Gobierno entrega alarmante informe sobre violaciones en el Guaviare: son 587 casos de violencia sexual desde 2019

El Gobierno de Colombia ha realizado un importante anuncio sobre las medidas “urgentes” que se tomarán para responder a las denuncias relacionadas con situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de los pueblos Nukak y Jiw.

El anuncio tuvo lugar después de la visita que realizó al Guaviare una comisión especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la presidencia de la República por orden del presidente Gustavo Petro.

De esta manera el Gobierno inició procesos de revisión disciplinaria en la región del Guaviare del ICBF por “posible omisión de situaciones y oportunidad de actuación” dice el comunicado.

Se hará también un seguimiento e investigación en el ministerio de Defensa para determinar “la evolución investigativa” de los hechos que se reportaron en esa zona del país, referente a las denuncias que involucran a algunos miembros de las Fuerzas Militares en el país.

El Gobierno anunció también la creación de dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de la Familia del ICBF del Guaviare, una especializada en la atención a la comunidad indígena y otra en violencias basadas en género.

A través del comunicado el Gobierno estableció la misión del Ministerio de Salud y Protección Social de adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo “de las violencias que se presenten en el territorio”.

Según la información presentada por el ICBF a la comisión, se presentaron 587 casos de violencia sexual contra niños y niñas desde el 2019, 69 de estos casos fectan a niñas indígenas de la comunidad Nukak y Jiw y 3 de estos casos estarían vinculados o relacionados con Fuerzas Militares en el país.

El comunicado emitido por el Gobierno aclara que se reportaron casos críticos de la situación alimentaria en las comunidades, algo que lleva a los niños “a buscar comida” algo que es aprovechado por redes de microtráfico y trata de personas en la región.

Durante la investigación se reportaron relatos relacionados con la inhalación de “pegante” y consumo de sustancias psicoactivas en las poblaciones indígenas, haciendo que el Gobierno tome como prioridad ampliar el número de policía de infancia y adolescencia en el Guaviare.

“Se solicitó acompañamiento en mediación lingüística, porque el choque cultural se ve acentuado por la brecha de comunicación con los funcionarios de todas las entidades, incluyendo las defensorías de familia que no cuentan con intérprete que garantice un enfoque étnico para su labor”, se lee en el comunicado emitido por el Gobierno.

Crisis total de los indígenas en el Guaviare

Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, advirtió que tras escuchar a la comunidad se identificaron graves problemáticas, entre las que se encuentran: falta de agua potable, problemas en el acceso a la salud y alimentación, fallas en el saneamiento básico e inducción a la drogadicción y a la prostitución.

Niños, jóvenes y mujeres se han visto obligados a ejercer acciones alejadas de la legalidad para así poder comer, puesto que no encuentran una fuente para aprovisionarse y sobrevivir. “Tristemente, hemos observado más de 60 menores en unas condiciones que no son adecuadas”, precisó el procurador delegado.

Por esto, hizo un reclamo ante la falta de presencia estatal y a las autoridades departamentales, advirtiendo que no han tenido contacto o comunicación alguna con la comunidad indígena. “Por tal motivo, le hacemos un llamado al Gobierno nacional para que venga al territorio, atienda a esta población y empiece a solucionar todos los inconvenientes que se encuentran más que identificados”.

En la inspección se encontró que muchos de los indígenas van hasta la cabecera del municipio a ejercer actividades como la prostitución “por la falta de alimentos. Son una comunidad cazadora y no cuentan con acceso a los alimentos, esto ha generado enfrentamientos con colonos de predios colindantes para acceder a alimentos, por falta de acceso a los mismos”.

Para el procurador Sarmiento, la situación “es muy triste” y ya se “desbordó”, por lo que es necesario la presencia de todas las autoridades. “San José del Guaviare es un municipio de sexta categoría, por lo que no tiene cómo dar una solución de fondo a lo que estamos evidenciando”.

Recordó que la Corte Constitucional ha sido reiterada en señalar que la comunidad indígena nukak se encuentra en vía de extinción por la falta de atención estatal.