Gobierno Duque sobre falsos positivos: “La JEP viene adelantando una labor muy importante”

El gobierno del presidente Iván Duque reaccionó al informe de la Justicia Especial para la Paz (JEP) sobre los falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), en el que advirtió que se tratarían de 6.402 casos en Colombia y no 2.248 como se había reportado inicialmente en el país.

En ese sentido, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, afirmó que la JEP viene llevando a cabo “una labor muy importante“ para el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales y su investigación.

Además, Ceballos se declaró a la espera de los resultados finales del proceso de investigación de la JEP sobre el capítulo de los falsos positivos, al recordar que las indagaciones se encuentran en una etapa preliminar.

“Debemos conocer los resultados y los avances de las investigaciones, la etapa en la que está esa investigación es una etapa preliminar”, sostuvo Ceballos.

Afirmó que “la justicia transicional para la paz debe tomar decisiones concretas. Esperamos que esa decisión con respecto a este caso y también a los casos de secuestro, de reclutamiento de los menores, se produzcan de la manera más rápida”.

Esta semana se conoció que, de acuerdo con una investigación adelantada por la JEP, a 6.402 se eleva la cifra de víctimas de los llamados falsos positivos, personas que fueron asesinadas ilegítimamente por miembros de la fuerza pública para ser presentadas como bajas en combate.

Esta es una cifra que se aleja de los registros oficiales de la Fiscalía General de la Nación, que hasta ahora ha manejado el dato de 2.248 víctimas, tal y como se lo presentó a la propia JEP en un informe.

La JEP afirmó que los 6.402 casos se registraron en todo el país entre los años 2002 y 2008, siendo 4.154 más de lo que se creía hasta ahora.

Además, ese tribunal de justicia transicional explicó en el Auto 033 de 2021 que la cifra de casos se descubrió tras un “exhaustivo proceso de contrastación” de información que incluyó cuatro bases de datos diferentes.

También trascendió que el 66 % del total de 6.402 víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados por la JEP durante dicho periodo, que son Antioquia, la costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Ese informe que ha desatado reacciones de todo tipo en el país señala que las cifras recogidas por el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) “difieren respecto a la magnitud del crimen”.

No obstante, el documento de la JEP asegura que dentro de la estrategia de investigación de lo que esa jurisdicción nombró el Caso 03, la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que “permitirán esclarecer el fenómeno, primero a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad”.

A renglón seguido, en una segunda fase de esta investigación el tribunal transicional profundizará en los hechos que se registraron en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otras regiones del país.