El norte bajo amenaza del narcotráfico y las bandas criminales

La seguridad en el Caribe colombiano tiene tres factores ligados entre sí que atentan contra la paz y la tranquilidad de la región: el narcotráfico, la disputa del territorio entre grupos delincuenciales organizados y situaciones puntuales de inseguridad en las ciudades. Hoy por hoy, al sur, los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar viven la situación más crítica.

Entre las estructuras que representan serios desafíos para la seguridad regional, la más relevante en este complejo escenario es el Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, nombre con el que busca dar un ropaje político a sus fechorías. En los últimos tres años recibió duros golpes gracias a las operaciones Agamenón I y II. Sin embargo, esa iniciativa policial-militar, que puso tras las rejas a más de 2.000 integrantes y una veintena de jefes, disminuyó su presión en los últimos seis meses. Hoy el clan, fortalecido, mantiene un poder omnipresente en varias regiones del Caribe.

Sigue en importancia una de sus disidencias, los Caparrapos, conformada por mandos medios que se independizaron y crecen en forma preocupante. Las autoridades tienen también en la mira otras bandas como los Costeños, en Barranquilla, y los Pachenca, en Santa Marta. Hay otras menores que subcontratan para cometer múltiples delitos de un amplio menú, principalmente extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos.

En el Caribe, a diferencia del resto del país, no hubo mayores alteraciones en la correlación de fuerzas criminales por la salida de las Farc porque no había en esa época actores armados que les compitieran. El ELN copó rápidamente el espacio dejado por los farianos en el sur de Bolívar y volvió a las acciones en Cesar. Sin embargo, mantiene su gran refugio en el Catatumbo.

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Pese a la desmovilización paramilitar y de las Farc, un conflicto irresuelto en el sur de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar representa la mayor amenaza a la región. “Hay que tener en cuenta que la violencia nunca se fue del sur. Cuando las autodefensas negocian, salen de esos territorios, pero allí quedó presencia activa del ELN y de las Farc. Una vez se desmovilizan los grupos paramilitares, aparecen los grupos residuales”, manifestó a SEMANA Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.

“Vemos una mutación de la violencia. No se puede hablar de que la zona haya estado pacificada porque realmente nunca se pudo negociar con la totalidad de los actores generadores de violencia. Siempre se ha hecho con uno o con un sector de los que se enfrentan”, agregó el académico.

Para el experto, la diferencia radica en que en el sur de Córdoba el conflicto ya no es político e ideológico, sino una pugna por el control de rentas ilícitas. En el sur de Bolívar hay un híbrido entre negocios ilegales, como la coca y la minería ilícita, y presencia del ELN, que trae consigo una agenda política.

A regiones como los Montes de María (entre Bolívar y Sucre), que antaño vivieron los horrores de la violencia paramilitar, regresó el temor. Miembros armados de los gaitanistas han incursionado por allí, y la Defensoría del Pueblo ha presentado denuncias de intimidaciones y extorsiones a campesinos, además de amenazas a más de 40 líderes sociales en un supuesto intento de establecer control territorial.

Una situación parecida se ha presentado también en Cesar desde el año pasado, con panfletos con los que buscan intimidar a los líderes sociales. En el sur del departamento, como muestra de fuerza, el ELN no se quedó atrás y en 2018 realizó un paro armado, retenes ilegales, dinamitó tramos de la Ruta del Sol e incineró vehículos de carga y casetas de peaje.

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Sangre y fuego

Aun así, la peor parte corresponde al sur de Córdoba, región que comparte la crisis con el Bajo Cauca antioqueño. Allá –según la Policía–, los homicidios saltaron de 160 en 2017 a 500 en 2018, un indicador de la gravedad de lo que se vive.

Según el Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe (Cepsca), en la subregión cordobesa del río San Jorge (Montelíbano, Planeta Rica, Ayapel, Puerto Libertador, San José de Uré, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada) hubo 19 asesinatos en lo corrido de 2019 hasta el 19 de marzo, es decir, 45,4 por ciento más que en el mismo lapso de 2018, cuando hubo 34. Solo Montelíbano registra 21 homicidios en el año, la misma cantidad que la capital, Montería, lo que representa un incremento de 91 por ciento en los índices de violencia.

El Clan del Golfo, liderado por alias  Otoniel, se ha fortalecido en los últimos meses  y ha recuperado zonas a sangre y fuego.

