Gobierno listo para fumigación aérea, ¿qué dirá la corte?

El retorno de la aspersión aérea con glifosato parece inminente. Así lo anunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero, al asegurar que el Gobierno ya tiene listos los seis protocolos que exigió la Corte Constitucional para la reanudación de este tipo de fumigación. El jefe de esa cartera dijo que en julio se firmará la autorización para tramitar la licencia ambiental requerida y que espera concretar en ese mes una reunión con el Consejo Nacional de Estufefacientes, quien en últimas, dará o no la luz verde.

Sin embargo, el Gobierno confía en que en el segundo semestre de este año arranque en firme la aspersión aérea. A juicio de Botero, el glifosato es el mejor herbicida para realizar las fumigaciones. El anuncio fue respaldado por el presidente Iván Duque, que aunque no se refirió específicamente al uso de glifosato, sí dijo que la aspersión es una herramienta necesaria para salvaguardar a erradicadores de peligros letales y acceder a territorios difíciles.

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El Gobierno de Duque ha basado en buena parte su política antinarcóticos en las fumigaciones aéreas, una herramienta que diferentes voceros de su equipo han considerado como la más eficaz. El mandatario, que ha insistido en que no se puede renunciar a ninguna alternativa, explicó que para enfrentar el problema de los cultivos ilícitos en el país es necesario “combinar desde los programas que son de desarrollo alternativo, de sustitución, los programas voluntarios que también han venido cumpliendo, los programas de erradicación manual”.

La noticia generó sorpresa, principalmente porque está pendiente una decisión de la Corte Constitucional de la que dependerá la reanudación de estas fumigaciones. La corte estableció la existencia de “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño” para la salud y el medio ambiente como una de las principales reglas para que el Gobierno recuperara la aspersión aérea en su lucha antidrogas. 

A todas luces, esta es una de las condiciones más difíciles que el Gobierno tiene que superar. Los únicos argumentos concluyentes en los que coinciden las organizaciones más importantes de salud, alimentos y medio ambiente como la OMS y la FAO es que mantienen al glifosato como un factor en la categoría de riesgo. Más allá de eso, todavía persisten dudas o vacíos sobre las afectaciones y la severidad del herbicida. 

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El ministro Botero aseguró que este es un asunto que se resolverá prontamente y que aunque es difícil ponerle un tiempo porque hay que tener en cuenta la disponibilidad de la agenda de todos los integrantes del Consejo Nacional de Estupefacientes, cree que en el mes de julio todo debe quedar resuelto. 

Sobre esto, Duque explicó que su Gobierno, en aras de avanzar en el cumplimiento de los protocolos definidos por el tribunal, ha venido trabajando “en todas las líneas de precaución, de análisis, en todos los exámenes técnicos, científicos, de manera que podamos lograr tener todas las herramientas a disposición”. 

En marzo, el presidente acudió a una audiencia en la que defendió la aspersión aérea e invitó a la corte, entre otras cosas, a aplicar la teoría de la ponderación cuando dos o más derechos chocan. Según él, el debate tiene que ver con los riesgos que enfrenta el país por el crecimiento de los cultivos ilícitos, que en ese momento habían alcanzado las 180.000 hectáreas, y los efectos que desencadenan en los territorios. 

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A pesar de lo tajante que pueda parecer la condición de la corte, algunas disposiciones del tribunal ablandan su posición. La corte señala que "(la evidencia) no equivale a demostrar que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño" y que "tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto".

Otra condición para la reanudación de la aspersión aérea es que se diseñe y se reglamente una regulación que debe ser impartida por un órgano independiente y distinto a las entidades a cargo de ejecutar las aspersiones aéreas. La corte recomienda que dicha regulación se convierta en ley, de tal suerte que no pueda ser violada. También se estableció como requisito que se realice una revisión progresiva y estar siempre dispuesto a reaccionar ante descubrimientos de nuevos riesgos.  

Además, el alto tribunal condicionó que en los territorios en donde habiten comunidades indígenas o afrodescendientes es necesaria la realización de consulta previa. En caso de que no haya acuerdo, el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá adoptar la decisión, pero garantizando que haya algún tipo de retribución para las comunidades en caso de registrarse afectaciones. 

En medio del debate está la presión internacional. Específicamente los reclamos del Gobierno de Estados Unidos por el incremento de los cultivos ilícitos. Hace un mes, Donald Trump volvió a cuestionar los esfuerzos de Iván Duque para controlar la cantidad de droga que sale de Colombia hacia su país. "El negocio de las drogas ha crecido un 50 por ciento en Colombia desde que el mandatario colombiano llegó al poder en 2018”, manifestó Trump.

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Duque no se demoró en responder a las críticas y defendió la gestión de su Gobierno en materia de erradicación de cultivos ilícitos y desmantelamiento de estructuras ilegales vinculadas con el narcotráfico. El mandatario colombiano reiteró que enfrentar ese negocio debe ser una tarea compartida de todos los países del mundo: “Por un lado enfrentar la oferta y por otro enfrentar la demanda”.

Pero será el Consejo Nacional de Estupefacientes quien dé la última palabra. El Gobierno confía en que en cuestión de semanas la agrupación de entidades dé luz verde. “Progresivamente se han cumplido los requisitos que ha venido imponiendo la Corte Constitucional en su sentencia, esos requisitos están prácticamente cumplidos, una vez que esté lista la documentación, habrá una reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes y allí se tomará una decisión”, dijo el ministro Botero.