Gobierno entregó nuevo pabellón para la Cárcel de Bellavista en Medellín

El ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela, junto con la Gobernación de Antioquia, entregaron un nuevo pabellón en el Centro de Reclusión de Medellín, Antioquia, conocido como Cárcel de Bellavista.

El nuevo espacio tendrá 410 cupos adicionales para dicho establecimiento de mediana seguridad con los cuales se pretenden descongestionar el penal y algunas estaciones de policía y Fiscalía en el Valle de Aburrá.

La construcción tuvo una destinación en recursos por más de $12 mil millones y cuenta con 57 celdas, control de guardia, expendio y reparto de alimentos, biblioteca, cuarto de equipos, comedores, solario, entre otros.

“Con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, ampliamos el cupo carcelario en el Establecimiento Penitenciario de Bellavista. Las obras tienen un avance del 94,97%”, indicó Ruiz en su cuenta oficial de Twitter.

“Para la construcción del pabellón #2 del Establecimiento Penitenciario de Bellavista, se demolió el anterior ya que no cumplía con las normas sismorresistentes, ahora cuenta con un área de 5.699 m2 en 3 pisos con las mejores condiciones de ingeniería”, añadió.

Durante la entrega también estuvo presente el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz y otras autoridades como el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), mayor general Mariano Botero.

Hasta 60 años de cárcel para quien mate a un policía

El proyecto de ley de seguridad ciudadana del Gobierno tuvo un gran avance en la Cámara de Representantes el pasado 20 de diciembre, luego de que fuera aprobado con 102 votos a favor y solo 22 en contra, tras varias horas de discusión que se alargaron hasta casi la medianoche.

La iniciativa pretende aumentar penas privativas de la libertad a quienes cometan hurtos urbanos y delitos relacionados, así como a quienes atenten contra los bienes públicos y las autoridades.

Pero, hay un artículo que ha llamado la atención, y es que se establece que quienes cometan asesinato contra uniformados de la Policía podrían pagar una pena entre los 41 y los 60 años de prisión.

Se trata del artículo 8 que, en esencia, modifica el artículo 104 del Código Penal que habla de las circunstancias de agravación de una pena cuando se trata de un asesinato. Lo que se aprobó en la Cámara es que la pena será de 500 a 700 meses de prisión cuando la conducta se cometa a un miembro de la fuerza pública que esté en el cumplimiento de sus funciones.

Este y otros artículos despertaron polémica en la oposición, quienes argumentan que se estaría atacando el derecho a la protesta social. Del otro lado están quienes concuerdan con la idea del Gobierno de que estas prácticas están alejadas de ese propósito y que deben ser fuertemente sancionadas.

Por ejemplo, también se habla del delito de “obstrucción a la función pública” y hace referencia al hecho de que funcionarios públicos intercedan en procedimientos policiales como sucedió en medio del paro con congresistas, especialmente de oposición que intercedieron para que las autoridades no procesaran a ciudadanos retenidos.

“El Proyecto de ‘seguridad ciudadana’, del gobierno Duque, se debe llamar el proyecto Turbay, porque revive el trágico Estatuto de Seguridad. Legaliza el fusilamiento en las calles de los jóvenes; legitima la justicia por ‘propia mano’ y masacres como la de Llano Verde en Cali”, aseguró Roy Barreras, hoy en el Pacto Histórico.