante, la consejera presidencial destacó la reunión que sostuvo en EE. UU. la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), al indicar que los encuentros permiten “entablar una comunicación directa en relación con las acciones del Gobierno nacional en el marco de las manifestaciones sociales que cumplen cuatro semanas en Colombia”.

Gutiérrez resaltó que el Gobierno ha sido garante de los derechos en las protestas pacíficas, pero aclaró que “los bloqueos de las vías dejaron de ser meras manifestaciones de inconformismo en el marco de las protestas, para convertirse en claras acciones de afectación a los derechos humanos de todos los colombianos”.

“El Gobierno de Colombia dialoga con la población, en articulación con autoridades territoriales y órganos de control, con el Comité del Paro, mesas de jóvenes, étnicas, con transportadores, con empresarios y mesas para abastecimiento. Además, seguirá tomando acciones bajo el estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de proteger el bienestar de todos los colombianos”, apuntó.

Sin embargo, Nancy Patricia Gutiérrez indicó que los integrantes de la fuerza pública no tienen la orden de reprimir la protesta pacífica, una política del Gobierno que, según la funcionaria, se expresó por parte de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la CIDH.

“El diálogo de la vicepresidenta con la CIDH permite aclarar que el accionar de la fuerza pública no está dirigido a reprimir el derecho a la reunión pacífica, sino a controlar los desmanes y violencia grave y generalizada que atentan contra ese mismo derecho y generan afectaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las protestas como de quienes prefieren no hacerlo”, puntualizó.

Concluyó que el Gobierno está abierto a la observación de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero aclaró que se acoge al principio de subsidiariedad para priorizar las investigaciones internas de los organismos de control sobre los hechos que han rodeado las manifestaciones del paro nacional.

“El Gobierno nacional ha estado y estará abierto a la observación, a brindar información y a cooperar con los organismos internacionales como la CIDH. Sin embargo, en razón al principio de subsidiariedad, en este momento la prioridad es que los organismos de control del Estado colombiano adelanten su trabajo y sigan presentando los resultados de sus acciones, encaminadas a aplicar justicia, dentro del marco de la Constitución Nacional y la ley”, recalcó.