Gobierno debe reconocer que los menores de edad reclutados “no son máquinas de guerra”, ordena la JEP

En un término de 15 días el Gobierno deberá hacer un pronunciamiento frente a las declaraciones que hizo en marzo de 2021 el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, en el que calificó como “máquinas de guerra” a los menores de edad que murieron en el marco de uno de los operativos adelantados en contra del jefe de las disidencias de las Farc en el sur del país, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, en la selva del departamento del Guaviare.

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como “revictimizantes” las declaraciones hechas en una entrevista radial por parte de Molano quien respondió a una denuncia que existía sobre el bombardeo al campamento en el que estaban menores de edad y la posterior omisión de esta información en el reporte que fue dado a conocer a los medios de comunicación.

Un representante del Gobierno deberá reconocer de manera pública y expresa que los menores reclutados por la estructura de Gentil Duarte no son máquinas de guerra, sino víctimas del conflicto armado interno. Igualmente, deberá poner de presente las acciones que se han adelantado para enfrentar este reclutamiento.

“(...) a título de medida cautelar, ORDENARÁ al Gobierno nacional que en un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia realice un pronunciamiento público en el que se reconozca expresamente la calidad de víctimas de todas aquellas personas que con menos de dieciocho años fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado interno por la otrora guerrilla de las Farc-EP y dé cuenta de las acciones afirmativas tomadas y por tomar, en relación con el exhorto realizado por la Sala de Reconocimiento el 15 de septiembre de 2021″, señala el fallo de 22 páginas y el cual ya le fue notificado al Ministerio de Defensa.

En otro de los apartes de la decisión se le ordena al Gobierno incorporar tanto en la política pública como en la doctrina militar “acciones que a eliminar los discursos justificativos, a reconocer que los NNA reclutados son, ante todo, víctimas del conflicto armado y que pueden resultar afectados aunque se observen de manera estricta los principios del DIH de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad”.

En el análisis del caso concreto, la Sección de Apelación manifiesta que con estas órdenes se protegen los derechos de las víctimas, su dignidad y se otorgan mecanismos de no repetición el cual es la columna vertebral del Sistema Integral de Paz y “busca afirmar la visibilización de la situación y la reivindicación de los derechos conculcados a las víctimas”.

Este pronunciamiento se hizo al resolver una tutela presentada por varias ONG, entre las que se destacan Women’s Link Worldwide, la Fundación PAX Colombia y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado (Coalico), que consideró que las declaraciones entregadas por el ministro Molano revestían una gravedad absoluta y era necesario un pronunciamiento para restablecer los derechos de los menores reclutados.

“Son máquinas de guerra”

En la acción judicial radicada ante la JEP se citaron las entrevistas radiales en las cuales el exministro de Defensa Diego Molano justificó la acción militar asegurando que los menores, una vez dentro de un grupo armado ilegal, se convierten en máquinas en guerra. “¿Esos 12 niños estaban cargando los fusiles?, ¿estaban cargando las ametralladoras? Aquí lo que tenemos son máquinas de guerra formados por ellos y buscando planear y desarrollar acciones terroristas”.

En otra entrevista, Molano manifestó que “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente se convierten en criminales”. Asimismo afirmó que el entrenamiento militar “transforma a los niños y niñas reclutados en jóvenes combatientes y peligrosos”.