Gobierno deberá responder ante la JEP por el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz

Para el próximo 15 de febrero, fueron citados por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo, para que respondan por el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz en el año 2016.

La JEP evaluará en dicha diligencia reservada el estado y las circunstancias en las que perdieron la vida los 35 exguerilleros de las Farc, y si se presentaron omisiones por parte de la ruta de protección que activó la UNP, la cual era la encargada de brindarles seguridad.

Esta información es clave, puesto que la Sección buscará establecer la relación “con los hallazgos que hoy arrojan las indagaciones de la Unidad Especial de Investigación, para el desmantelamiento de las organizaciones”, de la Fiscalía General sobre presuntas omisiones en los protocolos de protección y seguridad para los excombatientes.

La Sala ya le envió un cuestionario a los dos funcionarios para que aclaren cómo se activó la ruta de protección que solicitaron los exintegrantes de la guerrilla de las Farc que firmaron el Acuerdo, y si existe una relación con los hechos de violencia y la efectividad de la ruta de protección en estos casos.

En esa mismo convocatoria se pidió realizar un diagnóstico sobre los asesinatos de 35 excombatientes, mientras estaba presente la alerta de protección y seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Igualmente, pidió “un enfoque étnico, territorial y de género, de cara a la prevención de nuevos crímenes”.

Tras la firma del acuerdo de paz, 323 excombatientes han sido asesinados entre 2017 y 2022 en todo el territorio del país. De ellos, 301 eran comparecientes ante la JEP. Esta información fue confirmada por el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En la citación la JEP pone de presente que el 18 de enero de 2021 ese mismo tribunal le había dado órdenes expresa y precias a la UNP garantizar la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva de los excombatienetes, así como la resolución de 101 soluciones de medidas que estaban sobre la mesa y no se habían tramitado.

Protección a Pastor Alape

La JEP ya le ordenó al director de la UNP que implemente medidas de protección y seguridad para el exjefe de las Farc, Pastor Alape, quien actualmente es el vocero del partido Comunes. Esto después de recibir una queja sobre la disminución de su esquema de seguridad pese a las constantes amenazas en su contra y los atentados que se habían registrado en contra de varios integrantes del movimiento.

Igualmente, le pidió a Campo que “remita informe en que se presente una estrategia y un protocolo aprobados con indicadores de evaluación y seguimiento con inclusión del enfoque diferencial, teniendo en cuenta las diversidades territoriales y topográficas del país con relación a las condiciones que se aplican a los beneficiarios de las medidas y el cuerpo de escoltas que los acompañan sobre las formas en que se prestan los servicios de transporte y desplazamiento para garantizar la seguridad”.

En noviembre de 2021, Alape aseguró que se había presentado una reducción en su grupo de escoltas, señalando que se puso en riesgo su vida e integridad personal. Esta acción, igualmente, le había impedido realizar los viajes que tenía programados puesto que no se podía exponer en ciertas zonas.