El cara a cara entre el Gobierno Duque y la Farc

El Gobierno Duque no ha tenido como bandera la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc por su antecesor Juan Manuel Santos. Si bien ha seguido respaldando los programas, su foco ha estado en modificar lo pactado, así lo intentaron con las objeciones a la ley estatutaria de la JEP que pasaron por un espinoso camino en el Congreso y lo siguen haciendo con el intento de hacer un acuerdo político con los partidos independientes y de gobierno para lograr las mayorías que le han resultado esquivas. Sin embargo, algunos acontecimientos recientes han hecho que el Gobierno empiece a dar mayores explicaciones y la Farc a pedirlas como partido político.

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Paradoja política

El pasado lunes en la Comisión Primera del Senado la Fuerza Revolucionaria del Común (Farc) se estrenó en su primer debate de control político, con el que quisieron poner en evidencia lo que a su juicio es el “incumplimiento” del Estado a quienes firmaron el acuerdo y el asesinato de líderes sociales. Citaron al Gobierno, representado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y a la Fiscalía.

La paradoja es que este debate fue posible gracias al acuerdo de paz que les dio a la Farc representación política en el Congreso. “No deja de ser significativo que hoy 55 años después tengamos la oportunidad histórica de estar sentados aquí citando un debate que de ninguna manera es desconectado de esa realidad histórica que dio origen a ese conflicto”, aseguró el senador Carlos Antonio Lozada.

La denuncia más grave del debate denominado ‘Avances, demoras y dificultades en la implementación‘, es que en dos años han muerto 133 excombatientes que firmaron el acuerdo. La Fiscalía aseguró que de esos casos se han “esclarecido” el 50,75 por ciento. También, que se han registrado 34 casos de familiares de exguerrilleros objeto de victimización.

“El tiempo que pasa sin que el Gobierno cumpla con la implementación de los acuerdos de La Habana, desafortunadamente, tenemos que medirlo en cifras de muertos”, sentenció Lozada.

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La ministra del Interior aseguró que el Gobierno ha sido “absolutamente serio” y ha venido compliendo con los compromisos establecidos. "De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, hasta la fecha, para los excombatientes de las Farc, se han desembolsado 25.000 millones de pesos para asignación única de normalización; 167.000 millones para la renta básica mensual y 11.000 millones de pesos para los proyectos productivos". 

La sombra de El Paisa

Tanto la ministra del Interior, como el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, hicieron énfasis en que el Gobierno ha cumplido pero la Farc no, recordando que Óscar Montero (el Paisa) e Iván Márquez no se han presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz, que valga recordar activó la orden de captura contra el Paisa. Esa declaración molestó a los citantes pues, según ellos, el foco de la intervención de los funcionarios debería ser respaldar a quienes sí han cumplido. 

Días antes, Walter Mendoza, Edinson Romaña, Aldinever Morantes, el Paisa e Iván Márquez publicaron una carta por los 55 años de la creación de las Farc en la que le piden al Estado que “cumpla el acuerdo y proceda a liberar a los guerrilleros de las Farc que aún se encuentran tras las rejas”. Archila les respondió que están dadas las condiciones para que “salgan de la jurisdicción y no simplemente que les activen la orden de captura”, esto porque no han “venido a darle la cara a sus víctimas, a la justicia, no han indemnizado ni reparado a nadie”.

Esto pasa por el fraccionamiento de la Farc, precisamente entre quienes firmaron esa carta y Rodrigo Londoño (Timochenko) quien se desmarcó de Márquez al defender el acuerdo de paz. De hecho, el Consejo Político Nacional emitió una circular a toda su militancia el pasado lunes en la que les advierten que ningún miembro del partido está autorizado para contradecir de manera pública decisiones o declaraciones de su dirección o su presidente. Incluso aseguran que no fueron "ingenuos", tal como dijo Márquez, por firmar los acuerdos. Esto, reiterando su voluntad de cumplir con lo acordado aunque "hoy no sabemos si al final saldremos con vida o libres. Pero confiamos en la justicia de nuestra causa, en la capacidad de los pueblos para cambiar la historia, en que tarde o temprano llegará la victoria".

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Crece la presión

La comunidad internacional ha dado un respaldo vital para el proceso de paz, y ya empezó a pedirle al gobierno Duque mayor compromiso con la implementación. Esto incluye, por supuesto a la JEP, hay que recordar que la ONU le pidió al gobierno sancionar lo antes posible la ley estatutaria, la cual sigue en vilo mientras se pronuncia la Corte Constitucional sobre las objeciones.

Pero sin duda la mayor presión se ha dado en la última semana por varios factores, entre ellos por el editorial de The New York Times que advierte que “la paz en Colombia puede estar desintegrándose”. A esto se une la carta que enviaron 79 congresistas demócratas al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para pedirle que su país respalde unánimemente la consolidación de la paz en el país, y en la cual advierten que el gobierno Duque está siendo un palo en la rueda para la implementación, porque consideran que “está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones por parte de la administración de Duque de reducir la financiación y reescribir elementos del acuerdo con respecto a la justicia transicional y la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento”.

La presión internacional se suma a la interna. Por un lado, están los partidos de Gobierno liderados por el uribismo que reclaman más mano dura y cambios estructurales al acuerdo, y por el otro La U, Cambio Radical y el Partido Liberal, el Polo, los petristas y la Alianza Verde, que sumados a organizaciones sociales, piden respetar lo firmado. El presidente Iván Duque ha insistido que el Gobierno cumplirá a quienes “genuinamente” se quieran reincorporar a la sociedad, sin embargo, los defensores del acuerdo piden además cumplir, por ejemplo, con el punto de tierras y el respaldo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

A pesar de que la defensa del acuerdo no sea parte de la agenda gubernamental, es evidente que la consolidación de la paz con las Farc seguirá siendo tema de debate político por un buen rato.