Gobierno y Farc ponen en marcha plan de sustitución de cultivos ilícitos

Desde hace buen tiempo, el presidente Juan Manuel Santos y sus principales alfiles han señalado el acuerdo de paz negociado en La Habana como un punto de quiebre en la lucha contra las drogas ilícitas, pues las Farc, que antes cuidaban los cultivos, se comprometen a ayudar a erradicarlos con una colaboración efectiva. Ahora, justo cuando el crecimiento de las hectáreas cultivadas con hoja de coca en los últimos años ha encendido las alarmas, llegó la hora de ver si el tiempo le da la razón.

El Gobierno y las Farc lanzaron este viernes el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cuiltivos de uso Ilícito, PINIS, que estará a cargo de la Alta Consejería para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, y contará con la participación de la guerrilla. El PINIS representa el arranque de la implementación del punto cuatro del Acuerdo Final, que busca la participación activa de las comunidades en los proyectos productivos para la sustitución. 

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La meta es sustituir unas 50.000 hectáreas durante el primer año en más de 40 municipios. Como parte de lo acordado, las FARC se encargarán de verificar que el programa llegue a los territorios más afectados, con el fin de socializar los resultados y ratificar su compromiso con la erradicación definitiva de las drogas ilícitas.

"Es un programa integral en el que a través de la sustitución hay un desarrollo del territorio", indicó Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad.

Todos los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016, fecha en la que empezó el esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional y las FARC por promover la sustitución voluntaria de cultivos, no serán beneficiados ni atendidos por el programa.

Además, se creó un consejo de dirección permanente para garantizar la participación de las comunidades. El apoyo del Gobierno depende del compromiso de los campesinos con el abandono de forma inmediata de los cultivos de uso ilícito y de cualquier actividad relacionada.

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Por el momento se espera que durante el primer año de implementación del PINIS se entregue un millon de pesos mensuales de remuneración a todos los campesinos que colaboren con actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajos en obras públicas de intéres comunitario. El programa contempla dar un 1.800.000 pesos solo una vez para la implementación de proyectos autosostenibles y seguridad alimentaria como cultivos de pancoger y crías de especies menores, y 9.000.000 pesos solo una vez para adecuación y ejecución de proyectos de corto plazo como piscicultura y avicultura.

A partir del segundo año de funcionamiento, el Gobierno pretende invertir por familia hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y mano de obra; también se creará una línea de crédito especial. Esto sin contar los gastos contemplados para asistencia técnica durante el proceso que serían alrededor de 3.800.000 pesos.

El programa, en línea con lo contemplado en los acuerdos con las Farc, busca la transformación estructural del campo colombiano, un punto que los negociadores de La Habana siempre consideraron una condición necesaria para implementar una paz estable y duradera.

El programa se enmarca también en el nuevo enfoque en la lucha mundial contra las drogas que el Gobierno ha defendido en distintos foros internacionales. El presidente Santos incluso aprovechó su discurso al recibir el Nobel de Paz para reiterar su llamado a "replantear la guerra mundial contra las drogas". 

La implementación del acuerdo sobre drogas es clave debido al alarmante aumento de los cultivos ilícitos, que se han duplicado en los últimos años hasta alcanzar 96.000 hectáreas al final del 2015, de acuerdo con el Sistema Integral de Monitoreo de Naciones Unidas. Se espera que superen ampliamente las 100.000 hectáreas cuando se conozcan las cifras del 2016.