A fines del año pasado, disidentes de los frentes 18 y 36 –que ahora se hacen llamar nuevo frente 18– coparon el vacío dejado allí por las Farc. Buscan hacer frente violentamente a la incursión del Clan del Golfo, que está allí en pie de guerra contra sus disidentes, agrupados en los Caparrapos. Estos se autodenominan bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), nombre de un exjefe paramilitar muerto en 2010 cuando delinquía con la banda los Paisas.

Ex-Farc y Caparrapos se aliaron contra los gaitanistas y han agudizado el conflicto en la zona, tal y como ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo en varias alertas tempranas. La entidad calculó que hay alrededor de 400 desplazados, sin contar el asesinato sistemático de líderes sociales. La Fundación Cordobexia denunciaba cómo hace una semana 160 familias tuvieron que irse de una vereda de Puerto Libertador. De fondo, está el control del estratégico nudo de Paramillo, corredor entre los cultivos de coca, el procesamiento del clorhidrato y su salida a puertos y embarcaderos costeros.

“La situación es más que crítica no solo por la violencia, sino porque se mantiene el temor de un Estado paralelo, en el que los grupos armados imponen normas y conductas a través de amenazas directas, en redes sociales o en panfletos. Deciden quién vive allí o quién se moviliza. Tienen a los campesinos entre la espada o la pared. Es una situación muy parecida a la que vivieron entre 2009 y 2010”, expuso Deison Dimas, investigador del Cepsca.

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En las tres principies capitales de la costa, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, los indicadores de seguridad se han mantenido relativamente estables, aunque todavía están lejos de ser óptimos. Pero hechos puntuales de sangre, vinculados sobre todo a ajustes de cuentas entre pandillas por temas de microtráfico, minan la sensación de seguridad de la ciudadanía.

Una fuente de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla señaló que el tema los preocupa mucho, a lo que se une que por las tres grandes capitales del Caribe pasan buena parte de los cargamentos de la cocaína de exportación que produce la zona. “Muchas veces, por la presión de las autoridades, los cargamentos quedan guardados y, para no perderlos del todo, intentan distribuirlos en las calles”, señaló.

En Barranquilla esto se materializa con la banda los Costeños, jefes del microtráfico en la ciudad, quienes estarían detrás de los 22 desmembrados hallados desde 2011, según denunció el concejal Ramón Ignacio Carbó.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria, señaló que el paso de los cargamentos de coca es un “verdadero flagelo” para las ciudades portuarias. De hecho, las dos últimas grandes operaciones antinarcóticos tuvieron lugar este año en la Heroica, con decomisos de dos toneladas de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo.

“Lamentablemente, Cartagena es una ciudad muy atractiva para este tipo de delitos y terminan por generar unas dinámicas de ilegalidad que estamos combatiendo en varios niveles”, afirmó el oficial al hacer referencia a bandas menores subcontratadas, que, incluso, han llegado a ser expendios de alto nivel para turistas extranjeros que visitan la ciudad.

El caso de Santa Marta tiene un tinte diferente con la presencia de la banda los Pachenca, que tienen su retaguardia en la Sierra Nevada y por años dominó a la ciudad mediante extorsiones, sicariato y microtráfico. Su actividad más rentable está en el transporte y acopio de cargamentos de cocaína que embarca en puertos naturales de aguas profundas aledañas.

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Pese a algunos golpes, la organización bajo el mando de Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Pachenca, ha mostrado asombrosas capacidades para regenerarse. Lo hace a partir del reclutamiento de exmiembros de las AUC en Magdalena y al mantener su territorio pese al asedio del Clan del Golfo. Ahora ha buscado volver por sus fueros y son, en parte, los responsables de las alzas en los homicidios, a tal punto que las autoridades locales han pedido apoyo y pie de fuerza a Bogotá.

“Las indagaciones preliminares nos dan para acercarnos a la tesis de que las bandas criminales están en una retaliación o en un intento de reorganización con ajustes de cuentas, cobros de deuda, y eso genera ruido en la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, Camilo Díaz.

Las autoridades tienen conciencia del tremendo reto que representa esta situación regional para la seguridad nacional. Pero aún queda pendiente una estrategia con la cual las entidades actúen en forma articulada. Todo con el objetivo de prevenir que, en plena época de posconflicto, les estalle en las manos una guerra que puede convertirse en una verdadera hecatombe si no la atajan a tiempo.